Así lo explicó a La Nación Víctor Morales Mora, diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC) y principal promotor de dicha reforma a las jubilaciones de lujo.

La propuesta de ley tiene como objetivo primordial cerrar los regímenes con cargo al Presupuesto Nacional y trasladar al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) a los funcionarios públicos que aún podrían pensionarse con alguno de esos sistemas de pensiones.

Ese traslado le ahorraría al Gobierno más de ¢115.000 millones en nueve años, según un cálculo actuarial de la Dirección Nacional de Pensiones (DNP) del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

Según Morales, aunque son conscientes de la urgencia por tramitar esta tercera reforma a las pensiones de lujo, la labor legislativa del 2021, que se reanudará este lunes 11 de enero, tendrá como prioridad la “agenda FMI”.

“Tanto el Ejecutivo como este servidor y la fracción, mantenemos intacto nuestro interés en esa iniciativa. Únicamente que su convocatoria a este periodo de (sesiones) extraordinarias (del Congreso) hay que ponerla en el contexto de esta agenda urgente y ajustada que tenemos con el acuerdo con el Fondo Monetario.

“Parte de esta agenda es el tema de empleo público, que ya lo tenemos en plenario y que va a ser el proyecto prioritario, de arranque.

“Reiterar que mantenemos el interés en esa iniciativa (la tercera reforma a pensiones). ¿Para cuándo se convoca? Mucho va a depender de la dinámica con la que cuadremos, en enero, toda esta agenda del FMI”, enfatizó Morales.

Mientras tanto, cuanto más se posponga la discusión del proyecto de ley de Reforma para la Equidad, Eficiencia y Sostenibilidad de los Regímenes de Pensiones (expediente 21.345), más personas se seguirán pensionando con los regímenes con cargo al Presupuesto Nacional.

Esa es una realidad que tienen clara tanto Morales como Yorleny León, del Partido Liberación Nacional (PLN).

“Ese proyecto ha tardado tanto en aprobarse, que está permitiendo que muchas personas se acojan a su pensión con los beneficios que les otorgan esos regímenes. No ha sido posible que avance en plenario”, dijo la verdiblanca.

Trabas en el camino

En marzo del 2020, cuando el plan de ley ya había superado el primero de dos días de mociones de fondo, una moción del mismo PLN suspendió su avance durante tres meses, mientras se realizaba un estudio actuarial para determinar el posible costo administrativo de trasladar a los funcionarios de esos regímenes especiales al del IVM de la CCSS.

Fue hasta setiembre cuando se retomó la discusión y se dio trámite al segundo día de mociones de fondo en la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa, donde se trabaja el proyecto de ley.

Pasada esa etapa, el documento ahora solo espera el primer y segundo debate en plenario para que se convierta en ley de la República.

Sin embargo, la iniciativa no ha sido convocada por el Gobierno a sesiones extraordinarias, periodo durante el cual el Ejecutivo coordina la agenda legislativa y que este 2021 se extenderá hasta el 31 de julio.

Xiomara Rodríguez, diputada del Partido Restauración Nacional (PRN) y presidenta de la Comisión de Asuntos Sociales, dijo que no se explica por qué el Ejecutivo no convocó el expediente.

De ser convocado, los diputados verían mociones de reiteración en plenario y, en caso de requerir ajustes, el proyecto sería devuelto a comisión.

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Cuidado con cambios futuros

De lo que deben estar pendientes los legisladores es de que, entre los eventuales cambios que se propongan al texto, no se cuelen una serie de mociones que, en el pasado, pretendieron debilitar la reforma a las pensiones de lujo.

Particularmente, se trata de cinco mociones que, entre otras cosas, buscan excluir a ciertos grupos de funcionarios públicos del alcance de la ley propuesta.

Es decir, que se les eximiría de trasladarse al IVM y, por tanto, se les permitiría pensionarse bajo los sistemas de pensiones con cargo al Presupuesto Nacional, con los beneficios que estos ofrecen.

Dos de esas mociones las presentó la misma Rodríguez, otras dos fueron de la liberacionista María José Corrales, y la quinta, del independiente Erick Rodríguez Steller.

En aquel momento, la Dirección Nacional de Pensiones (DNP) catalogó los cambios propuestos por esos diputados como iniciativas en contra de la “sostenibilidad del régimen (de pensiones general) y de la situación fiscal” del país.

No obstante, las cinco mociones fueron rechazadas por los miembros de la Comisión de Asuntos Sociales en el segundo día de mociones de fondo al expediente 21.345, el pasado 15 de setiembre de 2020.

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Regímenes injustos

Los regímenes con cargo al Presupuesto Nacional son conocidos como pensiones de lujo porque el dinero percibido por sus beneficiarios supera, por mucho, el aporte que ellos hicieron a lo largo de su vida laboral.

Estos sistemas fueron cerrados en 1992 por ser deficitarios. Sin embargo, el Estado debió asumir el pago de esas jubilaciones, debido a que miles de personas ya habían adquirido el derecho de recibirlas.

Hoy, estas le cuestan a los costarricenses más de ¢700.000 millones anuales pues, en su mayoría, se costean con el dinero recaudado vía impuestos.

Dichas pensiones ofrecen condiciones mucho más favorables, en cuantía y edad de retiro, que las del IVM, régimen al que pertenece la mayoría de cotizantes del país.

Por ejemplo, algunas personas se pensionaron a los 50 años, con el 100% del promedio de los últimos mejores 24 salarios.

En cambio, en el IVM, la gente se acoge al retiro a los 65 años, con el 60% del promedio de los salarios de los últimos 20 años, o sea, los últimos 240 sueldos.

Además, muchas de las pensiones de lujo son millonarias; llegan incluso a los ¢13 millones.

En el IMV, en tanto, la pensión más alta es de ¢1,7 millones.

Las jubilaciones de lujo provienen, principalmente, de tres fuentes: Magisterio Nacional, Poder Judicial y los antiguos regímenes de Hacienda y Exdiputados.

Las dos reformas previas

Los diputados aprobaron la primera reforma a estas jubilaciones en junio de 2016.

Esta impuso una contribución especial solidaria de entre el 25% y el 65% a las pensiones de los regímenes de Gobierno que excedieran los ¢2,5 millones, es decir, el equivalente a diez veces el salario base más bajo pagado por la Administración Pública en ese momento.

De esa medida se excluyeron los sistemas del Magisterio Nacional y del Poder Judicial.

Asimismo, se estableció que estas pensiones aumentarán al ritmo de los ajustes salariales que el Poder Ejecutivo decrete para los empleados públicos por el costo de la vida, con lo cual se anuló el incremento de un 30% anual que recibían los 124 pensionados del régimen de Exdiputados.

También se incrementó, de un 7% a un 9%, la cotización de los jubilados y de los empleados públicos que contribuyen para estos regímenes.

Además, se aumentó la edad de retiro de 55 a 60 años. Esta medida empezará a regir en junio de este 2021, pues se había establecido que entraría en vigor cinco años después de aprobada la ley.

La segunda reforma la aprobaron los legisladores en noviembre de 2019.

Esta amplió el espectro de pensionados a quienes se les cobraba contribución especial solidaria desde el 2016.

Antes de esta segunda reforma, 920 pensiones eran gravadas por ese concepto; después de ella, el aporte solidario tuvieron que pagarlo 4.118 pensionados de lujo, o sea, 3.198 adicionales.

Esa normativa modificó los topes máximos y exentos de las pensiones de regímenes especiales sobre los que debía hacerse esta contribución.

Anteriormente, solo pagan contribución solidaria las jubilaciones superiores a ¢2,7 millones en Gobierno, ¢3,9 millones en el Magisterio y ¢4,4 millones en el Poder Judicial.

Con la nueva ley, el cobro se impone a las pensiones mayores de ¢2,2 millones del Magisterio y del Gobierno, así como las que superen los ¢2,6 millones en el Poder Judicial.