Fue viceministro, ministro, jefe de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), fiscal adjunto y magistrado. ¿Cómo escaló tan rápido Celso Gamboa en posiciones públicas en solo siete años antes de ser destituido de la Sala III, en el 2018? Después de ese periodo, se dedicó a litigar como defensor en sonados casos de presunto narcotráfico, y también fue dirigente de fútbol. Procuró una carrera vertiginosa hasta que el OIJ lo detuvo este lunes 23 de junio para deportarlo a Estados Unidos por presunto tráfico de drogas.
Su camino en el Poder Ejecutivo empezó en el 2011 junto al actual ministro de Seguridad, Mario Zamora, durante el gobierno de Laura Chinchilla.
“El nombramiento de Celso Gamboa Sánchez como ministro de Seguridad Pública es un reconocimiento a sus excepcionales condiciones profesionales y humanas, pero sobre todo, es un reconocimiento al rumbo correcto que llevamos en materia de seguridad", declaró Chinchilla en abril del 2014, cuando celebró la continuidad de Gamboa en el Ministerio de Seguridad Pública, ya no como su viceministro, sino como jerarca de esta misma cartera en el gobierno de Luis Guillermo Solís.
En ese momento, pocos cuestionaron que Solís decidiera conservarlo en el gabinete. Su designación fue recibida con buenos ojos por los adeptos al saliente Partido Liberación Nacional (PLN) y del entrante Partido Acción Ciudadana (PAC).
Celso Gamboa entonces era una joven promesa de la política costarricense. Tenía 38 años y constantemente ocupaba los titulares de la prensa por sus vehementes discursos en contra del narcotráfico y el crimen organizado.
También era un personaje “cool” de la esfera nacional. Se le veía en actividades nocturnas organizadas por tuiteros en redes sociales y en partidos de la Sele con diputados.
Incluso, por su labor a lo largo del 2014, la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) lo condecoró como funcionario público del año. Más de 500 empresarios participaron en esa elección.
Era inverosímil pensar que 11 años después se podría convertir en uno de los dos primeros costarricenses extraditados a Estados Unidos por presunto tráfico internacional de drogas, el mismo delito que él procuró combatir cuando fue fiscal adjunto en Pérez Zeledón, Puntarenas, Atenas, Alajuela, Siquirres, Pococí y Limón, entre 1998 y el 2011.
Y justo por esa lucha, especialmente en la provincia caribeña, fue que Mario Zamora lo nombró como su viceministro de esta cartera, el 3 de mayo del 2011.
Zamora en aquella época —igual que ahora— fungía como ministro de Seguridad Pública.
“El experimentado fiscal Celso Gamboa Sánchez asumirá en los próximos días el cargo de viceministro de Seguridad Pública. Gamboa se desempeña actualmente en la sede del Ministerio Público en Limón, donde lidera el plan para reducir la criminalidad en esa provincia”, publicó La Nación el día en que anunciaron su designación.
Una espiral en ascenso que duró 2.534 días
A partir de ese 3 de mayo del 2011 lo que ocurrió fue un ascenso vertiginoso para este abogado, máster en Criminología, hoy de 49 años. En cuestión de 6 años y 11 meses ocupó cinco altos cargos en la función pública, en dos poderes de la República: el Ejecutivo y el Judicial.
En ese viceministerio permaneció hasta que concluyó el gobierno de Laura Chinchilla, aunque con un recargo: también se le encomendó dirigir la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS).
El 8 de mayo de ese año, rindió juramento como ministro de Seguridad de Luis Guillermo Solís. A ese cargo llegó por recomendación de varias personas porque el PAC, entre sus filas, no tenía ningún experto en seguridad.
En ese puesto duró solo nueve meses. No se fue porque alguien tuviera objeciones sobre su trabajo. Todo lo contrario. Se fue porque el entonces fiscal general, Jorge Chavarría, se lo llevó para que fuera su mano derecha, el número dos del Ministerio Público.
En ese momento, nadie cuestionaba la integridad de Gamboa. Las personas que lo conocieron lo describen como una persona inteligente y con ideas claras sobre lo que se debía hacer para combatir la inseguridad. Entonces, solía decir que el país necesitaba “una policía radicalmente democrática”.
Jorge Chavarría aseguró que hubo otro factor que incidió para que él lo nombrara como fiscal adjunto, en febrero del 2015. En una entrevista con este diario, aseveró que tenía contactos con agencias de inteligencia de otros países, como la DEA —que ahora pide su extradición—, y que era respetado por las demás policías del país.
“La gente confiaba mucho en él, tenía una personalidad muy carismática. En aquel momento, me parecía que era la pieza ideal para el Ministerio Público, para que me acompañara en mi gestión. Tenía conocimiento sobre cómo funcionaba el Ministerio de Seguridad.
”Yo llegué a tomarle mucho apreció y ahora, con todo lo que está sucediendo, siento que traicionó mi confianza“, afirmó Chavarría este martes 24 de junio, un día después de saber que Gamboa podría ser extraditado a Dallas, Texas, por presunto tráfico internacional de drogas, tras un pedido de la Administración de Control de Drogas (DEA) de los Estados Unidos.
Jorge Chavarría sostiene que existen dos Celsos Gamboa. Uno antes y otro después de que fue electo magistrado de la Sala Tercera, el 10 de febrero del 2016.
Él es del criterio de que cambió en ese momento. Según dijo, descubrió que Gamboa, siendo ya magistrado, todavía tenía un “grupito de fiscales en la Fiscalía General” que le respondían. “Ejercía una influencia sobre ellos que a mí no me gustó”, relató.
Para esa época, comenzaron a llegar los cuestionamientos en torno al accionar del magistrado penal. Cuestionamientos que también salpicaron a Chavarría e, incluso, le costaron que la Corte Plena lo separara de todas sus funciones de fiscal general por tres meses, en octubre del 2017. En diciembre de ese año, él se acogió a su jubilación.
Jorge Chavarría fue suspendido por una investigación en torno a las razones que mediaron para que el Ministerio Público no incluyera un informe clave del OIJ cuando le pidió a la Sala III que desestimara una causa por presunto tráfico de influencias contra los otrora diputados Víctor Morales Zapata, del PAC; y Otto Guevara Guth, del Movimiento Libertario.
Se trató de una denuncia relacionada con el caso conocido como Cemento chino, en la que también figuraba Celso Gamboa y en la que se indagaba la supuesta comisión de los delitos de tráfico de influencias e incumplimiento de deberes.
Seis meses después de esa suspensión y posterior jubilación, Celso Gamboa fue destituido y dejó de ser magistrado penal. De manera unánime, el 10 de abril del 2018, 39 diputados decidieron sacarlo de la Sala Tercera. Otto Guevara, del Libertario; y Aracelli Segura, del PLN, se abstuvieron de votar.
La vertiginosa caída
Los legisladores destituyeron a Gamboa ante una solicitud de la Corte Plena, luego de que un procedimiento disciplinario estableciera que el magistrado penal se “interesó indebidamente” en asuntos judiciales del empresario del cemento chino Juan Carlos Bolaños.
Se le imputó, además, el haber viajado a Panamá en el mismo vuelo que Bolaños, tanto de ida como de vuelta, y el haber instado a su exletrado, Justo Pastor López, para que hiciera tres gestiones relacionadas con asuntos judiciales de interés para Bolaños.
La Corte dio por sentado que Gamboa y Bolaños eran amigos, no solo porque viajaron a Panamá en octubre del 2016 y porque sus boletos se compraron mediante la misma agencia y la misma tarjeta de crédito, sino porque se dio por probado que el magistrado llevó al empresario a consultar sus causas en una oficina del Ministerio Público.
Además, se le acusó porque en el 2016, previo a las elecciones municipales, el exalcalde de San José, Johnny Araya, al parecer, obtuvo un documento con ayuda de Celso Gamboa y de la entonces fiscal general adjunta, Berenice Smith, para demostrar que no tenía causas penales en su contra.
Este documento lo había presentado Araya una periodista de La Nación, quien en ese momento elaboraba un reportaje sobre los procesos que afrontaban los candidatos a alcaldes para aquellos comicios.
La Fiscalía acusó a Gamboa, Araya y Smith por un presunto delito de tráfico de influencias en modalidad agravada debido a que el documento obtenido por Araya, aparentemente de forma irregular, le permitía “figurar ante la opinión pública como un candidato a alcalde sin causas penales”, cuando en realidad tenía una investigación abierta.
El juicio de reenvío por esta causa está pendiente de fecha, luego de que el Tribunal de Apelaciones, en mayo del 2023, anulara una sentencia absolutoria que se había dictado en favor de Araya, Gamboa y Smith por el principio in dubio pro reo.
Litigante y en el mundo futbolístico
Pese a su salida de la función pública, Celso Gamboa no perdió notoriedad en la esfera mediática. Se incorporó al negocio del fútbol nacional en la segunda división. En el 2020, fue presidente del desaparecido Limón FC, que trajo de vuelta al país al actual portero del Deportivo Saprissa, Esteban Alvarado.
En la actualidad se le vinculó con Limón Black Star, equipo de la Liga de Ascenso, pues se le ha visto celebrando goles y alguna que otra victoria.
Sin embargo, Cristian Williams, presidente de ese club, dijo a este diario que Gamboa no tiene ninguna relación con la institución.
“Eso es un tema personal de don Celso que no tiene ninguna relación con el club porque él no es ni directivo, ni patrocinador y ni siquiera el abogado de la institución, no forma parte del club”, recalcó Williams.
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En el pasado más reciente, se desempeñó como abogado defensor en casos de narcotráfico de Edwin Daney López Vega, alias Pecho de Rata, —a quien la DEA también solicitó su extradición—, y de James Wilson, alias Turesky.
También, participó como abogado de Federico Cruz Saravanja, conocido como Choreco, cuando el exasesor de imagen del presidente Rodrigo Chaves fue desalojado de un condominio en La Unión de Cartago.
2.534 días pasaron desde que Celso Gamboa fue nombrado como viceministro de Seguridad y ascendió hasta magistrado de la Sala Tercera. En ese lapso pasó por cinco altos cargos. Así como llegó de rápido a la cúspide de su carrera, cayó. Como miembro de la Corte duró solo dos años.
Ahora, descuenta dos meses de prisión preventiva tras rechazar la extradición voluntaria a Estados Unidos. Le espera un largo proceso judicial.