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A una semana de iniciada la negociación de un ajuste fiscal con el FMI, podemos identificar las siguientes medidas como parte de la negociación para que el país equilibre las finanzas públicas y acceda a un financiamiento de $1.750 millones (cerca de ¢1 billón):
-Un decreto presidencial con fuertes medidas de contención del gasto en las compras de bienes y servicios, transferencias, remuneraciones eventuales, suplencias y servicios especiales. Por ejemplo, en el 2025, las instituciones de Gobierno únicamente podrán gastar bienes y servicios un monto equivalente al 67,7% de lo que ejecutaron en el 2020.
-Un proyecto de ley para congelar los incrementos en las pensiones de Gobierno superiores a ¢462.200, mientras la deuda no baje del 60% del PIB, así como para prohibir llenar plazas que queden vacantes durante el periodo 2021-2025.
La medida sobre las pensiones podría generar un ahorro promedio de ¢84.000 millones anuales.
-Recortes presupuestarios en los presupuestos del 2020 y 2021.
-Reforma a empleo público; esta es la única reforma que parece calificar de estructural en la organización del Estado.
-Eliminación de exoneraciones en los impuestos a rendimientos de fondos de pensiones, excedentes de cooperativas y asociaciones solidaristas y el salario escolar que reciben los funcionarios públicos, así como un aumento temporal de un punto y medio en el impuesto a las ganancias y rentas de capital.
-Aumento permanente de cinco puntos en el impuesto a las remesas.
-Nuevo impuesto a casas de lujo de un 0,5% para las viviendas valoradas en más de ¢200 millones; este proyecto no ha sido presentado.
-Introducción del esquema de renta global. Esta reforma podría implicar bajarles impuestos a unos y subirles a otros, pues se deberá buscar un punto intermedio en las tasas entre asalariados y personas físicas con actividad lucrativa.
Buena parte de los diputados, incluido el presidente legislativo y el jefe de fracción del PLN, Eduardo Cruickshank y Luis Fernando Chacón, dejaron claro que no apoyarán la idea del Gobierno de cobrar impuesto a los rendimientos de los fondos de pensiones del ROP.
Actualmente, las utilidades de los fondos de pensiones complementarias y voluntarias están exentas de impuestos. El Poder Ejecutivo propone eliminar la exoneración y cobrar un tributo del 7,5% sobre las rentas y ganancias de capital de estos regímenes.
La Superintendencia de Pensiones (Supén) advirtió de que ese cambio disminuiría las futuras pensiones del ROP en casi un 10%, en perjuicio de los asalariados.
El Congreso parece tener razones de peso para decirle no a esta propuesta, pues se trata de un castigo al ahorro para la vejez y al empleo formal.
No obstante, los congresistas deben tomar en cuenta que, con ello, la propuesta del Gobierno al FMI pierde ¢62.000 millones anuales, equivalentes al 0,17% del PIB.
El FMI se asegurará de que los números cierren; es decir, de que la propuesta de equilibrio del Gobierno, construida con medidas de recorte y contención de gasto, así como generación de nuevos ingresos, sea suficiente para reducir el déficit y para cubrir el crédito de $1.750 millones.
Bajo esa perspectiva, si el Gobierno y los diputados ven que el gravamen sobre los rendimientos del pensiones del ROP no tiene futuro político, tendrán que pensar en un ingreso sustituto o en una nueva reducción del gasto.
¿Subir el gasto en tiempos de crisis?
Lo extraño es que, lejos de eso, algunos diputados más bien están buscando cómo aumentar el gasto, aunque sea con endeudamiento, en el marco del proyecto de reforma al empleo público.
Aunque conocen la gigantesca deuda que tiene el Estado y saben que el plan de empleo público es fundamental en la propuesta de ajuste fiscal para el FMI, legisladores de la Comisión de Gobierno y Administración insisten en otorgarles un aumento salarial inmediato a unos 28.000 funcionarios públicos.
Se trata de los servidores cuyos salarios quedarían por debajo del futuro salario global en sus respectivas categorías. El Ministerio de Planificación (Mideplán) estimó que el traslado inmediato le demandaría al Estado ¢32.240 millones anuales que hoy no tiene, por lo que les pide a los legisladores mantener a estos funcionarios en el esquema de salarios + pluses hasta que alcancen el salario global.
No obstante, los diputados plantearon las siguientes opciones para financiar el traslado:
1. Un préstamo internacional
2. Un financiamiento no reembolsable (una donación)
3. Utilizar dinero del propio crédito que el Gobierno negocia con el FMI
4. Emplear superávits de instituciones públicas
5. Utilizar los recursos que generaría la eliminación de la exoneración del impuesto de renta del salario escolar de los funcionarios públicos
Pilar Garrido, ministra de Planificación, explicó las razones para descartar las opciones en una carta enviada a los diputados el 13 de enero.
Un crédito para financiar el aumento salarial ascendería a unos ¢96.720 millones para cubrir, al menos, los tres primeros años.
Un préstamo de ese tipo les demandaría a los contribuyentes casi ¢11.700 millones adicionales en costos financieros, estimando una tasa de interés mínima del 2%, tres años de gracia y un plazo de cinco años para pagar.
Además, la idea es inviable porque la regla fiscal prohíbe al Gobierno obtener préstamos internacionales, salvo para reducir el endeudamiento o para invertir en infraestructura, mientras la deuda pública supere el 60% del producto interno bruto (PIB), escenario en el que hoy estamos.
El FMI, el Banco Mundial y el BID descartaron una donación. El diputado Jonathan Prendas se negó a revelar quiénes son los supuestos representantes de organismos financieros multilaterales que, extraoficialmente, le dijeron que el Gobierno podría acceder a una donación internacional para aumentarles el salario a un grupo de funcionarios públicos.
Sobre utilizar superávits de instituciones públicas, la ministra les recordó a los diputados que el Poder Ejecutivo había planteado un proyecto de ley para tomar ¢217.000 millones de estos superávits para pagar deuda, y que el Congreso redujo la cifra a menos de ¢100.000 millones.
Además, al final, buena parte de esos recursos debieron utilizarse para tapar el hueco fiscal que propios los diputados abrieron al reducir el marchamo del 2021.
En cuanto a la idea de utilizar los recursos que generaría la eliminación de la exoneración fiscal del salario escolar, la ministra les recordó a los diputados que esta propuesta está contabilizada dentro de la propuesta del FMI y equivale a un 0,12% del PIB, cerca de ¢43.000 millones anuales.
De manera que, si los diputados rechazan el impuesto a los rendimientos de los fondos de pensiones, deben tomar en cuenta que la propuesta de ajuste fiscal ya perdió ¢62.000 millones anuales.
En todo caso, Garrido les agregó a los diputados: “Aun en el caso de que pudiera disponerse de recursos de otras instituciones, se considera que la prioridad de gasto más acuciante del Estado costarricense, en estos momentos de crisis, debería estar orientada a medidas que fomenten la creación de empleos, la recuperación de la economía y la inversión social, no al aumento salarial de las personas servidoras públicas”.
En una reunión con sindicatos el 15 de enero, la jefa de misión del FMI, Manuela Goretti, dijo con claridad: “Estamos analizando cuáles son las posiciones macro; vemos cuáles son las medidas que presentan las autoridades y que están siendo debatidas y evaluamos si todo el paquete general, digamos, cierra. Claro que la sustentabilidad de las finanzas públicas es un tema crítico para el país en este momento”.
Reforma coherente con estándar internacional
En la misma cita, los sindicatos expresaron su oposición a la reforma al empleo público y la jefa de misión les dijo: “Hubo mucho cuestionamiento de la ley de la reforma del empleo público. Creo que se presentó en abril (del 2020) y antes de haber tenido algún tipo de debate sobre el Servicio Ampliado del Fondo. Vemos esto como un proceso impulsado por Costa Rica”.
“Entonces, como expertos y como la jefa de la misión de Costa Rica, le pedí a mi equipo que revise el borrador y vemos que el borrador es coherente con las mejores prácticas internacionales, lo que ha sucedido en otros países que cumplen estos estándares, pero claro que es solamente una parte del proceso.
“Sabemos que la ley está en el Congreso, va a haber debates; posiblemente, va a haber una revisión constitucional y estos estándares es lo que sucede en todos los países y creo que es importante, porque tiene que ser algo que sea coherente con la Constitución, es de suma importancia”.
Agregó que la implementación del ajuste fiscal puede ser gradual y que el FMI y el Banco Mundial evalúan si el paquete requerirá de medidas compensatorias para las poblaciones de menos recursos.
“Las medidas que estamos revisando son las medidas que se presentaron en la prensa. Hubo una referencia al IVA, entonces esto es lo que está en el paquete fiscal publicado. Estamos pensando en las alternativas”.
“Estamos revisando el programa de reforma económica de Costa Rica, no estamos creando uno. Queremos que el proceso y el programa se adapte porque solo si cierra, si cumple los requisitos de sustentabilidad que son cruciales, solo en ese caso puede ser exitoso”, dijo la jefa de misión.
En lo que los diputados sí parecen ponerse de acuerdo, en la reforma a empleo público, es en la necesidad de regular las convenciones colectivas.
Este martes 19 de enero, el FMI se reunirá con los diputados. Allí, el Fondo podrá sopesar la verdadera voluntad política con las reformas planteadas por el Gobierno, reformas que dejan por fuera muchos aspectos del Estado, como las transferencias a instituciones y los regímenes de pensiones de Gobierno.
Mientras tanto, la crisis fiscal empieza a mostrar a sus sacrificados. Hacienda no depositó en diciembre ¢9.000 millones a las Juntas de Educación para pago de la alimentación que más de 2.000 proveedores ya habían entregado a inicios de ese mes.
La negociación del Gobierno con el FMI termina este viernes 22 de enero.
