Hoy, una secretaria del Poder Judicial puede ganar ¢1.179.000 mensuales, mientras que una del Gobierno central recibe ¢261.000 por desempeñar las mismas funciones.

Esas disparidades son las que se quiere evitar con el proyecto de Ley de Reforma al Empleo Público, el cual fue presentado este lunes ante la Asamblea Legislativa por la ministra de Planificación, Pilar Garrido.

La administración Alvarado Quesada optó por proponer un sistema de salario único para los futuros funcionarios, es decir, uno en el que los sueldos sean competitivos por sí solos y no tengan componentes adicionales que provoquen un crecimiento exponencial en el gasto público, como ocurre en la actualidad.

La idea es ordenar las condiciones de empleo para todos los funcionarios públicos mediante la unificación de beneficios.

Con esta medida, el gobierno estima que el Estado percibirá un ahorro que crecerá paulatinamente, aunque al principio no lo habría en vista de que deberá ofrecer sueldos más competitivos a los nuevos empleados.

“Es una apuesta de largo plazo”, dijo la ministra Garrido.

Al principio, el Estado tendrá que pagar a los nuevos funcionarios sueldos más altos que los actuales salarios base.

Los sueldos de hoy tienen el problema de que tienden a crecer con el tiempo gracias a incentivos como las anualidades. Antes de la reforma fiscal, un salario base de ¢500.000 podía subir a ¢5,3 millones en 40 años solo por anualidades. La reforma atenuó ese efecto a unos ¢2 millones, pero aún es considerable.

¿Cómo se calcularían los nuevos salarios? La jerarca de Planificación explicó que se tendrán que ponderar tres factores en cada puesto. El primero es la cantidad de incentivos permanentes que recibía el cargo con el sistema actual.

El segundo es el rango salarial que recibe ese mismo puesto en el sector privado y el tercero es el pago que percibe el cargo en alguna otra institución pública. La intención es que se “guarde equidad”, según Garrido.

Ella puso como ejemplo una secretaria del Poder Ejecutivo con un salario de ¢261.000, el cual está en desventaja frente a los de otras instituciones. Con la reforma, los ministerios tendrían que ofrecer un sueldo competitivo de entrada, mientras que en las demás entidades más bien se tendría que atenuar el salario para las nuevas secretarias.

Entonces, el salario de este tipo de profesionales podría homologarse en ¢440.000 en todos los casos.

¿Tiene el Estado el dinero para aumentar los sueldos a los nuevos funcionarios? La jerarca respondió que no esperan un impacto fuerte porque los funcionarios nuevos solo entran por dos razones: apertura de plazas, que por ahora están congeladas, y reemplazos por pensión o renuncia.

En su criterio, el gasto tan alto que representa un funcionario de vieja data y el lento ritmo del reemplazo generarían un impacto nulo, si se aplica el cambio.

El Ministerio de Planificación (Mideplán) estima que, entre el 2019 y el 2022, se pensionará entre el 9% y el 12% de los funcionarios.

Si bien el objetivo es que exista una única ley que regule el empleo público, con esta reforma seguirían existiendo ocho subregímenes, para diferenciar las condiciones entre Gobierno central, universidades estatales y el Poder Judicial, por ejemplo.

Según la ministra de Planificación, el salario global se calculará de manera diferenciada para los distintos subregímenes.

Sin embargo, se tendrán que respetar estas dos reglas:

-Ningún salario podrá ser más alto que el del presidente de la República (¢6,6 millones, equivalentes a 25 salarios base según la reforma fiscal). “Todo el mundo se tiene que alinear de ahí para abajo”, dijo Garrido.

-A igual trabajo, igual salario en condiciones de eficiencia idénticas en puesto y jornada.

Dentro del proyecto hay metodologías de cálculo para ciertos subregímenes. Por ejemplo, en el caso de los docentes, hoy los de primaria ganan por jornadas y los de secundaria por lecciones. La propuesta es equiparar a todos a lecciones y que todos ganen lo mismo en condiciones similares.

En el caso de otras instancias, dependiendo de la especialidad del tema, cada subrégimen definirá las condiciones. “Por ejemplo, a las universidades les vamos a decir cuáles son los topes y cuáles son los postulados de cálculo, pero no vamos a entrar a decirles cuánto va a ganar un científico que gestiona el ciclotrón (un celerador de partículas de la UCR que ayudará a detectar el cáncer)”, sostuvo la ministra.

Las nuevas reglas aplicarán para los nuevos empleados, con la opción de que los actuales funcionarios se acojan a este sistema de pago.

Estas condiciones regirán para los tres poderes de la República, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), el sector descentralizado y las municipalidades, en suma, todas las instituciones excepto los entes públicos no estatales.

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Los incentivos que quedarían: solo el 30% recibiría pago monetario

Aunque el proyecto no toca los pluses que reciben los empleados actuales, sí propone dos modalidades de incentivos: los monetarios y los no monetarios.

Los primeros consistirán en un 10% de un salario adicional, que se otorgaría en junio a los funcionarios con un desempeño “excelente” o “sobresaliente”.

No obstante, este beneficio solo se entregará al 30% de la planilla.

En cuanto a los incentivos no monetarios, se reconocerán a quienes alcancen una calificación “muy buena” y se definirán de acuerdo con la índole del puesto.

La reforma también ofrece a los funcionarios públicos beneficios como teletrabajo, horarios flexibles, permisos para cuidadores, licencias de paternidad y extensión de la licencia por maternidad hasta por seis meses en casos calificados. Actualmente, este último rubro es de cuatro meses.

Dentro de las aspiraciones del proyecto, se encuentra lograr que los incentivos que reciben los empleados públicos estén vinculados con el cumplimiento de objetivos institucionales.

Según el más reciente informe sobre los esquemas remunerativos del sector público, elaborado por la Contraloría General de la República (CGR), sólo siete de los 260 incentivos que paga el sector público a sus empleados están ligados a sistemas de evaluación. Es decir, que los beneficiarios los reciben sin necesidad de cumplir metas.

Según ese estudio, que incluyó a 189 instituciones del sector público, 24 de estas destinan más dinero al pago de esos pluses que al de salarios base.

De hecho, actualmente, algunos funcionarios reciben más sueldo por incentivos que por salario base, lo que incluye el pago de privilegios como anualidades, dedicación exclusiva o carrera profesional.

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Subregímenes

La iniciativa de ley es un documento de siete capítulos que toca las siguientes aristas: planificación del empleo, organización del trabajo, gestión de este, desarrollo del personal, remuneraciones y conciliación de la vida laboral y familiar.

En primera instancia, la propuesta es reducir a ocho los 14 subregímenes que existen actualmente. Quedarían los siguientes:

-Servidores públicos en general

-Policía

-Ciencias médicas

-Educadores

-Universidades

-Personal de confianza

-Servicio exterior

-Poder Judicial

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