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Estuvieron reunidos durante dos horas. Hablaron con claridad; a ratos, con dureza. Pero prevaleció el respeto. Alcanzaron seis acuerdos puntuales. Dejaron claras sus diferencias –algunas, muy profundas– sobre aspectos fundamentales, en particular los que tocan la naturaleza, autonomía y quehacer jurisdiccional del Poder Judicial. Y acordaron mantener abiertos sus canales de comunicación.
Así puede caracterizarse, en esencia, la reunión sostenida el lunes entre la presidenta de la República, Laura Fernández; el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, y jerarcas de ambos poderes, la mayoría relacionados con seguridad y justicia.
El alto nivel de los participantes refleja el que tuvo el encuentro, que Fernández calificó como una “mesa de trabajo”. La cita culminó con una conferencia de prensa en la que la mandataria hizo apreciaciones imprecisas sobre el Poder Judicial. Una, en materia presupuestaria, fue aclarada por la magistrada Patricia Solano, presidenta de la Sala de Casación Penal (Sala Tercera). Aguirre, por su parte, contrastó informes objetivos de organismos internacionales, elogiosos de su desempeño, con juicios subjetivos que la presidenta atribuyó a todos los costarricenses.
Este intercambio con chispas, sin embargo, también se desarrolló con sobriedad y sin atropellos, y se enmarcó en una variable cada vez más importante para la conducción de los asuntos públicos: el manejo de la comunicación. Es algo en lo que el Ejecutivo, por su índole claramente política y performática, ejerce ventaja sobre el rigor profesional y técnico del Judicial. En este, el debido proceso y la exactitud de los conceptos no pueden ser descuidados para generar aplausos.
En sí misma, y sobre todo por contraste con el gobierno anterior, podría decirse que fue una reunión positiva, aunque dos días después, este miércoles, la mandataria exhibió un tono muy distinto.
Para ponderar adecuadamente la hondura y extensión de sus resultados, hay que tomar en cuenta tres cosas. La primera es cómo se irán implementando los acuerdos, en particular, la coordinación policial desde la autonomía de sus diversos cuerpos; la segunda, qué contendrán los proyectos de cambios en el ámbito judicial próximos a ser enviados a la Asamblea; la tercera –y más importante–, si su concepción, y el quehacer general del Ejecutivo, será consecuente con la separación de poderes y el respeto al Estado de derecho.
Durante la conferencia de prensa del lunes, Fernández reveló que había planteado a sus interlocutores “que tomáramos un acuerdo de despolitizar y parar la persecución política, lo que nosotros consideramos persecución política por parte del Poder Judicial”.
La frase inquieta, pero no alarma. Lo que sí lo hace es que, para tratar de apoyar esa generalización, se refiriera a casos específicos actualmente en trámite judicial. Mencionó Pista Oscura (por aparentes irregularidades en la reparación de la pista del aeropuerto Daniel Oduber); Barrenador (por presunta corrupción en la Caja Costarricense de Seguro Social), y “las ciento setenta y no sé cuántas causas del expresidente Chaves”. Ninguno de ellos es culpa del Poder Judicial, sino producto de acciones de altos funcionarios públicos, algunas de las cuales podrían constituir graves delitos. Por esto, deben escrutarse con particular agudeza, aunque siempre bajo la presunción de inocencia y con pleno derecho a la defensa.
Es decir, ninguno de esos casos responde a caprichos, menos a persecución “política” o de cualquier otra índole. Son resultado de los mandatos y atribuciones del Ministerio Público, actuando de oficio –ante señales de la posible comisión de delitos– o frente a denuncias que debe dar curso e investigar con rigor, en el marco del debido proceso. Esto vale incluso cuando parecen temerarias, como dos en contra de Fernández: deben investigarse antes de descartarlas, o no.
Esperamos que la presidenta no haya reparado en que, al utilizar su investidura y su podio para ejercer presión –aunque sea indirecta– sobre casos en trámite judicial, es ella quien interfiere políticamente. Peor, da a entender que las personas involucradas en tales casos, todos funcionarios públicos en su momento –y la mayoría también ahora–, están por encima de los demás ciudadanos. No se trataría entonces solo de la inmunidad constitucional de la que muchos de ellos continúan disfrutando, sino de una inaceptable pretensión de impunidad.
Hacia el final de sus declaraciones, Fernández dijo que nunca solicitaría al presidente de la Corte que haga nada incorrecto, y que nunca la verían “pidiéndole prerrogativas” a un magistrado que pretenda reelegirse. Lo celebramos. Sin embargo, debería reconocer que estas tranquilizadoras promesas se debilitan con otras manifestaciones improcedentes.
