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La mandataria Laura Fernández evidenció, en su primera conferencia de prensa semanal de los miércoles, el patrón político que parece querer imprimir a su mandato: una presidencia de fuerte carga emocional, sostenida en la confrontación con otros poderes del Estado –y particularmente con el Poder Judicial– mediante un discurso combativo hacia magistrados, jueces y fiscales de la República.
Muchas de sus frases perfilan un estilo de liderazgo personalista, a partir de una lógica en la que el Poder Ejecutivo se presenta como la principal –y casi exclusiva– voz legítima del cambio, como el único actor dispuesto a actuar con determinación, mientras proyecta al Poder Judicial como ineficaz y como un obstáculo para las transformaciones que quiere impulsar en materia de justicia y seguridad.
En su apuesta por exhibir firmeza, incurrió en innecesarias descalificaciones contra jerarcas judiciales a quienes, apenas 48 horas antes, había invitado a Casa Presidencial con el propósito de reactivar el diálogo institucional. La jerigonza utilizada contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre; la presidenta de la Sala Tercera, Patricia Solano, y el fiscal general, Carlo Díaz, vuelve a poner al Ejecutivo en una estrategia de dinamitar puentes, justo cuando los graves problemas nacionales exigen construir acuerdos.
Más allá de quién tenga razón, las palabras importan, sobre todo para una presidenta que apenas inicia su mandato. La mejor prueba es que el tono beligerante que utilizó en esa misma conferencia para referirse al conflicto comercial entre Costa Rica y Panamá, terminó provocando la escalada del conflicto, al extremo de que el presidente panameño, José Raúl Mulino, en respuesta, anunció la suspensión de un plan para la venta de energía a nuestro país.
Mulino, a la vez, envió un aleccionador mensaje al recordar que las relaciones entre Estados “se basan en mucha prudencia” y que ciertos temas no deberían manejarse “desde un púlpito, una tarima o una conferencia de prensa”. Ese consejo resulta válido para el manejo de las relaciones con poderes de la República que, por ser independientes, requieren diálogo, respeto y prudencia.
Prudencia implica sensatez, buen juicio, moderación, sobriedad y templanza, virtudes que estuvieron ausentes en las alusiones que la mandataria hizo este miércoles contra los jerarcas judiciales. Al fiscal general, Carlo Díaz, lo calificó como una “vergüenza nacional”. A la magistrada y presidenta de la Sala Tercera, Patricia Solano, le respondió con sarcasmo al preguntarle si en la reunión del lunes esperaba “rosas y serenata” o “la galleta María y el tecito”. Y al presidente del Poder Judicial, Orlando Aguirre, junto con Solano y Díaz, los presentó como alejados de la realidad al afirmar que “parece que viven en Narnia, en una fábula de las que veíamos en las caricaturas”, insinuando que, para ellos, “la impunidad no preocupa tanto” ni tampoco la mora judicial.
Abrimos un paréntesis. La presidenta tiene todo el derecho a cuestionar si magistrados y fiscales actúan con firmeza frente a la impunidad. Sin embargo, ese reclamo aplica también para el Poder Ejecutivo porque la postulación de varios políticos oficialistas a diputaciones y el nombramiento de figuras cercanas en el gabinete les otorgó un fuero especial que, en la práctica, impide al Poder Judicial continuar procesos penales ordinarios contra algunos ministros y legisladores. Cerrado el paréntesis.
Salir a calificar de “acusetas” a la magistrada Solano por haber descrito como “hostil” la reunión del lunes en Zapote –debido tanto al tono “fuerte” y de “regaño” que atribuyó a Fernández, como al protocolo de seguridad que incluyó entrega de dispositivos electrónicos y revisiones corporales– raya en el irrespeto. Más, cuando minutos antes, la gobernante había asegurado que no era su propósito “generar discordia” ni “señalar errores ajenos”.
Otro comentario que poco ayuda al necesario trabajo conjunto entre poderes fue afirmar: “Ojalá tuviéramos un Poder Judicial que le cumple al pueblo de Costa Rica”. Aunque la mora judicial y la necesidad de reformas son problemas reales, la crítica también exige autocrítica. Ningún gobierno puede limitarse a señalar fallas ajenas mientras el país sigue arrastrando problemas cuya solución también depende de sus decisiones, prioridades y capacidad de gestión.
Durante los últimos cuatro años, los costarricenses ya tuvimos suficiente de choques entre poderes, de ataques y desacuerdos convertidos en espectáculo diario. El país no necesita prolongar esa dinámica; lo que necesita son jerarcas capaces de coordinarse, corregirse y complementarse en función del interés nacional. Desperdiciar energía en guerras políticas es seguirle dando espacio y tiempo al crimen organizado, a la inseguridad y al rezago social y económico que tienen secuestrado al país.
