La acción se tramitó bajo el expediente 25-021062-0007-CO y fue presentada contra la Ley n.° 10730, aprobada en mayo de 2025 por la Asamblea Legislativa, la cual reformó el artículo 32 de la Constitución Política para permitir la extradición de costarricenses—nacidos o naturalizados—acusados de narcotráfico o terrorismo por otros países.
Así lo confirmó el departamento de prensa del tribunal constitucional.
La persona recurrente, cuya identidad se mantuvo en reserva, alegó que la reforma vulnera varios derechos fundamentales. Entre ellos, el derecho a no ser desarraigado de la patria, la prohibición de regresividad en materia de derechos humanos, el principio de soberanía y territorialidad, la prohibición de retroactividad y la garantía del juez natural.
Además, la acción advertía que la aprobación de la reforma debía estar precedida por una denuncia expresa de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tratado que prohíbe la expulsión de nacionales del país del cual son ciudadanos.
Según el recurso, aplicar la reforma en procesos como el de Gamboa podría acarrear responsabilidad internacional para el Estado costarricense.
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No obstante, en la resolución n.° 2025-024826, la Sala Constitucional concluyó que no le corresponde pronunciarse sobre el fondo de las reformas constitucionales, salvo que se demuestre un vicio de procedimiento o que se alteren elementos esenciales del ordenamiento constitucional, como la estructura del Estado o el contenido esencial de los derechos fundamentales, situación que no se acreditó en este caso.
“Al no haberse alegado ni acreditado la existencia de vicios en el procedimiento o de competencia, la acción fue rechazada de plano”, resolvió el Tribunal por mayoría.
El magistrado Fernando Cruz Castro salvó el voto y ordenó dar curso a la acción, mientras que los magistrados Paul Rueda Leal y Jorge Araya García, así como la magistrada Ingrid Hess Herrera, consignaron razones particulares.
La sentencia aún está en proceso de redacción. Una vez concluida, se publicará en el sitio Nexus del Poder Judicial para consulta pública.
Gamboa fue detenido el 23 de junio anterior, tras una investigación de la Administración para el Control de Drogas, y una petición del gobierno de Estados Unidos para extraditarlo a Texas, donde enfrentaría cargos por delitos de tráfico de drogas y conspiración para fabricar y distribuir cocaína, con la intención de introducirla de manera ilegal en ese país.
Desde entonces, el extraditable se encuentra recluido en una celda de máxima seguridad en el Centro Penitenciario La Reforma, en la Guácima.
El pasado 11 de julio se confirmó la acusación contra Gamboa, por violaciones federales a las leyes de narcotráfico en el Distrito Este de Texas, Estados Unidos, según confirmó el fiscal federal interino Jay R. Combs, en una comunicación oficial.
