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La fracción legislativa del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) propone que el país se endeude internacionalmente para financiarle un aumento salarial a un grupo de unos 28.000 funcionarios públicos.
Así lo planteó el jefe de bancada socialcristiana, el diputado Rodolfo Peña, durante una reunión extraoficial de los legisladores de la Comisión de Gobierno y Administración, en donde se discute el proyecto de ley de reforma al empleo público.
Ese plan intenta poner orden en el pago de remuneraciones en el sector público al establecer el salario global para funcionarios actuales y futuros. A ellos les daría un sueldo único competitivo, sin necesidad de los 260 pluses que disparan el gasto del Estado y desequilibran las remuneraciones entre instituciones (hay hasta 600% de desnivel para un mismo puesto en distintas entidades estatales).
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Sin embargo, a 13 meses de las elecciones nacionales, el PUSC insiste en defender la versión actual del plan, la cual provocaría un incremento inmediato de ¢32.200 millones anuales en el gasto público. Esa erogación se mantendría por 12 años.
El texto actual, propuesto por el también socialcristiano Pablo Heriberto Abarca, permitiría el traslado inmediato al nuevo sistema de los funcionarios actuales que ganen por debajo del salario global.
Según una estimación elaborada por el Ministerio de Planificación, ese portillo beneficiaría a casi 27.000 funcionarios en el Gobierno Central y a 1.700 en el resto del sector público.
El cambio le demandará ¢25.700 millones adicionales por año al Gobierno y ¢6.500 millones al resto del Estado, por lo que Mideplán pide a los diputados cambiar el proyecto y establecer que esos funcionarios continúen con el sistema de pluses hasta que alcancen el salario global.
No es un gasto, ‘es una inversión’
El diputado Rodolfo Peña declinó hablar con La Nación y delegó el tema en su compañero Pablo Heriberto Abarca.
Este último aseguró que ese gasto se podría pagar con créditos de bajo interés, financiamiento no reembolsable o, incluso, utilizando los ahorros que le ha dejado al país la aplicación de la reforma fiscal.
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En diciembre, los diputados de oposición dejaron morir un préstamo con condiciones blandas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que el Gobierno pretendía usar para mejorar la calidad de la deuda, con una tasa de interés del 2,8%, muy diferente a la tasa doméstica superior al 8%.
“Es una inversión que nos parece relevante para evitar el riesgo de litigio y que tenga efecto de inmediato y no a lo largo de 12 años”, alegó el turrialbeño.
Adujo también que, según los números del Mideplán, la reforma al empleo público traería ahorros ya en el segundo año de su vigencia.
Esta reforma es un eje fundamental en la propuesta de ajuste fiscal que el país negocia con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para acceder a un financiamiento de $1.750 millones.
En la reunión entre diputados, también participaron los liberacionistas David Gourzong, Jorge Fonseca y Luis Fernando Chacón, así como el fabricista Jonathan Prendas, la independiente Zoila Volio y el oficialista Víctor Morales Mora, presidente de la Comisión de Gobierno.
El independiente Jonathan Prendas también ha venido planteando que el Estado busque posibilidades de tener los recursos para aumentar el salario a esos empleados públicos vía financiamiento.
Su argumento es que eso permitiría evitar la disparidad entre funcionarios públicos con los mismos trabajos de entrada.
“Opciones hay muchas, desde ajustes con las deudas del mercado interno, que le darían al Gobierno acceso a ¢1 billón, hasta negociar los alquileres del Ejecutivo, o pedir algún empréstito o ayuda no reembolsable”, indicó.
Aunque Luis Fernando Chacón, jefe del PLN, dijo que Prendas ya había planteado que, desde el bloque Nueva República se había hecho una consulta no oficial al FMI sobre una salida de ese tipo, el fabricista dijo que es al Gobierno al que le toca buscar la opción y hablar con alguna multilateral.
“Nosotros pusimos las alternativas que todos conocemos y podemos generar. El Gobierno es el que tiene que tocar las puertas y definir cuál toma”, indicó.
Liberación no vería mal el planteamiento de la Unidad y los independientes de Nueva República, apuntó Chacón, pero en el caso de que se busque la vía del financiamiento no reembolsable.
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“Si se da esta posibilidad, en el primer año no se reflejaría la recuperación, sino a partir del segundo, cuando el Estado empezaría a ahorrar un 1,66% del producto interno bruto (PIB)”, dijo el liberacionista.
La independiente Zoila Volio opinó que el planteamiento de la Unidad podría ser complicado en momentos de pandemia, cuando los organismos internacionales tienen puestas sus prioridades en otros asuntos.
Agregó que, en ese caso, la mejor opción sería a través de dinero no reembolsable o un préstamo que, a la vez, se pague con el ahorro que el proyecto de empleo público genere.
Por su parte, Morales dijo que buscaría conversar ese planteamiento con las autoridades económicas del gabinete, para buscar espacios de encuentro con la oposición.
El legislador agregó que se prevé abrir el espacio para tramitar las mociones de fondo el jueves y agregó que se discutirían a partir del martes de la próxima semana en la Comisión de Gobierno, oficialmente.
