Silvia Artavia. 14 febrero
El pasado 29 de enero, Luis Paulino Mora, director nacional de Pensiones (de gris), y Álvaro Ramos, superintentendente de Pensiones (a su izquierda) participaron en una mesa de trabajo sobre el proyecto de ley 21.345 en la Comisión de Asuntos Sociales. Los acompañó Mauricio Soto, director de Regímenes Colectivos de la Supén. Foto: Silvia Artavia.
El pasado 29 de enero, Luis Paulino Mora, director nacional de Pensiones (de gris), y Álvaro Ramos, superintentendente de Pensiones (a su izquierda) participaron en una mesa de trabajo sobre el proyecto de ley 21.345 en la Comisión de Asuntos Sociales. Los acompañó Mauricio Soto, director de Regímenes Colectivos de la Supén. Foto: Silvia Artavia.

Funcionarios de instituciones como el Registro Nacional, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) ejercen una fuerte presión sobre los diputados para oponerse a una segunda reforma a las pensiones de lujo.

Han acudido a los despachos legislativos a abogar para que no los alcance el proyecto de ley de Reforma para la Equidad, Eficiencia y Sostenibilidad de los Regímenes de Pensiones, tramitado bajo el expediente número 21.345.

Con el objetivo de bajar la presión sobre el gasto del Gobierno en pensiones, esta reforma trasladaría al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la CCSS a los funcionarios que aún reúnen requisitos para jubilarse por alguno de los regímenes especiales, con cargo al Presupuesto Nacional, que fueron cerrados en 1992.

Ese traslado le ahorraría al Gobierno más de ¢115.000 millones en nueve años, según un cálculo actuarial de la Dirección Nacional de Pensiones (DNP).

Grupos de funcionarios, que han tocado la puerta de los diputados, consideran que sería injusto que se les cambien las condiciones de jubilación.

Legisladores de varios partidos empezaron a tener dudas, al punto de que ya fue presentada una moción al proyecto de ley para que, de aprobarse esta iniciativa, se excluya a ciertos funcionarios del alcance de la ley. La interpuso el diputado independiente Érick Rodríguez Steller.

Otras dos legisladoras también vigilan muy de cerca las decisiones que se tomen en la Comisión de Asuntos Sociales, donde se tramita el expediente 21.345. Ellas son la liberacionista María José Corrales y la socialcristiana Shirley Díaz, miembros de ese foro.

(Video) Jerarca de DNP a diputada: No se puede obligar al país a mantener pensiones insostenibles

Acalorado debate

“Son personas que tienen condiciones diferentes; entre ellas, que las pensiones son más altas porque han cotizado más. Entonces, a todas luces, es injusto que entren con un régimen de la Caja, bajo condiciones de la Caja, donde se cotiza menos”, alega Érick Rodríguez Steller al defender su moción.

Luis Paulino Mora, jerarca de la DNP, sostiene que el propósito del proyecto es migrar a todos los cotizantes y jubilados a un régimen universal para, justamente, acabar con tantos regímenes desiguales.

Actualmente, las pensiones con cargo al Presupuesto Nacional le cuestan a los contribuyentes más de ¢700.000 millones anuales. Muchas son pensiones millonarias.

En ese panorama, aseguró Mora, la injusticia es estar amparado por un régimen privilegiado solo por ser funcionario público.

“Por ejemplo, un copero y un funcionario público que entraron a trabajar en 1980. Resulta ser que ese copero va a tener que pensionarse a la edad que le corresponde en la Caja (65 años), mientras que la otra persona no. ¿Cuál es la justificación? Que una persona era un copero y la otra, un funcionario público”.

“Si se llevan a la Caja, no se está dejando a ninguno de los dos desprotegido socialmente. Ambos van a tener una pensión, ambos se van a pensionar por la Caja.

“O sea, decir que un funcionario va a tener que trabajar 15 años más, como el resto de la población costarricense, decir que eso es injusto e inequitativo, yo diría que, más bien, que es al revés", refutó Mora durante una sesión de trabajo en la Comisión de Asuntos Sociales, a la que fue invitado en enero de este 2020.

En ese foro, María José Corrales y Shirley Díaz lo increparon porque, en su criterio, algunos de los cambios que sugiere la iniciativa de ley podrían generar desigualdad.

Ambas insistieron en que la nueva reforma no solo debe velar por la contención del gasto público, sino también por la justicia para todos los cotizantes y jubilados.

“Trabajadores de instituciones públicas nos buscan y nos indican que tendrían un aumento de años de laborar para optar por la pensión. Actualmente, pueden tener unos 30 años de laborar en una institución y, entonces, tendrían que trabajar unos 15 años más para optar por su pensión", dijo la diputada Corrales.

"Entonces, dónde está esa equidad o ese beneficio para personas a quienes se les va a ampliar ese período. ¿Eso es razonable?”, agregó.

Por su parte, Díaz llamó la atención acerca de la importancia de que el gobierno tome en cuenta la recomendación del departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, instancia que aconsejó la realización de estudios actuariales que demuestren cuál sería el impacto de trasladar a todos los cotizantes al IVM.

“Únicamente se está tomando en cuenta la variable de la contención del gasto. Por eso reitero que esta propuesta debe fundamentarse en los estudios actuariales y no únicamente en la reducción del gasto con la intención de mantener una buena calidad de vida de los pensionados con un régimen solidario, pero que a la vez respete el esfuerzo contributivo que ha hecho cada uno de los regímenes en particular”, expresó Díaz.

Mora asegura que no es cierto que los funcionarios vayan a tener que trabajar 15 años más, pues existen una serie de transitorios que les permitirían jubilarse antes.

“Si usted tiene 50 años, para pensionarse, en este momento, con un régimen con cargo al Presupuesto Nacional, tendría que trabajar 10 años más, es decir, hasta los 60 años. Para pensionarse en la Caja, con los mismos 50 años de edad, no tendría que trabajar hasta los 65 años porque, probablemente, eso esté recogido en alguno de los transitorios que existen. Estimémoslo en un promedio de 63 años".

“Serían tres años que tendrían que cotizar de más, pero no importa cotizar de más si eso hace sostenible el régimen. Entonces, parece irrazonable esa postura desde toda perspectiva. No es cierto que tendrían que trabajar 15 años más”, reiteró Mora.

Argumentos

Carlos López Vargas, funcionario del Registro Nacional, asegura que, en el 2016, con la promulgación de la ley 9388 –otra reforma a las pensiones de lujo– tanto él como algunos de sus compañeros sufrieron un cambio en la edad de retiro, la cual aumentó de 55 a 60 años.

Según él, de aprobarse el expediente 21.345, tendría que atrasar su jubilación otros cinco años más, hasta los 65 años, como lo hace la mayoría de trabajadores públicos y privados del país, pues cotizan para el IVM.

“Yo hoy tengo 50 años. Trabajé dos años con Migración y tengo 32 con el Registro Nacional. Con 50 años de edad, ya tengo 34 años de trabajar. Con la modificación de la ley 9388 (del 2016) nos mandan (a jubilarse) a los 60 años, tal y como estaba en el artículo 4 de la ley original (la 7302).

“Pero hay compañeros que se han pensionado con 55 años de edad. La modificación de la ley 9388, ¿qué implicaciones tiene? Que a nosotros nos pasa a los 60 años de edad, mientras hubo compañeros con las mismas condiciones que sí pudieron pensionarse con 55 años, pero con 36, 37, 38 años laborados”, reclamó.

Para López, es injusto que se realicen tantos cambios en las condiciones de jubilación, a pesar de que pertenece a un antiguo régimen del Estado que, como muchos otros, fue cerrado en 1992 por ser deficitario.

“En el Registro Nacional somos 53 funcionarios que estamos siendo afectados por esto. A la hora que a mí me mandan a la CCSS, resulta que yo voy a trabajar 49 años para el Estado haciendo un aporte de 540 cuotas, mientras que hay otras personas que, con cumplir con los 65 años de edad y teniendo las cuotas, perfectamente se pueden pensionar”, prosiguió.

Otro de los razonamientos de los funcionarios que es que la reforma del 2016 también los perjudicó en cuanto a porcentajes de cotización, al pasar de aportar entre un 7% y un 9% a un rango entre el 9% y el 16%.

“Al ya no estar en el régimen actual, en el que cotizamos hasta un 16%, muy diferente al 4% que cotizan las personas en el IVM, vamos a trasladarnos al IVM y el Estado va a dejar de percibir nuestras cotizaciones, que de alguna forma ayudan a sostener el fondo”, argumentó Julio César Ovares, empleado del TSE.

Otro argumento de estos funcionarios es que, si los trasladan al IVM, el Estado tendrá que devolverles las cotizaciones de más que hayan hecho.

En cuanto a esa afirmación, el director nacional de Pensiones dijo que ya la DNP hizo el cálculo y que serían solo 60 personas.

Agregó que, de los más de 18.000 trabajadores activos y jubilados con cargo al Presupuesto Nacional, solo 176 cotizan actualmente para los regímenes que los acogen desde que empezaron a cotizar, antes de que estos se cerraran.

El resto ya cotiza para la Caja, aunque se pensionará con las condiciones de su régimen original, y no con las del IMV.

“Solo a 60 personas habría que hacerles traslado de cuotas. Si cotizaron de más, el propio proyecto (el 21.345) plantea el traslado de cuotas a la Caja para mantener su pensión. Si hubiera un remanente, le quedaría al beneficiario en el régimen complementario (ROP)”, concluyó Mora.