El especialista Gabriel Alpízar estima que el proceso tomaría no menos de cuatro o cinco años y, para Alberto Franco, la deuda seguirá creciendo hasta el 2024, año en que la curva podría empezar a aplanarse si se toman las medidas adecuadas.

De hecho, al solicitarle al Fondo Monetario Internacional (FMI) el crédito rápido de $508 millones, que acaba de ser aprobado en el Congreso, el Gobierno se comprometió a reducir la deuda pública a un 50% del PIB para el año 2034.

Al cierre del 2019, el endeudamiento público equivalía a un 58,5% del PIB. En el 2020, con la crisis de la pandemia, subirá a un 70,3% y, el próximo año, se disparará a un 80,5%.

Los economistas Olman Segura y Gabriel Alpízar coinciden en que el Gobierno no debería esperar más para comunicarle con transparencia a la población la gravedad de la situación, e implementar el alto nivel de disciplina que se requiere para afrontar la tarea.

El Poder Ejecutivo no le ha impregnado a su discurso el sentido de urgencia que realmente amerita esta situación, expusieron ambos profesionales.

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El mayor problema de la deuda pública es que asfixia las finanzas de un país en la misma forma en que los préstamos y las tarjetas de crédito ahogan a muchas familias.

“Es como si una familia tuviera la tarjeta de crédito casi al tope y no tiene cómo pagar los intereses; entonces, busca otra tarjeta para pagar los intereses de la primera y, ahora, tiene dos; y luego tiene una tercer tarjeta y una cuarta. Entramos en una crisis muy importante y ahí es donde el Gobierno se tiene que plantear una disciplina fiscal”, afirmó Segura.

“O sacamos a los hijos del colegio privado, o vendemos el carro o gastamos menos al mes en gasolina, o bajamos las compras”, agregó el académico.

Para los especialistas, de momento, la meta debe ser regresar a una deuda del 60% del PIB, un margen que aun así se considera sumamente elevado, según los parámetros fijados en la regla fiscal.

Sin embargo, coincidieron que es poco factible que un embrollo de tal magnitud se pueda reparar rápido.

“No va a ser un proceso rápido, porque la magnitud del ajuste que hay que hacer en ingresos y gastos es considerable (...) la reducción en el déficit primario puede tomar dos o tres años, y la caída del nvel de deuda pública al 60% puede tomar más de diez años, inclusive", reflexionó otro economista, José Luis Arce.

Franco señaló que la ruta de recuperación estará marcada, en gran medida, por los ajustes a los que se comprometa el país para conseguir el crédito extra de $1.700 millones con el FMI.

“Será el ajuste más grande que habremos hecho en materia fiscal que se recuerde en la historia, al menos desde los tiempos de la última crisis que tuvimos en los 80”, advirtió Franco.

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A la dimensión del problema, Alpízar añadió la complicación de que en el 2021, empezará la campaña electoral.

“Este tema puede tergiversar un poco los objetivos que se necesitan para poder hacer lo que se requiera; asumiendo ese tiempo, las elecciones y todo ese tipo de cosas, no lo veo en menos de cuatro o cinco años”, dijo Alpízar.

Segura, por su parte, señaló que gran parte del problema es que la deuda sigue creciendo, y el gobierno afronta vencimientos de deuda muy altos.

“Nos va a llevar por los menos, para volver al 60% del PIB, unos ocho o diez años”.

“Este año aumenta unos $2.100 millones, el próximo de más de $3.000 millones y el siguiente en más de $7.000 millones, así sucesivamente. Se vuelve como una bola de nieve, cada vez se tiene que pedir más prestado y aumenta la cantidad de deuda”.

Los vencimientos de deuda exigen devolver a los acreedores el dinero prestado en un inicio al expirar el plazo pactado, luego de años de pagar intereses periódicamente.

Por eso, Hacienda ha llamado a los acreedores a megacanjes de deuda, procesos en los que procura cambiar bonos que están por vencer por otros nuevos, con nuevos plazos, lo que permite sortear el pago de vencimientos en el corto plazo.

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‘No puede endeudarse más de lo que crece la economía’

“Usted no puede endeudarse más de lo que crece la economía”, afirmó Alpízar. “Si la deuda crece lo que crece la economía, entonces se mantiene constante”.

El problema es que el Gobierno, aunque la economía se contrajo por la crisis, no reduce sus gastos más rígidos, los cuales consumen más del 90% del presupuesto. Se trata de salarios, pensiones, intereses y transferencias a instituciones, según Hacienda.

El propio ministro de Hacienda, Elian Villegas, afirmó que la deuda subirá al 80% del PIB porque el Gobierno no puede reducir los gastos al mismo ritmo que está cayendo la economía.

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“La economía se nos hizo más pequeña y el gasto no lo podemos hacer igual de pequeño; entonces, el gasto nos queda de un tamaño mayor proporcionalmente a lo que sucede con la economía”, dijo el martes en el Congreso.

Para Gabriel Alpízar ahí está el meollo del asunto: “Cuando dice el Gobierno que es que la economía se hizo muy chiquita con respecto al gasto, bueno, entonces usted tiene que tener la habilidad para que ajuste el gasto, para que eso no vaya a crecer”.

El economista reconoce que el gasto tiene partidas “extremadamente rígidas”, pero considera que al Gobierno no le queda más remedio que fajarse y ajustar su gasto a la realidad económica.

“Usted, como regla de oro, no debería de crecer lo que no crece la economía”, sentenció Alpízar.

En opinión de Franco, para alcanzar el recorte del gasto requerido, “todo, absolutamente todo debe estar sobre la mesa”, incluida la venta de más activos del Estado que solo la Fábrica Nacional de Licores (Fanal) y el Banco Internacional de Costa Rica (Bicsa).

‘La situación es gigantescamente grave’

Para Olman Segura, urge que el Poder Ejecutivo sea transparente sobre la gravedad del problema y lo que hará para contrarrestarlo.

“La situación es gigantescamente grave en el sentido económico y, para peores, el escenario a futuro no está claro”, afirmó Segura. El primer motivo es que no pareciera que la vacuna contra la covid-19 vaya a llegar pronto al país.

“La segunda, porque el gobierno tiene una reacción, por usar palabras diplomáticas, bastante intermitente, poco transparente, con liderazgo poco fuerte y que lo que hace es transmitir incertidumbre a la economía, y la economía tiene que actuar con certidumbre, con certeza”, afirmó el académico de la UNA.

En esto será vital la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para obtener un financiamiento de unos $1.700 millones a cambio de medidas de estabilidad económica, pero estas medidas aún no se conocen, a pesar de que requerirían un acuerdo político interno en el país.

“Ese acuerdo va a tener que darse y siento que es una salida importantísima, pero tiene que haber más transparencia. Usted y yo estaremos comprometidos, y las futuras generaciones, a cumplir con el acuerdo, sino sería un desastre. Entonces, debería anunciarse y hablar sobre cómo rebajar la deuda, si se van a aumentar los impuestos, si va a ser IVA o renta, si se va a hablar de venta de instituciones, cuáles”, dijo Segura.

“Igual que hay que evitar el contagio de la enfermedad, el Gobierno tiene que evitar a toda costa la explosión social”, agregó.

La claridad, dijo Segura, es clave porque se requiere dinamizar la economía para bajar la relación entre deuda y PIB.

“De parte del Estado tiene que haber inversión pública y de parte de la producción privada dinamismo, y yo no veo los planes de dinamización o reactivación económica”, reprochó Segura.

Ese plan, añadió, debería incluir un fondo de avales “realmente dirigido a las pymes, no a los bancos", así como resolver que más de medio millón de estudiantes tengan acceso a Internet, pese a que el Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel) tiene millones de dólares acumulados.

José Luis Arce apuntó que la claridad también pasará por hacer algún componente del ajuste fiscal en el corto plazo.

“Por una razón sencilla: nuestro principal problema desde el punto de vista de las condiciones de crédito y cómo nos ven quienes le prestan al gobierno es que existe la percepción de que tenemos poca voluntad política para poder hacer un ajuste”, dijo Arce.

Los economistas también consideran que el Gobierno debe cumplir con disciplina la regla fiscal que limita el gasto, pero el problema es cuando empiezan a surgir grietas.

Gabriel Alpízar también sugiere recanalizar algunos ingresos al pago de la deuda. Por ejemplo, el monto “no despreciable” de destinos parafiscales de los bancos públicos que se inyectan al Infocoop y a Conape.

Alpízar urge a Hacienda a presentar una estrategia de la deuda de mediano y largo plazo, en la que se precise qué proporción de colones y dólares se quiere; cuánto en tasa fija y cuánto en tasa variable.

“Eso da transparencia al mercado, le ofrece elementos adicionales para comprar deuda y que no nos deterioren la calificación”, apuntó.