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Casa Presidencial presentó este lunes un proyecto de ley para congelar las pensiones de Gobierno superiores a los ¢462.000 mensuales, mientras la deuda pública no baje del 60% del producto interno bruto (PIB).
La medida fue propuesta este lunes 11 de enero, ante la Asamblea Legislativa, como parte de la propuesta de ajuste fiscal que el país negocia con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
La idea planteada por el Ejecutivo es congelar los aumentos por costo de vida en las pensiones que corren por cuenta del Presupuesto Nacional.
Para ello, el proyecto de ley introduciría la norma en el paquete de medidas extraordinarias que establece la regla fiscal, aprobado en el 2018, para el escenario en el que la deuda pública supera el 60% del PIB.
La deuda cerró en alrededor de un 70% de la producción en el 2020 y, este año, subiría a un 80%. Revertir esta tendencia podría tomar unos diez años, según economistas.
Las pensiones quedarían congeladas de manera indefinida, al igual que los salarios públicos, hasta que la deuda baje.
Solo en el 2020, el Gobierno presupuestó cerca de ¢917.000 millones para pagar casi 70.000 pensiones con cargo al Presupuesto.
El único grupo de pensionados que estaría exento de la medida es que el que reciba, por pensión, menos del salario base de un oficinista 1 del Poder Judicial, que actualmente es de ¢462.000.
Presidencia argumentó que, para velar por la progresividad, equidad, así como la conservación y sostenimiento de la seguridad social, debe prevalecer la protección de las poblaciones más vulnerables.
Este medio intentó conocer cuánto ahorro generaría esta propuesta; sin embargo, al cierre de esta nota, no se obtuvo respuesta por parte de Elian Villegas, ministro de Hacienda.
Reducción de plazas
En este mismo proyecto de ley, el Gobierno también propone la generación de un ahorro mediante el congelamiento de las plazas vacantes del sector público.
El texto de la iniciativa de ley sostiene que, durante el periodo comprendido entre el 2021 y el 2025, no se utilice ninguna plaza vacante en los ministerios, sus órganos desconcentrados, dependencias adscritas y demás órganos que conformen el poder Ejecutivo.
La vacante será tanto para los puestos interinos como en propiedad.
Sin embargo, el plan contiene excepciones, como mantener el 5% de las plazas que cada institución destina para la inclusión y protección laboral de las personas con discapacidad dentro del sector público.
Tampoco se tocarían las plazas otorgadas a los cuerpos policiales ni a la Comisión Nacional de Emergencias (CNE); mientras que el Ministerio de Educación Pública (MEP) podrá conservar el 20% de sus plazas.
El Ministerio de Ambiente y Energía tendrá derecho a guardar el 40% de las vacantes y el Ministerio de Salud, el 50%.
También, se conservaría el 85% de los espacios del servicio exterior dirigidas a las rotaciones internas de la Cancillería, así como las vacantes del Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (Inciensa) en programas para atender la emergencia causada por la covid-19.
Las plazas de confianza y regímenes sin oposición de las entidades públicas y Ministerios, las de los jerarcas públicos que hayan sido aprobadas por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan), así como las de la Procuraduría General de la República (PGR), también seximidas de la propuesta.
La iniciativa también exceptúa a las Auditorías Internas y las plazas ocupadas en propiedad, cuyo titular sea ascendido interinamente o se le haya otorgado una licencia sin goce de salario.
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