La presidenta Laura Fernández mencionó, en conferencia de prensa luego de la reunión entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, las condiciones para subir el presupuesto a las autoridades judiciales.
La mandataria explicó que el gobierno asigna actualmente al Poder Judicial un monto superior al establecido por la Constitución Política.
Según el artículo 177 de la Constitución Política, el Estado debe asignarle al Poder Judicial una suma no menor al 6% de los ingresos ordinarios calculados para el respectivo año.
Fernández detalló que, en el panorama actual, la obligación constitucional para el Poder Judicial equivale a ¢474.991 millones. Sin embargo, el presupuesto asignado asciende a ¢532.837 millones, lo cual representaría ¢57.800 millones adicionales a lo estipulado por la ley fundamental.
Luego, la jerarca condicionó el otorgamiento de más recursos a la obtención de mejoras en los resultados de eficiencia dentro de los procesos judiciales.
“Yo no me veo dándole más recursos al Poder Judicial si no mejora los resultados en eficiencia, en eficacia, en las pifias, en los procesos que se caen”, señaló.
Por su parte, Orlando Aguirre, presidente de la Corte y Patricia Solano, presidenta de la Sala III, defendieron la gestión de sus recursos y señalaron que la semana anterior recibieron una comunicación que ratifica una eficacia del 98% en la ejecución presupuestaria.
Además, aclararon que el 6% constitucional se concibió originalmente para la labor puramente jurisdiccional, pero posteriormente se le recargaron funciones del Ministerio Público, la Defensa Pública, la Policía Judicial y la atención a víctimas y testigos.
En tanto, Fernández propuso analizar en el futuro la posibilidad de independizar y trasladar fuera del Poder Judicial aquellas funciones que no sean de naturaleza jurisdiccional.
La presidenta recibió en Zapote a Aguirre; el fiscal General, Carlo Díaz y el director interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto, en momentos en los que diferentes actores reconocen la necesidad de hacer mejoras en el sistema de justicia, pero con profundas diferencias en el tono y el enfoque para abordar el tema.