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El juicio por el femicidio de Nadia Peraza ha revelado una violencia de proporciones nunca vistas. Pero lo que ocurrió fue el punto final de un patrón conocido y tolerado por quienes tienen la obligación de actuar: el Estado y también la sociedad costarricense.
Nadia Peraza tenía 21 años, una hija de dos años y una amplia historia de violencia conocida por quienes la rodeaban. Hubo moretones en los brazos, las piernas, el cuello; el labio partido, denuncias, órdenes de alejamiento y un sujeto con antecedentes de agresión a oficiales de policía un año antes de la muerte de la joven.
Sus restos aparecieron casi tres meses después dentro de una refrigeradora en San Pablo de Heredia, y la separación sistemática de tejidos, órganos y huesos fue de tal magnitud que la médica forense a cargo de la escena declaró en juicio que, en 18 años, nunca había visto algo semejante. Algunas partes de su cuerpo nunca aparecieron.
Aunque este horror es inusual en su intensidad, es una manifestación extrema de una violencia que viven cotidianamente muchas mujeres. En Costa Rica, según el Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres y Acceso a la Justicia del Poder Judicial, solo en el Circuito Judicial de Heredia, la provincia donde vivía Nadia, donde fue asesinada y donde hoy se juzga su muerte, ingresaron 4.227 casos de violencia doméstica en 2024 y 4.189 en 2025. En los primeros dos meses de 2026, ya hay 680 casos más.
Además, desde 2007, el Observatorio registra 556 femicidios en Costa Rica. Solo en 2024 fueron 54 homicidios dolosos contra mujeres, 44 de ellos tipificados como femicidio, el año con más femicidios tipificados desde que existe el registro. En 2025, la cifra fue de 49 muertes violentas de mujeres, 36 clasificadas como femicidio. En menos de tres meses del año 2026, nueve mujeres ya no están. Estas tragedias individuales en realidad describen un patrón estructural que el Estado conoce e incluso mide, pero no ha tenido la voluntad política de invertir en las acciones que finalmente permitan revertirlo.
Sin embargo, el caso de Nadia se trata como una excepción, como la obra de un monstruo excepcional. La antropóloga argentina Rita Laura Segato ha sostenido que la violencia extrema sobre el cuerpo de una mujer es un mensaje: una demostración de poder que no se dirige solo a la víctima, sino a todas las mujeres que la rodean. El cuerpo femenino se convierte en el territorio donde se inscribe una advertencia y una enseñanza para todo el colectivo de mujeres. Segato lo llama pedagogía de la crueldad.
Esta no es una realidad exclusivamente nacional. Ya desde 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a México por los femicidios de Ciudad Juárez en la sentencia conocida como Campo Algodonero. Allí, mujeres jóvenes desaparecían, nadie las buscaba con urgencia, los cuerpos aparecían semanas después, y el Estado miraba hacia otro lado. La Corte dejó claro que el problema no era solo el asesino. Era el Estado que no investigaba las desapariciones con la debida diligencia, que no protegía a las mujeres en situación de riesgo, que no garantizaba que las alertas fueran atendidas. Dijo exactamente qué había que hacer. Diecisiete años después, las mismas recomendaciones que le dieron a México siguen sin ser cumplidas en Costa Rica.
La responsabilidad es compartida. Las burlas en redes sociales ante cada anuncio de una mujer joven desaparecida, juzgando su vida, su sexualidad, sus decisiones, revelan una cultura que pregunta primero si se fue por su voluntad, aunque los datos del Poder Judicial demuestran que las víctimas de delitos sexuales son, de manera abrumadora, mujeres, y los denunciados, de igual manera abrumadora, hombres.
Que se haga justicia para Nadia implicará la eventual condena del responsable de su femicidio, pero también exigirá que el país impulse cambios culturales, ya que la lógica social nos enseña a tratar la desaparición de una mujer joven como un asunto privado y a leer las señales de violencia como conflictos de pareja. Enseña a ver el amor como una aspiración, pero no enseña a reconocer cuándo una relación es dañina ni a salir de ella cuando lo es.
Y no nos engañemos: Costa Rica conoce la ruta. La conoce desde Campo Algodonero, desde cada informe del Observatorio del Poder Judicial, desde cada recomendación que los órganos de tratados le han hecho al país a lo largo de los años, desde cada ley, decreto y protocolo aprobado que sigue sin aplicarse plena y eficazmente.
Lo que falta es la voluntad política de usar los recursos públicos como se debe, con criterios técnicos, con transparencia y con indicadores claros de cumplimiento. Es decir, la decisión de actuar como si la vida de las mujeres importara antes de que sea demasiado tarde.
