Un testigo citado por la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA) sostuvo que el exmagistrado Celso Gamboa Sánchez “es el responsable de trabajar con la Guardia Costera de Costa Rica (sic, Guardacostas) y las autoridades policiales, para garantizar el tránsito seguro de los cargamentos de cocaína de la organización de tráfico de drogas de Costa Rica”.
Este fue uno de los razonamientos que sustentaron la petición del gobierno estadounidense de extraditar a Gamboa para que responda por los presuntos delitos de conspiración para fabricar y distribuir cocaína, con la intención de introducirla de forma ilegal en los Estados Unidos.
El expediente de extradición sostiene que Gamboa lideraba una organización de tráfico con enlaces en el Clan del Golfo, en Colombia, y el Cartel de Sinaloa, en México.
La aseveración de este testigo confidencial vuelve a poner en los reflectores sobre el Servicio Nacional de Guardacostas (SNG), que en el último año fue centro de polémicos cambios, los cuales, según fuentes policiales consultadas, debilitaron la protección de nuestros océanos frente al masivo tráfico de drogas desde el sur del continente.
Esa seguidilla de decisiones trascendió el 8 de octubre del año pasado, cuando el Ministerio de Seguridad Pública (MSP) desmanteló la Academia del Servicio Nacional de Guardacostas (SNG) en Quepos, Puntarenas, donde funcionó desde el 2011, y la trasladó a la Rita de Pococí, en Limón, a 103 kilómetros de la costa más cercana.
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En lugar del océano Pacífico, donde podían aprender a nadar en condiciones de mar picado y desarrollar técnicas de sobrevivencia en el mar y rescate acuático, los aprendices pasaron a una piscina de 25 metros de largo en la Academia Nacional de Policía, en Pococí.
El traslado se concretó el 11 de julio, por orden del viceministro de Unidades Especiales, Manuel Jiménez Steller, quien sostuvo, en el informe MSP-DM-DVUE-MJS-315-2024, que la edificación en Quepos urge de mejoras que el Ministerio no puede solventar en este “momento histórico”.
Esta decisión fue adoptada por Jiménez Steller apenas 49 días después de asumir, en recargo, la dirección de Guardacostas, tras la jubilación del comisario Martín Arias.
El cierre de Drake, punto clave para contener al narco
En esa misma semana, La Nación hizo público que el MSP cerró el puesto de Guardacostas de Drake, considerado uno de los principales puntos de ingreso de cocaína, desde Colombia, y separó a los integrantes del cuerpo de élite de operaciones policiales que operaba en el sitio y los envió a Quepos y Golfito, cada uno a dos horas de distancia en lancha.
En aquel momento, tres autoridades policiales, vinculadas a esta temática, advirtieron de que este cierre debilitaba la lucha contra el narcotráfico, pues ese es uno de los principales puntos de ingreso de la cocaína.
De acuerdo con uno de los consultados, en el 2020 un equipo de investigadores de la Administración para el Control de Drogas (DEA) y de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) vinieron a Costa Rica y documentaron que, en un solo año, 500 toneladas de cocaína y otras 600 de marihuana entraron al país por el sector de Drake-Sierpe. La mayoría de la coca se reexporta, mientras que la marihuana inunda las calles del país.
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En aquel momento, Jiménez Steller aseguró que el puesto de avanzada en Drake fue cerrado por una orden girada por Martín Arias desde junio del 2023, cuando se dispuso trasladar el Grupo de Operaciones Especiales (Gopes) a Golfito. En ese momento, quedaron solo dos oficiales cuidando el local, agregó el jerarca.
Dijo que en el sitio no había atracadero y que las mareas impedían anclar cerca de la playa las dos valiosas patrulleras donadas por el Gobierno de Estados Unidos. Según explicó, eso significaba que los oficiales tenían que llegar a las naves en kayaks, con las armas, radios y otros equipos pesados, sorteando el oleaje.
Arias refutó dicha aseveración y manifestó que en junio del 2023 hubo un cierre temporal, como respuesta a los problemas de mareas altas que se registran en Drake dos veces por año. Aseguró que ese cierre era solo mientras amainaban las condiciones adversas. Además, indicó que ninguna orden de ese tipo se habría sostenido en el tiempo sin el aval de su superior jerárquico, en este caso, el propio Jiménez Steller.
Lo cierto es que, desde entonces, el local con un sistema de radiocomunicación de avanzada quedó en manos de la Policía de Fronteras, que no está capacitada para intervenciones en mar abierto.
El propio The New York Times, en un reportaje publicado en noviembre del 2024, manifestó que el Clan del Golfo de Colombia, el principal cártel de narcotraficantes de ese país, “lleva la cocaína a través del Pacífico en submarinos de fabricación rudimentaria hasta las costas selváticas de Costa Rica, según funcionarios estadounidenses y costarricenses”.
“Los traficantes se valen entonces de las espesas marañas de manglares entrelazadas con canales fluviales y selvas tropicales como puerta de entrada al país. Alrededor del 70 por ciento de toda la droga que entra en Costa Rica lo hace a través de la costa del Pacífico, según los guardacostas del país”, agregó el medio.
Pese a los señalamientos del Organismo de Investigación Judicial y Martín Arias, de que esa sede en Drake, en extremo sur del país, era vital para vigilar el triángulo de Osa, conformado por isla del Caño, Corcovado y Sierpe, por donde ingresan las lanchas cargadas de drogas procedentes de Colombia, no hubo marcha atrás.
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Otro cierre y el exilio de personal de inteligencia
La seguidilla de decisiones cuestionadas continuó el 16 de octubre del 2024, cuando Martín Arias le confirmó a este medio que el comandante Rodolfo Murillo Montoya, a cargo de labores de inteligencia en la estación de Caldera para detectar grupos de narcotraficantes de Limón que movieron sus operaciones a isla Chira, en el Pacífico, había sido trasladado a una sede más pequeña en Barra del Colorado, en Limón.
El cambio se había ejecutado desde marzo de ese año.
El exdirector indicó que Murillo Montoya realizaba en Caldera, desde hace más de un año, un trabajo de seguimiento con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Policía de Control de Drogas (PCD) sobre los movimientos de líderes criminales de Limón en el golfo de Nicoya.
“El comandante (Murillo) estaba trabajando eso con los muchachos de inteligencia de él, con mapas, seguimientos y patrullajes preventivos. ¿Con qué lo premiaron? Lo trasladan de Caldera a Barra del Colorado, en una zona muy aislada. Todos los contactos que se tienen para estos trabajos con OIJ, DIS (Dirección de Inteligencia y Seguridad), PCD, se dan al traste”, argumentó Arias en aquella época.
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Por último, en noviembre del año pasado, durante un careo en la Asamblea Legislativa, con el ministro de Seguridad, Mario Zamora, Martín Arias dijo que recibió órdenes verbales del viceministro Manuel Jiménez Steller para cerrar, desde mayo del año pasado, un puesto clave en la lucha contra el narcotráfico en el Caribe sur, específicamente en Sixaola.
Como respaldo, divulgó un mapa de calor que muestra que en la parte oeste del país, el Caribe Sur es un punto caliente para el ingreso de drogas.
Arias destacó que los oficiales asignados a esa estación llevaban a cabo operaciones antidrogas en áreas de alta actividad, como Puerto Viejo, Cahuita, Punta Bola, Punta Uva, Sixaola y Gandoca-Manzanillo. Sin embargo, afirmó que, por orden de Jiménez Steller, estos efectivos fueron apartados de esos sitios críticos y enviados a la estación de Portete, en Limón.
En su réplica, Mario Zamora afirmó que el cierre de la estación en Sixaola fue solicitado mediante un oficio firmado por el mismo Arias en mayo de 2023. Tras la sesión, Arias confirmó que sí firmó el cierre de la estación, pero aclaró que lo hizo cumpliendo una instrucción verbal de Jiménez Steller.
Este martes 1.° de julio, durante su participación en la Comisión de Narcotráfico, en la Asamblea Legislativa, el director del OIJ, Randall Zúñiga, hizo referencia a investigaciones propias que siguen identificando a bahía Drake, Golfito y Cabo Velas, en Santa Cruz de Guanacaste, como puntos álgidos para el control del narco.
“Al ver que en este momento no hay presencia (policial) en bahía Drake que es de los principales (ingresos de droga). Queremos solicitarles a ustedes la venia para poder tener personal del OIJ en ese lugar para poder interceptar los diferentes cargamentos que puedan venir”, dijo en declaraciones a la diputada independiente, Gloria Navas.