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La ministra de Planificación, Pilar Garrido, desinfló la idea de los diputados de la Comisión de Gobierno y Administración de obtener financiamiento internacional para subirles el salario a unos 28.800 funcionarios públicos con la reforma al empleo público.
El planteamiento no es posible ni por la vía de un crédito ni por la vía de una donación, les expuso la jerarca a los legisladores en una carta enviada el 13 de enero.
El proyecto de empleo público pretende crear un esquema de salario global, para las diversas categorías de puestos en todo el sector público, en el que no existan los pluses.
La versión vigente del proyecto permitiría el traslado inmediato, al nuevo sistema, de los funcionarios actuales cuyos salarios queden por debajo del futuro salario global.
No obstante, el Ministerio de Planificación (Mideplán) estima que ese portillo le demandaría al Estado ¢32.240 millones anuales que hoy no tiene, por lo que insiste en que esos funcionarios continúen con el sistema de pluses hasta alcanzar, de manera gradual, el nivel salarial del nuevo esquema.
El 12 de enero, durante una reunión sostenida en la Asamblea Legislativa, los diputados de la Comisión le pidieron al Gobierno identificar y valorar opciones para financiar el traslado inmediato de los 28.800 funcionarios.
Según la carta, los diputados aportaron cinco ideas:
1. Un préstamo internacional
2. Un financiamiento no reembolsable (una donación)
3. Utilizar el crédito que el Gobierno negocia con el FMI
4. Emplear superávits de instituciones públicas
5. Utilizar los recursos que generaría la eliminación de la exoneración del impuesto de renta del salario escolar de los funcionarios públicos
Sobre el préstamo internacional, la ministra explicó que la idea es inviable porque la regla fiscal prohíbe al Gobierno obtener préstamos internacionales, salvo para reducir el endeudamiento o para invertir en infraestructura, cuando la deuda pública supere el 60% del producto interno bruto (PIB). Actualmente, el país está en este escenario.
Aún así, precisó que un crédito para financiar el aumento salarial ascendería a unos ¢96.720 millones para cubrir, al menos, los tres primeros años.
Un préstamo de ese tipo, continuó, les demandaría a los contribuyentes casi ¢11.700 millones adicionales en costos financieros, estimando una tasa de interés mínima del 2%, tres años de gracia y un plazo de cinco años para pagar.
“Aumentaría el gasto corriente y generaría un faltante que ampliaría la brecha fiscal de los próximos años. Asimismo, impactaría negativamente la trayectoria de la deuda pública, desmejorando la situación macroeconómica del país”, agregó.
La opción del crédito había sido mencionada por la bancada de la Unidad Social Cristiana (PUSC), aunque ahora su jefe de fracción, Rodolfo Peña, rechaza esta idea.
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La donación
El diputado fabricista Jonathan Prendas, del bloque Nueva República, planteó que había hecho una consulta no oficial al Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre un financiamiento no reembolsable.
Al respecto, la titular de Planificación expuso en la carta: “Esta sería la opción más favorable para el país, pues no tendría costo. Sin embargo, luego de haber consultado personalmente a los organismos multilaterales (FMI, BID y Banco Mundial), la respuesta como era previsible fue negativa, en todos los casos”.
Actualmente, el Gobierno negocia con el FMI un financiamiento de $1.750 millones (cerca de ¢1 billón) a cambio de emprender un ajuste fiscal que equilibre las finanzas públicas y le evite al país entrar en una crisis más severa.
Los diputados plantearon utilizar parte de ese dinero para financiar el aumento salarial de los 28.800 funcionarios públicos.
La ministra rechazó esa opción con el siguiente argumento: “Los recursos del servicio ampliado del FMI tienen el propósito de financiar necesidades ya existentes (con mejores condiciones), no nuevas necesidades, o bien, mejorar el perfil de la deuda pública con tasas de interés menores que el mercado doméstico y mayores plazos, para mitigar el riesgo de refinanciamiento”.
Sobre utilizar superávits de instituciones públicas, la ministra les recordó a los diputados que el Poder Ejecutivo había planteado un proyecto de ley para tomar ¢217.000 millones de estos superávits para pagar deuda, y que el Congreso redujo la cifra a menos de ¢100.000 millones.
Además, al final, buena parte de esos recursos debieron utilizarse para tapar el hueco fiscal que los diputados abrieron al reducir el marchamo del 2021.
En todo caso, apuntó Garrido, las prioridades del país hoy son otras: “Aun en el caso de que pudiera disponerse de recursos de otras instituciones, se considera que la prioridad de gasto más acuciante del Estado costarricense, en estos momentos de crisis, debería estar orientada a medidas que fomenten la creación de empleos, la recuperación de la economía y la inversión social, no al aumento salarial de las personas servidoras públicas”.
La última de las opciones es utilizar los recursos que generaría la eliminación de la exoneración fiscal que tienen los funcionarios con el pago del salario escolar, propuesta incluida en el proyecto de ley de eliminación de exoneraciones.
Esa medida generaría recursos anuales equivalentes al 0,12% del PIB, cerca de ¢43.000 millones.
“El inconveniente de esta medida es que estos recursos ya están incorporados dentro del flujo de ingresos adicionales del Ministerio de Hacienda y son clave para el ajuste fiscal requerido para el Acuerdo de Facilidad Ampliada con el FMI, por lo que no se podrían utilizar para financiar nuevos gastos”, dijo Pilar Garrido.
La ministra insistió, entonces, en que la reforma al empleo público propicie un traslado paulatino de los funcionarios actuales que estén por debajo del salario global: “No se crearían nuevos gastos, de golpe, sino que el traslado se haría de forma gradual, año a año, a medida que se vayan pagando las anualidades”.
“Se favorecería la sostenibilidad de las finanzas públicas, en una coyuntura donde esto es clave para la estabilidad macroeconómica. El Poder Ejecutivo considera que esta es la alternativa correcta y la más responsable desde la perspectiva fiscal”.
Reacciones de diputados
Luis Fernando Chacón, jefe de fracción de Liberación Nacional (PLN), declaró que a algunos diputados les preocupa la posibilidad de que funcionarios actuales entablen litigios contra el Estado por la reforma al empleo público, por lo que instaron a buscar fondos ya que, aún así, habría un saldo positivo en términos de ahorro.
No obstante, dijo que también le inquieta “el mensaje que se daría en un momento en medio de una crisis, donde el sector público no se ha visto afectado, el privado sí, con reducción jornadas totales o parciales”.
“No parece el momento para hacerlo”, agregó.
Pablo Heriberto Abarca, diputado del PUSC, alegó que el Gobierno tiene un plan y “no quiere salirse” e insistió en buscar recursos para financiar el traslado inmediato.
“De ese plan del FMI, toman en cuenta proyectos que no tienen viabilidad política, de cualquier manera se va a descuadrar. Nunca ha sido viable para nosotros pedir un empréstito, hemos sugerido que se usen recursos existentes de algún lado para cubrir ese rubro, solo el primer año. Respuesta refleja que no hay disposición de hacerlo”.
“Estamos en un periodo de construcción, nada está determinado, hemos hecho sugerencias, las fracciones van a verlo el lunes y no hay nada concluido. No estamos radicalizados, solo estamos sugiriendo”, declaró Abarca.
En tanto, Víctor Morales Mora, diputado de Acción Ciudadana (PAC) y presidente de la Comisión de Gobierno y Administración, expuso: “La ministra concluye que, en este momento, no hay posibilidad, no es cierto que haya una oferta de recursos para hacer eso”.
“Ha habido espacio de convergencia de fracciones. El salario global es tema álgido, tenemos afinada una redacción para reformar lo que está en el dictamen, de manera que los funcionarios públicos que tienen salario compuesto inferior a un eventual salario global se mantengan ahí únicamente recibiendo ajustes de anualidades, costo de vida no se mueve, porque está congelado por regla fiscal y relación deuda/PIB”, dijo Morales.
