Cuando un periodista se sienta frente a un extraditable sospechoso de narcotráfico internacional, la entrevista no puede convertirse en un micrófono abierto para que el encartado exponga, sin contraste, su versión de los hechos, pues, en lugar de informar, se corre el peligro de desinformar.
Un principio periodístico es que el entrevistador no está allí solo para seguir un cuestionario, saltar mecánicamente de una pregunta a otra, sino para repreguntar cada vez que sea necesario. Su deber es insistir tan pronto aparecen vacíos, contradicciones, ambigüedades o incluso falsedades. Se trata de machacar sobre lo que no calza y de demandar explicaciones sobre aquello que se pretende esquivar.
La entrevista debe ser un ejercicio que incomode, que ponga a prueba la veracidad de lo dicho. Solo así se aporta claridad –en vez de opacidad–, en un tema tan delicado como el narcotráfico y la extradición. Incumplir esos postulados periodísticos termina sirviéndole al sospechoso de altavoz. Lamentablemente, ese es el pecado mayor de lo que Noticias Repretel presentó como “entrevista” exclusiva con el extraditable Celso Gamboa Sánchez.
Entrecomillamos “entrevista” porque terminó siendo una empática reunión con el destituido magistrado de la Sala Tercera, ex fiscal general adjunto, exministro de Seguridad Pública y exdirector de la Dirección de Inteligencia y Seguridad. Él usó con evidente comodidad esos 46 minutos de valioso tiempo televisivo para denigrar a los oficiales de la Administración de Control de Drogas (DEA) que lo investigaron; para devaluar el trabajo del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en su detención y, sobre todo, el desempeño de su director, Randall Zúñiga. Además, la emprendió contra el juez a quien por rol le corresponde tramitar la solicitud de extradición.
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De hecho, el que fuera últimamente abogado de imputados en narcotráfico, usó el espacio como un escaparate para lanzar, desde el módulo de máxima seguridad de La Reforma, expresiones inquietantes que trascienden el terreno de la defensa jurídica.
Les envió un aviso a los informantes de la DEA: “Yo sé quiénes son. Ahí en Limón quedan dos o tres. Si creen que no sabemos quiénes son, están equivocados”. De seguido, sugirió que deberían “resguardarlos, sacarlos de ahí”, una frase que, más allá de su forma, hace temer por la seguridad de esas personas.
Al acusar al director del OIJ de supuestas torpezas y abusos en su contra, soltó nueve palabras que, aunque presentó como argumento, son comprometedoras: “El tiro le va a salir por la culata”.
En el plano judicial, anticipó que el juez que conoce su caso “va a ordenar” su extradición, mencionándolo con nombre y apellido, lo que resulta delicado en términos de seguridad personal e independencia funcional. Aún más, previno que los jueces de apelación deberán “analizar con cuidado” y resolver “sin temor a perder la visa” de Estados Unidos, palabras que se podrían percibir como una presión.
Imposible ignorar la frase dirigida al fiscal adjunto, Mauricio Boraschi: “Debería dejar de repetir las cosas que yo sé que dice de mí, porque Costa Rica es tan pequeño… es tan pequeño que uno se entera de absolutamente todo”. Lo mismo les dijo a quienes publican en redes sociales: “A todos estos opinadores de Facebook que se han tirado encima mío, yo sí quiero decirles algunas cosas. Hay facturas que no prescriben y las manchas contra el honor no se pueden quedar así”.
En conjunto, se trata de un discurso que, incluso desde prisión, intenta proyectar influencia, desacreditar instituciones y lanzar advertencias implícitas contra quienes lo investigan, juzgan o simplemente opinan sobre su caso.
El extraditable nunca se ocupó de refutar, con argumentos de fondo, la acusación formulada por un gran jurado del Distrito Este de Texas, que lo señala de haber dado asistencia a narcotraficantes internacionales “para fabricar, distribuir y transportar cantidades significativas de cocaína, gran parte de la cual fue traficada a través de Costa Rica y finalmente ingresó a Estados Unidos para su posterior distribución”.
Gamboa debe comprender que el problema no radica en el OIJ ni en el juez, pues ambos actúan en el marco de sus competencias al dar trámite a una solicitud de extradición formulada por un Estado extranjero que asegura tener pruebas suficientes para someterlo a un proceso penal.
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El verdadero problema es que él enfrenta cargos graves y un proceso de extradición sustentado en una acusación formal por presunto narcotráfico internacional. En consecuencia, no es válido desviar la atención hacia quienes cumplen funciones jurisdiccionales o investigativas, sino ejercer su derecho de defensa en el proceso debido, en el estrado competente y frente a las pruebas presentadas en su contra.
Y precisamente por eso resulta cuestionable que se le haya concedido un micrófono abierto durante 46 minutos, con cero repreguntas, en los que no solo expuso su versión de los hechos, sino que, en forma reiterada, lanzó preocupantes amenazas.
