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La misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) evalúa si el programa de ajuste fiscal propuesto por el Gobierno, para equilibrar las finanzas públicas y evitar una crisis económica, requerirá de medidas compensatorias para los sectores de menos ingresos de la población.
La premisa es evitar que cualquier ajuste provoque una aceleración de la pobreza y la desigualdad, para lo cual se podría requerir de programas de transferencias sociales eficientes.
Manuela Goretti, jefa de la misión, les expuso a los sindicatos públicos que el FMI y el Banco Mundial estudia si se requerirá de medidas compensatorias.
Hasta ahora, aparte de contener el gasto público, el Gobierno ha propuesto las siguientes medidas para aumentar los ingresos estatales: creación del esquema de renta global, impuesto a los premios de la lotería y creación de un nuevo impuesto a las casas de lujo.
Además, propuso eliminar las exoneraciones del impuesto de renta al salario escolar del sector público, los excedentes de cooperativas y asociaciones solidaristas y los rendimientos de los fondos de pensiones complementarias. La propuesta sobre pensiones encara fuerte oposición en el Congreso.
Antes del inicio de las negociaciones, durante un encuentro con jefes de fracción, las ministras de la Presidencia y de Planificación, Geannina Dinarte y Pilar Garrido, respectivamente, también mencionaron la posibilidad de aumentar el impuesto al valor agregado (IVA) en un punto, o introducir un impuesto a las transacciones bancarias. No obstante, luego el ministro de Hacienda, Elian Villegas, negó esas opciones.
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El viernes 15 de enero, en el encuentro con sindicatos, la jefe de misión del FMI dijo: “Como parte de ese esfuerzo, estamos analizando cuestiones como si el paquete es muy regresivo, cuál es su impacto en los segmentos más bajos de la población, ¿empeora la desigualdad o la pobreza? Estamos haciendo esto no solo nosotros, también con los colegas del Banco Mundial que, como ustedes saben, son expertos mundiales en protección social y solución de la pobreza. Estamos analizando todas las medidas y evaluando cuál es el efecto distributivo”.
Agregó que los organismos debaten “medidas compensatorias” para aquellos puntos “que puedan llevar a impactar en el nivel de la pobreza”.
“Esto debe hacerse junto con programas de transferencias sociales que tienen que ser eficientes. No es un único abordaje, es un abordaje muy amplio, que no haya aceleración de temas como la pobreza y la desigualdad, que ya existían antes de la pandemia”, afirmó Goretti.
“Muchos de ustedes (los representantes sindicales) expresaron preocupación acerca del paquete fiscal que está siendo debatido. Ha habido transparencia plena. Las medidas que estamos revisando son las medidas que se presentaron en la prensa. Hubo una referencia al IVA, entonces esto es lo que está en el paquete fiscal publicado. Estamos pensando en las alternativas”.
“Estamos revisando el programa de reforma económica de Costa Rica, no estamos creando uno. Queremos que el proceso y el programa se adapte porque solo si cierra, si cumple los requisitos de sustentabilidad que son cruciales, solo en ese caso puede ser exitoso.
“Claro que estamos analizando también las finanzas públicas, las empresas del Estado, los egresos públicos, la evasión fiscal. Sabemos que la sostenibilidad de las finanzas públicas no es solo un proceso de ajuste, aunque eso es necesario, sino que se trata también de la reforma estructural fiscal que puede ingresar más eficiencia en la gestión del sector público”, continuó.
Lenin Hernández, secretario general del Sindicato Nacional de Enfermería y Afines (Sinae), confirmó que, en su exposición, Goretti dijo que “el Fondo se preocupa por el tema de que cualquier política económica, que se vaya a implementar ,no puede afectar a la parte social y a los sectores más vulnerables del país”.
Añadió que, de parte de los sindicatos, “se le explicó la diferenciación de nuestro país con respecto a otros países del orbe, donde a través de la seguridad social se le puede brindar esa seguridad de riqueza de servicios a la población en términos generales, por ejemplo en salud, que más del 95% de los costarricenses depende de la CCSS y no pasa lo mismo que en México, España e Italia”.
Por su parte, Martha Rodríguez, secretaria general de la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (Undeca), consideró que, más que hablar de mecanismos de compensación, la misión del FMI dijo que, en otras latitudes, ha planteado que cualquier programa debería evitar un impacto sobre los sectores de la población, “pero no se abordó el tema en el sentido de qué es lo que espera el Fondo Monetario Internacional con todo el programa”.
“Lo que sí queda claro de esa reunión es que hay una oposición desde el movimiento sindical a cualquier empréstito que comprometa el Estado social y democrático que ha regido en nuestro país”, dijo Rodríguez.
