“Celso Manuel Gamboa Sánchez, de 49 años, fue nombrado en una acusación formal emitida esta semana por un gran jurado del Distrito Este de Texas, que lo acusa de fabricar y distribuir cocaína a sabiendas de que sería ilegalmente importada a Estados Unidos, así como de conspiración”, agrega el documento.
Ese mismo texto dice que el exmagistrado habría conspirado con otros narcotraficantes internacionales “y les prestó asistencia para fabricar, distribuir y transportar cantidades significativas de cocaína, gran parte de la cual fue traficada a través de Costa Rica y finalmente ingresó a Estados Unidos para su posterior distribución”.
Gamboa fue detenido el 23 de junio anterior, con fines de extradición, en vía pública, en Escazú, cuando salía de la casa de uno de sus clientes. El arresto fue ejecutado por agentes del Organismo de Investigación Judicial, en cumplimiento de una orden provisional emitida desde el 2024 en Texas, por cargos de narcotráfico internacional.
Esa misma tarde fue capturado Edwin Danney López Vega, alias Pecho de Rata, un exconvicto de origen limonense, señalado como posible socio del exmagistrado.
Un informe de la Administración para el Control de Drogas revela que ambos se habrían aliado para lavar dinero proveniente del narcotráfico internacional a través de un equipo de fútbol profesional en Limón, cuyo nombre no fue revelado.
Take Back America
Según la comunicación de la oficina del fiscal, conocida este viernes, este caso forma parte de la Operación Take Back America, “una iniciativa a nivel nacional que moviliza todos los recursos del Departamento de Justicia para repeler la invasión de inmigración ilegal, lograr la eliminación total de los carteles y organizaciones criminales transnacionales y proteger a nuestras comunidades de los perpetradores de crímenes violentos”.
De ser hallados culpables, agrega el reporte, Gamboa Sánchez y López Vega enfrentan una pena mínima de diez años y una máxima de cadena perpetua en una prisión federal.
A finales del mes pasado, cuando Gamboa fue detenido, trascendió que la petición del Gobierno de los Estados Unidos estaba sustentada en una investigación desarrollada por la Administración para el Control de Drogas (DEA).
Dicho reporte sostiene que el exmagistrado, al parecer, lideraba una organización dedicada al tráfico de drogas, la cual tendría vínculos con el Clan del Golfo, en Colombia; y el Cartel de Sinaloa, en México.
El supuesto grupo criminal habría operado al menos desde el 2020 en el norte, sur y centro de América. Además, habría sido el responsable de introducir a Estados Unidos grandes cantidades de cocaína producida, principalmente, en Colombia.
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Este viernes se conoció que, además de la DEA, en este caso participaron la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y el North Texas Strike Force; así como la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia. El caso está siendo procesado por los fiscales federales asistentes Wes Wynne y Christopher Eason.
“Cabe destacar que una acusación federal no constituye prueba de culpabilidad. Todos los acusados se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable en un tribunal de justicia”, agrega el informe del fiscal Jay R. Combs.
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Desde el 23 de junio, Gamboa permanece recluido en una celda de Máxima Seguridad del Complejo La Reforma, en San Rafael de Alajuela. Tanto el exmagistrado como Pecho de Rata rechazaron la extradición voluntaria.
La Nación envió consultas a los abogados de Gamboa, Natalia Gamboa y Michael Castillo Delgado, pero no se ha obtenido respuesta.
El proceso
Las extradiciones de nacionales ya son posibles gracias a la reforma al artículo 32 de la Constitución Política, aprobada el 15 de mayo pasado, que autoriza la entrega de ciudadanos costarricenses por delitos de terrorismo o narcotráfico.
El primer paso es el envío de la solicitud formal de extradición por medio de las vías diplomáticas y judiciales de ambas partes.
Luego, si se considera necesario, el país requirente puede solicitar la detención provisional de la persona de interés.
Además, a partir de la solicitud formal de extradición, los jueces locales deben de analizar el caso para determinar si siguen adelante con el proceso.
Los jueces no entran a analizar la culpabilidad final de la persona o de las personas solicitadas, sino la existencia de indicios razonables de esa culpabilidad y el cumplimiento de los requisitos mínimos de forma para la extradición.
Si la respuesta para la solicitud de extradición es afirmativa, entonces solo resta entregar a la persona reclamada en una fecha y lugar que deben acordar ambas partes.
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Colaboró en esta información el periodista Aarón Sequeira.
