La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta), informó la tarde de este viernes que los allanamientos y la prueba recabada en el caso Pista Oscura, “es lícita”.
El Ministerio Público sustenta la legalidad de sus acciones al amparo de una resolución del Tribunal Penal de Hacienda y la Función Pública, que “tras rechazar cuatro recursos de apelación interpuestos por la empresa Meco y por algunos imputados del caso 24-000454-1218-PE”, notificó el fallo, luego de que el martes 21 de abril se llevara a cabo una audiencia con todas las partes interesadas.
El abogado Alberto García, representante de la firma Meco y quien presentó el recurso de apelación, dijo que respeta el fallo, aunque mantiene los cuestionamientos a la resolución que ordenó los allanamientos.
“Consideramos en su momento y lo seguimos sosteniendo, que se dieron violaciones importantes en cuanto a la fundamentación del mismo. No se cumplió con los requisitos legalmente establecidos y, por lo tanto, desde nuestro criterio la intromisión en el ámbito de la intimidad de constructora Meco y el resto de imputados no tenía fundamento legal adecuado”, manifestó el litigante.
García agregó que el juez “resolvió declarándolo inadmisible, es decir, no entró a conocer por el fondo y dijo que eso podía discutirse a lo largo del proceso y nos daremos a la tarea de demostrar la tesis defensiva que hemos planteado desde el inicio”.
El expediente 24-000454-1218-PE investiga el uso de $39,9 millones del Fondo Nacional de Emergencias para reparar la pista del aeropuerto mediante un decreto de emergencias, a pesar de que la estructura no sufrió daños por las ondas tropicales 11 y 12 en 2022, ni por la tormenta tropical Bonnie, que se utilizaron como justificación para usar ese mecanismo excepcional.
Además, el Ministerio Público analiza si existió un aparente beneficio para la constructora Meco al realizar un cambio en el contrato mediante una ingeniería de valor, el cual ningún ingeniero de planta quiso firmar y que fue avalado por Batalla.
Los 23 allanamientos de mayo 2025, incluyeron casas de habitación, oficinas públicas y oficinas de empresas privadas, “diligencia de la cual se obtuvo evidencia importante y de interés para la investigación”, así como la detención de cuatro imputados. “Con la resolución del tribunal se declara en firme que la prueba obtenida es lícita”, concluyó la Fiscalía.
En esta causa se investigan a 15 personas y a una persona jurídica.
