Escuchar
Celso Gamboa ya está en manos de la justicia de Estados Unidos. Pero, mientras enfrenta cargos por narcotráfico en Texas, en Costa Rica quedan preguntas sin respuestas que no pueden pasar al olvido con su salida del país. Surgen de la acusación formal estadounidense, del expediente de extradición, de lo que él mismo dijo antes de partir y de lo que admitió el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) al explicar por qué este caso terminó en manos de la Administración de Control de Drogas (DEA). Aclararlas es prioritario, porque hay señalamientos sobre instituciones infiltradas. Vamos una a una.
1) ¿Por qué el OIJ no actuó antes? La DEA vincula a Gamboa con el narcotráfico desde 2017, cuando aún era magistrado de la Sala Tercera. Pese a ello, luego de su destitución en 2018, se movió libremente, sin enfrentar imputaciones por narcotráfico o legitimación de capitales. La explicación ofrecida por Randall Zúñiga, hoy director suspendido del OIJ, es preocupante. El 26 de junio de 2025, en el programa Asiento Extra, de Grupo Extra, reconoció que no se impulsó una causa formal. Adujo que luego de un primer juicio por supuesto tráfico de influencias en el que Gamboa fue absuelto por dudas en 2021 –pese a que, según sus palabras, “había bastante prueba”–, las jefaturas policiales “comprendieron” que, localmente, resultaba difícil actuar contra él. Por eso, el entonces director del OIJ, Wálter Espinoza (hoy fallecido), tomó en 2022 la decisión de trasladar el caso a la DEA. ¿La razón? Evitar un escenario en el cual, de ser detenido en el país, el exmagistrado enfrentara medidas cautelares leves, como presentarse a firmar cada 15 días, y un largo proceso judicial expuesto a filtraciones. La confesión es un cuestionamiento a la capacidad del sistema judicial para procesar casos de narcotráfico de alto nivel.
Si el OIJ considera inviable llevar adelante una causa de esta magnitud bajo las normas nacionales, hay que identificar los vacíos legales o debilidades procesales y reformar.
2) ¿“Numerosos contactos en el gobierno”? Ese misterio se debe dilucidar porque un agente de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) afirmó en una declaración jurada, el 17 de julio de 2025, que Gamboa “tiene numerosos contactos en el gobierno costarricense”. Según él, estos facilitaron las actividades de narcotráfico del que, antes de magistrado, en 2016, ocupó altos cargos como ministro de Seguridad Pública, jefe de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) y fiscal adjunto de la República.
La misma alerta la hizo en agosto la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro, al asegurar que “Gamboa utilizó su extensa red de contactos dentro del gobierno para obtener información sobre las investigaciones antinarcóticos en curso. Posteriormente, vendió esta información a los objetivos de dichas investigaciones”.
El propio Gamboa expresó que “sí hay” infiltración criminal en los poderes del Estado: “Hay personas que sí están erosionando la institucionalidad costarricense, y lamentablemente, en este momento están en el Poder Ejecutivo”, afirmó a Siete Días, de Teletica, el 2 de marzo. ¿Hay investigaciones para identificarlos?
3) ¿“Guardacostas está comprado por el narcotráfico”? En el expediente de extradición, Estados Unidos incorpora una grabación del 20 de setiembre de 2023, en San José, en la que supuestamente Gamboa les habría asegurado a dos fuentes confidenciales que “el gobierno concede la entrada a la organización de tráfico de drogas para los cargamentos de cocaína” y que la recepción “está 100% garantizada”. La DEA apuntaló esta tesis con un testigo que habría afirmado que el exmagistrado “es el responsable de trabajar con la Guardia Costera de Costa Rica (sic, Guardacostas) y las autoridades policiales, para garantizar el tránsito seguro de los cargamentos de cocaína de la organización de tráfico de drogas de Costa Rica”. La OFAC agregó que él pagó sobornos “a policías y funcionarios gubernamentales para facilitar el transporte de cocaína”. A ello se suma una afirmación de Gamboa a ‘Noticias Repretel’, en agosto: “Es fácil meter droga a Costa Rica, claro que sí. Guardacostas está comprado por el narco”. ¿Ya se investiga a sospechosos de corrupción?
4) ¿Y los indicios de lavado? El Departamento del Tesoro afirmó que Gamboa lavó dinero mediante el Bufete Celso Gamboa & Asociados y el equipo de fútbol Limón Black Star FC. A esto se suma una alerta de la Oficialía de Cumplimiento Corporativa del Instituto Nacional de Seguros (INS), la cual reportó nexos entre Gamboa con dos agentes de seguros que, en representación de una pequeña cooperativa, trataron de introducir $10 millones al puesto de bolsa INS Valores. ¿Quedarán esos informes en el papel sin dar con posibles facilitadores?
Es cierto que Gamboa prometió revelar información en Estados Unidos. También es cierto que el OIJ le entregó a la DEA el celular del exmagistrado. Y es lógico que ya los posibles involucrados estén preparando sus desmentidos. Por eso, ni el OIJ, ni la Fiscalía ni el propio gobierno pueden quedarse de brazos cruzados a esperar que, en un posible juicio en Estados Unidos, se comience a desnudar la ineficiencia de controles en Costa Rica.
El país no está para más silencios. Es fundamental identificar los tentáculos locales, porque lo que está en juego es la soberanía, la seguridad nacional.
