El Estado tendría margen para despedir a sus empleados deficientes según sus calificaciones, según la propuesta de ley de empleo público que el Gobierno les presentó a los sindicatos para su consulta.
La propuesta, elaborada por el Ministerio de Planificación (Mideplán), indica que serían despedidos quienes fallen en las evaluaciones de desempeño en forma consecutiva.
“Tres evaluaciones del desempeño consecutivas inferiores a una calificación del 70%, que estén en firme, previo procedimiento de impugnación de la calificación, serán causal de despido de la o el servidor público”, indica en el artículo del Régimen de Despido.
Continúa: “Todo despido justificado se entenderá sin responsabilidad para el Estado y hará perder al servidor todos los derechos que esta ley concede, excepto los adquiridos conforme a los regímenes de pensiones vigentes".
Las evaluaciones, a partir de esta ley, serán obligatorias para los empleados de todo el sector público, incluidos los tres poderes de la República, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), las instituciones descentralizadas y las municipalidades.
Bajo este régimen, para cualquier despido con justificación, los empleados tendrán plazos e instancias para reclamar la decisión del jerarca de la institución o ante un tribunal administrativo.
Para otros casos, cuando el empleado incurra en una falta a las leyes o reglamentos de trabajo, la propuesta de ley también contempla la “suspensión provisional”.
“Si el cargo o los cargos que se imputan a la o el servidor público implican responsabilidad penal o cuando sea necesario para el buen éxito de la investigación o para salvaguardia de las dependencias públicas, el jerarca respectivo podrá decretar en su resolución inicial, la suspensión provisional en el ejercicio del cargo de la o el servidor público, informando lo correspondiente a Mideplán”, añade el proyecto.
Descensos
Así como pueden ser despedidos, los empleados también podrían ser descendidos de los puestos en los que fueron contratados, de acuerdo con esta propuesta.
Podría ser por incapacidad o deficiencia en el desempeño, y luego de un procedimiento administrativo en el cual se pueda defender. En estos casos, también cabrá el recurso de apelación, revocatoria o reconsideración.
Sobre este último punto, no aclara si implica variaciones salariales.
El presidente de la República, Carlos Alvarado, ha insistido en la necesidad de una reforma de empleo público que haga más eficiente la función pública. Lo mismo ha dicho la ministra del Mideplán, Pilar Garrido.
Por ello, el gobierno también propone que los funcionarios sean puestos a prueba por un periodo de tres meses para comprobar que están aptos para el puesto.
De aprobarse la ley, estas condiciones entrarían a regir año y medio después, mientras que su reglamento estaría listo en seis meses.
Sus condiciones, según el texto, derogan toda ley existente que se oponga.
