Se trata de dos propuestas de la verdiblanca, dos de la restauracionista y una del independiente, las cuales se discutirán en comisión cuando el plenario abra el segundo y último día para presentarle mociones de fondo a la iniciativa legal.

Aunque este martes se tenía previsto autorizar ese trámite de mociones, una propuesta del PLN suspendió durante tres meses el avance del expediente, mientras se realiza un estudio actuarial “que arroje la estimación del posible costo” administrativo del traslado de funcionarios de los regímenes especiales al de la CCSS.

El objetivo básico de la reforma es trasladar al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) a los funcionarios públicos que aún podrían pensionarse con alguno de los regímenes de pensiones pagados con el Presupuesto Nacional, los cuales fueron cerrados en 1992 y tienen condiciones más ventajosas.

Consultado sobre las propuestas de los legisladores, el director nacional de Pensiones, Luis Paulino Mora, aseguró que le preocupan esas gestiones y dijo que van en contra de la sostenibilidad que busca el proyecto, y del equilibrio contable.

“Las bondades del proyecto se pierden. El objetivo del proyecto nunca fue prorrogar los beneficios actuales ni sostener la situación que existe hoy”, indicó el jerarca.

Mociones de María José Corrales

Una de las propuestas de Corrales es que los servidores públicos tengan derecho a la pensión cuando lleguen a 60 años y tengan 30 años de servicio; la otra establece la posibilidad de pensionarse a los 55 años, por un periodo ampliado de cinco años.

En criterio de Luis Paulino Mora, esa última propuesta va en contra de la “sostenibilidad del régimen y de la situación fiscal”, que es precisamente lo contrario a lo que el proyecto busca hacer.

“Eso va en contra de criterios demográficos, incluso de recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que recomienda ajustar la edad de jubilación a la expectativa de vida", indicó el jerarca.

Es más, agregó que la propuesta de Corrales hace que se pierdan las “bondades del proyecto”. “Prorrogar ese beneficio podría ser inconexo, porque el objetivo del proyecto nunca fue sostener ese tipo de iniciativas”, indicó.

Mociones de Xiomara Rodríguez

Una de las propuestas de la legisladora de Restauración busca eliminar el tope propuesto para las pensiones de la Junta de Pensiones del Magisterio (Jupema), de ocho salarios base, o sea, ¢2,2 millones.

La segunda mantendría la exoneración que tienen casi 800 pensiones de lujo del Magisterio, las cuales no cotizan por los montos que se excedan más allá de ¢4 millones; existen pensiones hasta de ¢13 millones.

“Desde mi perspectiva, no tiene sentido exonerar a las pensiones y los salarios superiores”, indicó el director de Pensiones.

Una de las mociones de la legisladora busca eliminar el inciso l del artículo 3 del proyecto 21.345, que es el artículo donde se hacen varias derogaciones. Entonces, la propuesta de Rodríguez es que se elimine la disposición para derogar la frase “y hasta el monto establecido en el artículo 44 de esta ley” que está en los subincisos d) de los incisos 1) y 2) del artículo 70 de la Ley de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional.

Eso significa que, al impedir que se derogue la frase de la ley vigente, la propuesta de la restauracionista es que las pensiones mayores a ¢4 millones no estén obligadas a la cotización ordinaria.

La otra moción de Rodríguez pretende eliminar el artículo 3 del inciso c del artículo 2 del proyecto, donde se plantean adiciones legales.

Ese artículo 3 propuesto por la iniciativa legal dice así:

"Artículo 3- En el tanto los ingresos por concepto de cotizaciones sean menores que los egresos derivados del pago de beneficios, el monto máximo a sufragar por pensiones con cargo al presupuesto nacional en curso de pago no podrá ser superior a ocho (8) salarios base del puesto más bajo pagado en la Administración Pública, según la escala de sueldos de la Administración pública emitida por la Dirección General de Servicio Civil.

El Ministerio de Hacienda y la Dirección General de Pensiones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social deberán aplicar el tope máximo aquí fijado a los montos actuales de pensión en curso de pago de todos los regímenes contributivos de pensiones con cargo al presupuesto nacional, así como a todas las pensiones que se otorguen en estos."

Dicha moción limita las mociones del extinto régimen de diputados a ¢2,2 millones. Al eliminar esa propuesta, la propuesta ya no podría limitarlas y el crecimiento seguiría como hasta ahora, sin límites.

Moción de Erick Rodríguez

Específicamente, la moción del diputado independiente, quinta en la lista de mociones presentadas, crea un nuevo transitorio para que los funcionarios que hayan cotizado en cualquier momento para los regímenes cerrados en el 92 puedan pensionarse bajo las condiciones originales de la ley.

En criterio de Luis Paulino Mora, eso podría abrir un portillo para que muchas personas tengan acceso a pensiones pagadas por el Estado, cuando el objetivo de la iniciativa es, precisamente, lograr que se extingan y todos pasen a la CCSS.

Fuertes presiones

Las mociones vienen motivadas por fuertes presiones que han tenido los legisladores de parte de funcionarios del Registro Nacional, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) e, incluso, de la Asamblea Legislativa, para oponerse a esta segunda reforma a las pensiones de lujo.

Según un cálculo actuarial de la Dirección Nacional de Pensiones, trasladar los funcionarios de los regímenes especiales al IVM produciría un ahorro al Gobierno superior a los ¢115.000 millones en nueve años

El padre de la iniciativa, el diputado Víctor Morales Mora, indicó que algunos de los grupos de presión han insistido en atrasar la entrada en vigencia del proyecto, para que no se postergue por 18 meses, sino por 24.

“Con eso, creo yo, buscan algunos tener algún tiempo para culminar su jubilación, antes de la vigencia de la ley”, dijo Morales.

El oficialista manifestó que, de todas formas, hubo un acuerdo con Liberación y el frenteamplista José María Villalta, para avalar el plazo de tres meses, con tal de que la Gerencia de Pensiones de la CCSS determine el costo administrativo del traslado de funcionarios.

“Ha habido un frente de intereses para tirar hacia delante, para prorrogar una ley de este tipo, que establece límites”, indicó el legislador.