Ocho diputados de la comisión legislativa de Gobierno y Administración aprobaron, la tarde de este martes, una moción que incluiría a los empleados públicos actuales en el esquema de salario global contemplado en la reforma al empleo público.

El salario global consiste en otorgar un salario competitivo por sí solo, sin necesidad de los pluses salariales que disparan el gasto público conforme pasan los años, como ocurre en la actualidad.

Los legisladores incorporaron una moción del socialcristiano Pablo Heriberto Abarca, apoyada por los independientes Jonathan Prendas y Dragos Dolanescu que, primero, elimina el artículo 37 del proyecto de ley y, acto seguido, modifica el artículo 34 de un texto avalado por el Gobierno.

El primero dejaba claro que los actuales servidores seguirían recibiendo el salario compuesto por salario base más pluses que disparan el gasto y, el segundo, establecía que el nuevo esquema global solo aplicaría para futuras contrataciones.

Luego, en un transitorio, se detalla la implementación del salario global para actuales funcionarios, pero respetando los beneficios negociados en convenciones colectivas mientras estas sigan vigentes.

La nueva redacción del artículo 34 dice así: “Todas las instituciones de sector público se incluirán en este régimen salarial unificado basado en la columna salarial global. Todas las personas servidoras públicas serán remuneradas de acuerdo con esta ley, incluidos los servidores actuales”.

“Se publicará la columna salarial global y los puestos de todas las calificaciones asignadas a la columna salarial”.

Finalmente, la misma moción establece un transitorio que desglosa la implementación del nuevo esquema para actuales servidores.

Aquellos empleados que reciban un sueldo superior al futuro salario global conservarán su remuneración, pero solo recibirán incrementos por aumento de costo de vida sobre su salario base hasta que el monto del nuevo régimen los alcance.

Cuando ambos se equiparen, pasarán al nuevo régimen.

En tanto, los empleados públicos que devenguen un salario inferior al global, al entrar en vigor la ley, tendrán la posibilidad de emigrar voluntariamente al nuevo esquema en los próximos seis meses.

Si no lo hacen en ese tiempo, continuarán recibiendo la remuneración actual compuesta por salario base más pluses hasta que alcancen el salario global.

A partir de ese momento, migrarán automáticamente al sistema de salario global y, en adelante, solo recibirán aumentos salariales por aumento en el costo de vida.

Votaron a favor de la moción los legisladores Luis Fernando Chacón, Jorge Fonseca y David Gourzong, del Partido Liberación Nacional (PLN); Pablo Abarca, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); y Víctor Morales Mora, del Partido Acción Ciudadana (PAC).

De igual modo, lo aprobaron el fabricista Jonathan Pendas y los independientes Dragos Dolanescu y Zoila Volio.

Solo se opuso Pedro Muñoz, congresista del PUSC, quien alegó que agregar la moción de su compañero de fracción al texto genera un problema de conexidad.

Muñoz comentó que la exposición de motivos de la iniciativa presentada por el Gobierno, deja claro que el salario global sería para futuras contrataciones. Sin embargo, deja la opción de que los actuales puedan emigrar al nuevo régimen.

Al respecto, Abarca aclaró: “El tema de fondo de la conexidad es si se habla o no de funcionarios actuales, pero en la exposición de motivos se menciona a los actuales y, al citarlos, hace conexo cualquier mecanismo que se utilice para incorporarlos”.

Previo al debate, Luis Fernando Chacón, jefe de bancada del PLN, dijo que con este cambio se pretende dar un “equilibrio, razonabilidad y proporcionalidad al empleo público", así como atenuar la crisis fiscal.

“Podemos lograr un equilibrio donde no sigamos pagando pluses, no sigamos pagando gollerías y beneficios a costarricenses que tienen privilegios que otros no tienen. De manera tal que hay que garantizar un trabajo digno, pero que no afecte a otros costarricenses por tener privilegios”, señaló.

Nuevo texto

La comisión de Gobienro y Administración también acogió un texto sustitutivo de la reforma, en una votación que quedó 5 votos a favor y 4 en contra.

Este plan fue negociado entre el Gobierno, el PLN, PAC y la independiente Zoila Rosa Volio. Su redacción deja claro que su ámbito de implementación incluiría a los tres poderes de la República y sus órganos adscritos y auxiliares, así como al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

También cobijaría al sector público descentralizado, integrado por instituciones autónomas y sus órganos adscritos, incluidas universidades estatales, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y empresas públicas en competencia como el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), el Instituto Nacional de Seguros (INS) y los bancos públicos, los cuales estaban excluidos en la versión original.

Votaron a favor los tres legisladores del PLN, Morales y Volio. En contra se manifestaron Abarca, Muñoz, Prendas y Dolanescu. Abarca tenía su propio texto sustitutivo, el cual fue rechazado.

La nueva redacción consensuada con el Gobierno excluía de la reforma a los empleados actuales, pero los diputados de la comisión aprobaron luego la moción de Abarca que incluye a estos servidores.

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En la misma sesión, los diputados de Gobierno y Administración aprobaron una moción del liberacionista David Gourzong. Esta ampliaría el ámbito de aplicación a las municipalidades, consejos municipales y sus empresas.

De nuevo, solo el socialcristiano Pedro Muñoz votó en contra. El legislador asegura que a la propuesta de Gourzong le falta especificidad.

"Es demasiada general como lo es el texto del Gobierno. Dice que las empresas e instituciones públicas en competencia se regirán única y exclusivamente por los principios contenidos en la ley. Sería bueno saber a qué se refiere con el término principios”, señaló Muñoz.

El texto sustitutivo también mantiene el principio de negociación de convención colectiva. El exdirector general del Servicio Civil, José Joaquín Arguedas, advirtió de los riesgos de esa parte del plan.

“Se elevarían a rango de ley las convenciones colectivas, con lo cual la propia reforma carecería de sentido. Al cabo de tres años, se terminaría con los ahorros aun si se aplicara un esquema de salario global a todos los empleados, porque los sindicatos podrían hacer este tipo de negociaciones con el Gobierno”, aseveró Arguedas hace dos semanas a La Nación.

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Al respecto, el socialcristiano Abarca dijo que hay anuencia en presentar regulaciones en esa materia, una vez que se abran los espacios de revisión, posterior al dictamen de la reforma.

“En el tema de convenciones estoy convencido que es necesaria una regulación que hay que armarla muy bien. Es una construcción que debemos de continuar”, explicó Abarca.

Por otra parte, el plan deja en poder del Ministerio de Planificación (Mideplán) la rectoría, gobernanza, planificación y organización del empleo público.

Sobre ese tema, la jerarca de Planificación, Pilar Garrido, ha explicado que, en el capítulo de empleo público, la reforma fiscal del 2018 otorgó la rectoría del empleo público a su cartera.

Premios por desempeño

En esa línea, la reforma dejaría en manos de Mideplán las evaluaciones por desempeño.

La redacción dice que los incentivos no monetarios, que deberán ser definidos por esa cartera, serán para trabajadores que hayan cumplido con una calificación mínima de “bueno” o su equivalente numérico en la evaluación de desempeño.

Por ejemplo, un 80% de la calificación anual se realizará sobre el cumplimiento de las metas definidas para cada funcionario. El restante 20% será responsabilidad de la jefatura o superior, según el artículo 27 de esa iniciativa.

Luis Fernando Chacón, jefe de fracción del PLN, adelantó que la reforma al empleo publico podría ser dictaminada este miércoles. La discusión por el fondo inició la tarde de este martes, pero el tiempo no alcanzó para votarla.