Ante este panorama, resulta imposible olvidar el fracaso de proyectos como los llamados Puntos Violeta, una estrategia que consumió recursos públicos y fue objeto de inauguraciones pomposas, pero que no tuvo ningún impacto real en la protección de las mujeres en riesgo.
Durante el peor repunte de femicidios, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu) ha gastado ¢534.484.256 en los Puntos Violeta, sin ningún indicador de éxito. A esto se suman ¢392.873.789 invertidos en “campañas de imagen”, cuyo impacto es imposible de medir. Además, la Defensoría de los Habitantes documentó que algunos centros estuvieron hasta 11 meses sin operar y recomendó el cierre de estos puntos por no cumplir el propósito para los cuales fueron creados. El costo promedio por atención se estimó en ¢165.452. Todo este dinero público terminó en una política sin resultados tangibles para las mujeres.
La contradicción es brutal: mientras la violencia se recrudece, desde el gobierno se guarda silencio o, peor aún, se emiten discursos que rayan en la irresponsabilidad. Por ejemplo, las recientes y lamentables declaraciones de la exministra de la Condición de la Mujer Cindy Quesada, insinuando que la forma de vestir de las mujeres o las parejas que eligen puede incidir en la violencia contra ellas, son parte de una narrativa peligrosa que revictimiza y exime de responsabilidad a los agresores, en lugar de señalarlos directamente.
Desde la Asamblea Legislativa, hemos actuado con iniciativas y avances reales frente a la indolencia del Poder Ejecutivo. Aprobamos con celeridad proyectos de ley en prevención, atención integral y reparación. Muchos otros se encuentran en etapa avanzada para ser aprobados. No obstante, sin la implementación efectiva por parte del gobierno, esas leyes quedan en papel. Además, el éxito depende de presupuesto, ejecución y liderazgo político real.
La impunidad también duele. Entre 2019 y 2022 se registraron 93 femicidios, pero apenas se lograron 47 condenas: la mitad del total. Esa falta de justicia perpetúa el ciclo de violencia, deslegitima al sistema y destroza la confianza en el Estado.
Es momento de tomar acciones reales. Los femicidios no son aislados ni fruto de tendencias virales o copycat. Representan fallas sistémicas: ausencia del Estado, negligencia presupuestaria, políticas fallidas y un discurso que revictimiza y externaliza culpables.
Es hora de exigir al gobierno que deje de mirar para otro lado. Hablar de femicidios no es sensacionalismo: es memoria viva, exigencia urgente y justicia pendiente. Por eso, debe dejar de minimizar esta tragedia y:
1. Declarar emergencia nacional por femicidios.
2. Actuar con un plan de emergencia real, con presupuesto, coordinación interinstitucional y asistencia jurídica y psicosocial fortalecida.
3. Reforzar el Inamu con recursos y liderazgo.
4. Impulsar educación con perspectiva de género en nuestras escuelas. Para esto, presenté el proyecto 24.326 (Ley Educar para la Igualdad y Equidad: Fortalecimiento de la prevención de todas las formas de violencia contra las mujeres por razón de género).
Cada femicidio es una herida abierta en nuestra sociedad. Cada mujer asesinada es un recordatorio de que el Estado no está cumpliendo su deber más básico: garantizar el derecho a vivir. Nuestra democracia se mide por cómo protege a sus mujeres, no por las palabras o titulares. Nuestro país merece algo mejor. Ser mujer no puede ser sinónimo de riesgo, y mucho menos, una condena.
Montserrat.ruiz@asamblea.go.cr
Montserrat Ruiz Guevara es diputada de la República.
