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La presidenta de la Sala de Casación Penal, Patricia Solano, refutó la versión brindada por la mandataria Laura Fernández sobre el presupuesto que constitucionalmente le corresponde al Poder Judicial (PJ).
Fernández dijo que este poder recibe más dinero del que le corresponde según el artículo 177 de la Constitución Política, el cual establece que el Estado debe asignarle al Poder Judicial una suma no menor al 6% de los ingresos ordinarios calculados para el respectivo año.
“Del 6% constitucional, solo un 3,1% es destinado a judicatura (tribunales), de manera que la afirmación de que se nos da más de lo que la Constitución dice es una verdad a medias. ¿Por qué? Porque no es lo que el constituyente previó para que el PJ diera respuesta en el tema jurisdiccional", explicó la magistrada.
Solano señaló que el monto que el constituyente asignó correspondía a la judicatura, pero que con el paso de los años se les asignó al Poder Judicial otras funciones con el mismo presupuesto, como la Policía Judicial, el Ministerio Público, la Defensa Pública y la protección de víctimas.
“En este punto del presupuesto, quiero aclarar, que en esto hay una distorsión desde la óptica del Poder Judicial. La Constitución establece que debe recibir un 6% del presupuesto nacional. Este destino que hizo el constituyente era concibiendo al Poder Judicial como un órgano meramente jurisdiccional”, dijo la magistrada.
“Posteriormente, al PJ se le asignan funciones diferentes: Ministerio Público, Policía Judicial (OIJ), Defensa Pública y finalmente Víctimas y Testigos”,
La presidenta de la República reavivó la fricción con el Judicial al condicionar el otorgamiento de más recursos a la obtención de “mejoras” en los resultados de eficiencia dentro de los procesos judiciales.
Fernández detalló que, en el panorama actual, la obligación constitucional para el Poder Judicial equivale a ¢474.991 millones. Sin embargo, el presupuesto asignado asciende a ¢532.837 millones, lo cual representaría ¢57.800 millones adicionales a lo estipulado por la ley fundamental.
La presidenta de Sala III señaló un ejemplo: el OIJ recibe un presupuesto casi igual al de toda la judicatura del Poder Judicial.
“Por eso es que con los recursos que se nos asignan, que lo propio hubiese sido que, dentro del presupuesto, además, se dé por aparte lo que cada uno de los órganos auxiliares de la justicia penal tiene que atenderlo. De esa manera, el Poder Judicial podría dar una respuesta más expedita a la administración de justicia, que es la labor esencial del Poder Judicial”, cerró la presidenta de lo penal.
Orlando Aguirre, presidente de la Corte, defendió la gestión de sus recursos y argumentó que la semana anterior recibieron una comunicación que ratifica una eficacia del 98% en la ejecución presupuestaria.
La presidenta recibió en Zapote, además de Solano y Aguirre, al fiscal General, Carlo Díaz y al director interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto, en momentos en los que diferentes actores reconocen la necesidad de hacer mejoras en el sistema de justicia, pero con profundas diferencias en el tono y el enfoque para abordar el tema.
