Según un audio del encuentro, al cual La Nación tuvo acceso, los sindicatos cuestionaron el plan de empleo público, el cual constituye el eje central de la propuesta de ajuste fiscal del Gobierno en materia de contención del gasto.

Goretti les hizo ver a los gremios que este proyecto fue planteado por las autoridades costarricenses incluso antes de que el país solicitara al FMI negociar un acuerdo de Servicio Ampliado de Fondos, con el objetivo de ayudar a balancear el fuerte déficit de las finanzas públicas.

La jefa de misión dijo tras escuchar a los sindicatos: “Hubo mucho cuestionamiento de la ley de la reforma del empleo público. Creo que se presentó en abril (del 2020) y antes de haber tenido algún tipo de debate sobre el Servicio Ampliado del Fondo. Vemos esto como un proceso impulsado por Costa Rica”.

“Entonces, como expertos y como la jefa de la misión de Costa Rica, le pedí a mi equipo que revise el borrador y vemos que el borrador es coherente con las mejores prácticas internacionales, lo que ha sucedido en otros países que cumplen estos estándares, pero claro que es solamente una parte del proceso.

“Hay muchas etapas que afectan el proceso, no solamente la ley, sino también la reglamentación, posterior implementación y muchas cuestiones que tienen que ser aclaradas. Entonces, creemos que esto debería hacerse en el contexto, por supuesto, de un proceso pacífico, que es muy importante, y democrático.

“Sabemos que la ley está en el Congreso, va a haber debates; posiblemente, va a haber una revisión constitucional y estos estándares es lo que sucede en todos los países y creo que es importante, porque tiene que ser algo que sea coherente con la Constitución, es de suma importancia.

“Es algo también impulsado por Costa Rica; su propio proceso democrático está muy bien establecido”.

Martha Rodríguez, secretaria general adjunta de la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (Undeca), confirmó que la opinión del FMI es que el proyecto de empleo público es coherente con estándares internacionales, pero alegó que esa opinión no es de recibo para el movimiento sindical.

“El proyecto de empleo público en nada viene a contribuir en la eficiencia del sector público. Eso es más que todo retórica. En realidad el mensaje que, de alguna manera ciertos funcionarios de nuestro país le han dado al Fondo Monetario Internacional, no es coherente. Pueda que digan que es congruente con las mejores prácticas, pero no es coherente con los objetivos que tiene el proyecto de empleo público”, afirmó.

Lenin Hernández, secretario general del Sindicato Nacional de Enfermería y Afines (Sinae), confirmó la opinión emitida por la jefa de misión del FMI sobre el proyecto de empleo público, pero señaló que no fue más específica sobre los estándares internacionales.

El espíritu del proyecto

El Gobierno presentó una primera reforma de empleo público en abril del 2019. Luego, envió al Congreso un nuevo texto en mayo del 2020. Este proyecto había sido anunciado como un complemento de la reforma fiscal del 2018.

La columna vertebral del proyecto es la creación de un nuevo esquema de salario global, en sustitución del sistema actual, de salario compuesto, que provoca fuertes distorsiones salariales en el sector público.

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Costa Rica es el país que mayor porcentaje de sus ingresos gasta en el pago en salarios públicos, entre los países miembros de la organización.

Este gasto consume el 50% de los ingresos corrientes del Gobierno, más del doble del promedio de la OCDE, que es de un 25%.

Según la Organización, la situación obedece a un régimen salarial “sumamente fragmentado” y “difícil de controlar”, en el que existen más de 260 pluses salariales, los cuales varían entre instituciones, algunos creados por convenciones colectivas.

En consecuencia, las diferencias salariales para un mismo puesto, entre entidades estatales, puede ser hasta de un 600%.

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Algunos pluses, además, dependen de factores como la antigüedad del funcionario, como ocurre con las anualidades, lo que dispara el gasto conforme pasan los años.

La reforma al empleo público implementaría el principio de a igual trabajo, igual salario, estableciendo salarios competitivos por sí solos, sin necesidad de pluses, para las diversas categorías de puestos distribuidas en ocho familias laborales para todo el Estado: profesionales y no profesionales, ciencias de la salud, policías, educadores, universitarios, judiciales, del Servicio Exterior y de confianza.

La versión actual del texto cubre a actuales y futuros funcionarios públicos. En el caso de los actuales, se establece que se respetará el salario acumulado a la entrada en vigor de la ley, pero ya no se sumarán nuevos aumentos por pluses.

Los diputados todavía discuten qué hacer con los funcionarios cuyos sueldos actuales queden por debajo del futuro salario global. El Ministerio de Planificación (Mideplán) se inclina por un traslado gradual, permitiéndoles continuar con el sistema de pluses hasta que alcancen el nuevo esquema, pues un traslado inmediato le demandaría ¢32.000 millones anuales al Estado.

Mideplán estima que la reforma podría generar, para el 2023, un ahorro equivalente al 0,81% del producto interno bruto (PIB), año en el que el Gobierno aspira a alcanzar un superávit primario en las finanzas públicas, como parte de la propuesta para el FMI.

FMI: los números deben cerrar

El planteamiento del Poder Ejecutivo al Fondo Monetario incluye otras medidas, como recortes de presupuesto, la eliminación de exoneraciones de impuestos, la creación del esquema de renta global y un nuevo impuesto a las casas de lujo.

Al respecto, Manuela Goretti dijo que el Fondo debe cerciorarse de que las cuentas cierren.

“Este es el programa de Costa Rica; entonces, ¿cuál es nuestro rol? Somos expertos técnicos; aprendemos de la experiencia internacional de muchos países del mundo que puede o no usarse en Costa Rica, pero estamos haciendo una evaluación, una revisión técnica”.

“Estamos analizando cuáles son las posiciones macro; vemos cuáles son las medidas que presentan las autoridades y que están siendo debatidas y evaluamos si todo el paquete general, digamos, cierra. Claro que la sustentabilidad de las finanzas públicas es un tema crítico para el país en este momento.

“Lo que queremos hacer es ver el programa que el país está diseñando y nuestra evaluación técnica es para que el programa siempre cierre y enviar una señal positiva, en dirección de ustedes, para decir ‘bueno, está por buen camino el programa, va por buen camino, necesita o va a recibir el apoyo de entidades internacionales, o de los mercados’, y eso va a ayudar al tema de sustentabilidad; y esto es lo que solicitaron las autoridades: un acuerdo o un arreglo a tres años que permite, quizás, gradualizar el esfuerzo de la reforma.

“No se fuerza al país a hacer todo al principio, concentrar los esfuerzos al principio. Entonces, ahí vemos nosotros nuestro valor agregado, nuestra experiencia técnica y la capacidad de catalizar el respaldo de los mercados y otras entidades de una forma suave para minimizar el impacto en la economía y, sobre todo, en la población.

“Nosotros estamos con nuestros expertos en estadísticas y tratando de compilar la consolidación de las cuentas del Gobierno Central y de los organismos desconcentrados, están trabajando con nosotros y con las estadísticas del Gobierno los expertos internacionales. Este es solo un ejemplo. Esto tiene que ser un proceso impulsado por Costa Rica para que sea exitoso”.

El Gobierno empezó las negociaciones con el FMI el 11 de enero y se prevé que la ronda de reuniones terminará el viernes 22 de este mismo mes.