Josué Bravo. 8 septiembre
El ministro de Hacienda, Elian Villegas, al momento de entregar el presupuesto ordinario del 2021 al presidente de la Asamblea Legislativa, Eduardo Cruickshank, el miércoles anterior. Foto: Rafael Pacheco.
El ministro de Hacienda, Elian Villegas, al momento de entregar el presupuesto ordinario del 2021 al presidente de la Asamblea Legislativa, Eduardo Cruickshank, el miércoles anterior. Foto: Rafael Pacheco.

Para finales del 2021, la deuda pública alcanzará un 80,5% del producto interno bruto (PIB) del país, una cifra gigantesca si se considera que, el año pasado, la cifra cerró en un 58,5% del PIB.

Así lo previó el Ministerio de Hacienda en el proyecto de Presupuesto Nacional del 2021, el cual ya fue entregado a la Asamblea Legislativa.

La situación podría llevar a un severo estrujamiento del sector privado y del crecimiento económico, con serias consecuencias para el empleo y la estabilidad.

El crecimiento de la deuda es realmente acelerado: este año aumentará en ¢3 billones (millones de millones) y, el próximo, en ¢4 billones.

En el 2019, el endeudamiento público cerró en ¢21,2 billones; en el 2020, se estima que subirá a ¢24,2 billones y, en el 2021, se disparará a ¢28,8 billones.

Según los datos de Hacienda, entre este año y el próximo, la deuda saltará de un 70,3% del PIB a un 80,5%.

Ya la Contraloría General de la República había advertido de un acelerado crecimiento del endeudamiento público. Solo en los primeros cinco meses de este año, aumentó en ¢1,4 billones, cuatro veces lo que el Gobierno invertirá en obras públicas y equipos.

El Gobierno argumenta que el incremento se debe a los efectos de la crisis ocasionada por la covid-19 y a las ingentes necesidades de dinero para financiar el aparato estatal.

Así lo indica la exposición de motivos del Presupuesto 2021, el cual suma ¢11,4 billones. Precisamente, este martes, la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa empezó a discutir el plan.

“Ha implicado un deterioro importante en las proyecciones de crecimiento económico, ingresos tributarios, gastos y del déficit fiscal del año 2020″, dice el texto sobre los efectos de la pandemia.

Añade que la crisis ha generado un incremento importante en las necesidades de financiamiento para controlar la propagación de la enfermedad y mitigar los impactos socioeconómicos.

“Y por consecuencia un aumento de 11,8 puntos porcentuales de la relación deuda PIB del 2019 a 2020. Asimismo, el aumento de saldo de deuda del 2020 al 2021, de 10,1 puntos porcentuales, se debe a la necesidad de financiamiento para el 2021″, dice el proyecto.

Para el próximo año, Hacienda proyecta una necesidad de financiamiento del 17,5% del PIB. Esto significa que, para poder pagar la totalidad de gastos del Gobierno Central, el país tendrá que endeudarse por más ¢6,2 billones.

Del 2010 al 2019, el promedio de las necesidades de financiamiento significaron el 11% del PIB, mientras que para este año se estima que alcancen el 14,1%.

A su vez, el déficit fiscal llegaría al 8,1% el próximo año, es decir, casi ¢2,9 billones. Esta es la diferencia entre gastos e ingresos, sin tomar en cuenta el gasto en amortizaciones de deuda.

Las proyecciones de las necesidades de financiamiento de Hacienda son mucho mayores que las anunciadas por el Banco Central (BCCR). En la revisión del programa macroeconómico del 30 de julio, el BCCR pronosticó que, para el 2021, el financiamiento equivaldría a un 15% del PIB.

De igual modo, el ente emisor prevé un déficit fiscal del 8,1% para el 2021.

Presión a las tasas de interés

De la necesidad de financiamiento del 17,5% del PIB para el próximo ejercicio económico, Hacienda estima que 13,7 puntos porcentuales serán financiados por el mercado doméstico y los restantes 3,8 puntos porcentuales serían cubiertos con deuda externa.

En palabras sencillas, el Gobierno tendrá que buscar prestados casi ¢4,9 billones entre inversionistas locales, principalmente instituciones públicas; y ¢1,3 billones en el exterior.

El texto advierte de que una mayor colocación en el mercado interno podría generar un incremento en las tasas de interés, al entrar en competencia el Gobierno con el sector privado por la captación de recursos locales.

“Podría conllevar a un incremento en las tasas de interés que, disminuyendo la rentabilidad de distintos proyectos del sector privado, desfavorece la inversión privada y el crecimiento económico; dicho comportamiento es conocido como efecto estrujamiento o “crowding-out”, añade el proyecto de Presupuesto.

Sin embargo, Hacienda aclara que, en esa previsión de riesgo, no se considera una posible colocación eurobonos, a los que pretende recurrir el Gobierno para el 2021.

Tampoco, incluye un posible acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que conceda un financiamiento por $1.750 millones (cerca de ¢1 billón), a lo largo de tres años, los cuales ayudarían a reducir el costo de los intereses, satisfacer necesidades de financiamiento y reducir la presión en el mercado doméstico.

“La discusión política sobre estos temas podría dejar en un grave riesgo de contenido presupuestario en caso de incorporarse como supuestos y luego no concretarse o concretarse muy tardíamente en el año 2021″, añade.

‘Consecuencias insospechadas’

Ana Lucía Delgado, diputada de Liberación Nacional (PLN), declaró que el aumento de la deuda en 10 puntos porcentuales, del 2020 al 2021, “es un síntoma grave y preocupante, de la insostenible situación a la que nos precipitamos como país, de consecuencias insospechadas”.

“El Poder Ejecutivo debe asumir su liderazgo en explicar claramente esta situación a los costarricenses, así como proponer y promover las medidas extraordinarias y estructurales, que son obligatorias y urgentes para atender esta grave situación actual y futura”, dijo.

Silvia Hernández, también congresista del PLN y presidenta de la comisión de Hacendarios, hizo ver que solo en amortización de deuda el Presupuesto Nacional del 2021 contempla ¢2,7 billones, junto a ¢2,1 billones por pago de intereses.

“Tras que el presupuesto de la República tiene una gran rigidez, hay una enorme concentración cada vez más en el pago de la deuda publica. El Poder Ejecutivo tiene que poner mucha atención en cómo poner freno a ese sendero explosivo y poder concentrarse en una mejor calidad de la ejecución del gasto”, añadió Hernández.

Su colega Otto Roberto Vargas, del Partido Republicano Social Cristiano (PRSC), también cuestionó el alto costo del endeudamiento interno, en comparación con el externo.

En tanto, la socialcristiana, María Inés Solís, afirmó que el Gobierno “tiene que tomar medidas que no ha querido tomar, conversaciones que no ha querido sostener, huyendo a esos temas sensibles, temas como ventas de activos pero activos reales que generen un impacto en la disminución de la deuda”.

“Estamos hablando del Instituto Nacional de Seguros (INS), el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y el Banco de Costa Rica (BCR). Y también pensar en temas como la minería, gas natural, petróleo y reforma de la ley de explotación de recursos atuneros”, dijo la socialcristiana.

El Gobierno prevé iniciar, en la semana que se inicia el próximo 28 de setiembre, la negociación de un plan de financiamiento con el FMI mediante la figura denominada facilidad de fondo ampliada (Extended Fund Facility; EFF).

El acuerdo incluiría medidas de estabilidad económica como aumento de ingresos públicos, reducción de gastos o venta de activos estatales.

Previo a la negociación, el Poder Ejecutivo abrirá un espacio de negociación de 12 días con los diputados, con el fin de buscar un consenso que blinde el acuerdo con ese organismo, según la ministra de Planificación Nacional y Política Económica, Pilar Garrido.

Para este año, el Banco Central proyecta una caída de 5% de la producción, mientras que la Contraloría General de la República (CGR) calcula una caída de ¢1,2 billones en los ingresos corrientes.

Ante ese panorama, el Poder Ejecutivo apuesta por obtener, en el segundo semestre de este año, $1.645 millones de créditos de organismos internacionales.

Si el Gobierno no logra implementar esa estrategia, advierte, no podría atender el gasto social, lo que afectaría a la población más vulnerable.