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Como si hubiese suficiente tiempo por delante, la Junta Directiva de la CCSS decidió la noche del jueves postergar la aprobación de medidas para garantizar la sostenibilidad de las pensiones del IVM.
El tema empieza a politizarse de nuevo, pese a ser una materia sumamente técnica y urgente. Detrás de esto, existe toda una historia de indecisiones políticas:
En el 2017, durante el gobierno de Luis Guillermo Solís, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) creó una mesa de diálogo multisectorial para rescatar financieramente el régimen de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
La mesa trabajó durante varios meses y, al final, recomendó 33 medidas de efecto muy limitado. El grupo evadió las decisiones que sí podrían garantizar la sostenibilidad de las pensiones, como subir la edad de pensión, aumentar el número de cuotas o reducir el monto de las pensiones.
Ninguna de esas decisiones es, en principio, popular ni bonita, sobre todo cuando los procesos se politizan, como está ocurriendo en este caso y en muchos otros.
El error puede estar en la forma en que los actores políticos se plantean los dilemas. Veamos tres opciones:
-¿Pasaré a la historia como la persona que aumentó la edad para jubilarse o que aprobó reducir el cálculo de la pensión?
-¿Pasaré a la historia como la persona que garantizó la sostenibilidad de las pensiones por varias décadas más?
-¿Pasaré a la historia como la persona que, por no tomar decisiones, condenó al sistema a la quiebra y dejó a miles de personas sin pensiones en el futuro?
Lastimosamente, buena parte de los actores políticos, sean de partidos políticos o gremiales, solo se basan en el primer dilema, por tener efectos inmediatos en su imagen pública.
Desafortunadamente, la oposición también suele basarse en esos criterios de corto plazo para ejercer su control político.
Sobre el segundo dilema, una respuesta positiva genera réditos en el largo plazo y requiere, en el presente, de una comunicación política clara y convincente, algo no muy usual en estos tiempos.
En cuanto al tercer dilema, es fácil cerrar los ojos y pensar que eso podría ocurrir en dos o tres décadas, cuando nadie se acordará de la decisión tomada en el presente.
Así es, justamente, como hoy casi nadie se acuerda de los políticos que crearon las pensiones de lujo y con cargo al Presupuesto Nacional que hoy tienen a los contribuyentes asfixiados.
Estas jubilaciones hoy demandan casi un 10% del Presupuesto para cubrir solo al 1,5% de la población (unas 74.000 personas).
A la fecha, el Gobierno todavía recibe solicitudes de pensiones de Gracia y Guerra y, recientemente, conocimos que el Gobierno tendrá que devolver dos pensiones de ¢7,9 millones cada una a las hijas de dos exdiputados que gozaron de pensiones por haber pasado cuatro años en la Asamblea.
Una de las beneficiarias recibió la pensión a los 42 años luego del fallecimiento, en 1997, de una exlegisladora de Liberación Nacional (PLN).
La madre fue congresista de 1974 a 1978 durante el gobierno de Daniel Oduber y recibió los beneficios de una ley de 1943 con la que antes se otorgaba pensiones a los exdiputados, las cuales crecían a un ritmo del 30% anual.
Esa norma fue derogada en 1992, pero quienes se beneficiaron de ella conservaron el derecho a mantener sus pensiones.
Luego, en el 2016, el Congreso aprobó una ley para caducar los beneficios vitalicios de los hijos de los exdiputados, pues ellos podían disfrutar las pensiones heredadas de por vida con el único requisito de no casarse.
No obstante, este año, la Sala IV anuló la reforma por considerar que existía una situación jurídica consolidada y, ahora, el Gobierno deberá devolver estas jubilaciones.
¿Quién exige hoy responsabilidad política alguna por una ley creada en 1943? Casi nadie; la gente suele mirar a las autoridades de turno en busca de soluciones.
No nos perdamos; regresemos al tema actual de las pensiones de IVM.
Insuficiencia para pagar pensiones llegará en solo 11 años
En octubre del 2018, un estudio de la dirección Actuarial de la CCSS concluyó que, en el escenario más optimista de todos, las 33 medidas propuestas por la mesa de diálogo del 2017 tendrían un beneficio mínimo en la sostenibilidad financiera del IVM.
Aun aplicando todos los cambios, nada garantiza el pago de las futuras pensiones para el año 2035. En ese momento, los ingresos por cotización e intereses de la reserva serán insuficientes para pagar las jubilaciones.
Además, la reserva del fondo quedaría en ¢0 en el 2046. La vida de la reserva se extendería en solo cinco años, del 2041 al 2046.
Sin embargo, incluso para lograr esas fechas sería necesaria la aprobación de dos leyes que ni siquiera han sido discutidas en el Congreso: trasladar al IVM el aporte al Banco Popular del 0,25% sobre los salarios de los trabajadores, así como ¢60.000 millones anuales del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf).
Sin esas leyes, que probablemente afrontarán oposición del BP y otros actores, la crisis se adelantará en tres años. Es decir, la insuficiencia llegaría en el 2032, en solo 11 años; con solo tres gobiernos en medio.
La medida de mayor impacto de la mesa de diálogo, y que está en curso de aplicación, es subir de un 10,16% y a un 12,16% las cotizaciones sobre los salarios para las pensiones; actualmente, estamos en 10,66%.
Vamos un poco más atrás para conocer el meollo del asunto. Desde diciembre del 2016, un estudio actuarial de la Escuela de Matemáticas de la Universidad de Costa Rica (UCR) reveló los graves problemas de sostenibilidad de las pensiones.
Las cotizaciones no alcanzan para pagar las jubilaciones prometidas en cuanto a monto y edad de pensión, aunque los beneficios del IVM están muy por debajo de los que reciben los pensionados de lujo.
El sistema de pensiones también encara los efectos del desempleo, el empleo informal y el cambio demográfico del país, en el que la población es cada vez más longeva y las familias tienen menos hijos y, por tanto, existen menos cotizantes; de manera que no hay ecuaciones fáciles para resolver el problema.
En agosto del 2020, la Junta Directiva de la CCSS acordó someter a consulta pública medidas que podrían equilibrar el sistema; entre las principales, están las siguientes:
-Elevar la cotización sobre el salario del 10,66% al 15,16%
-Reducir del 52% al 45% el monto de la jubilación, sobre el promedio salarial, para los nuevos pensionados
-Eliminar la jubilación anticipada y fijar en 65 años la edad mínima, para hombres y mujeres, para el 2029
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Por si fuera poco, la pandemia y sus efectos económicos empeoraron la situación. Al caer los ingresos por salarios, sea por despidos o por reducciones de jornadas, la CCSS se vio obligada a usar un promedio de ¢25.000 millones mensuales de la reserva para pagar las pensiones actuales durante el 2020 y el 2021.
Solo en el 2020, el IVM debió utilizar la totalidad de los intereses de las inversiones de la reserva, unos ¢200.000 millones, para sostener las jubilaciones actuales.
El pasado 11 de marzo, el Comité de Riesgos para los Fondos Institucionales de la Caja alertó a la Junta Directiva sobre los desequilibrios financieros que enfrenta el sistema y urgió la aprobación de reformas para darle sostenibilidad al IVM.
Presagio se cumplió
Desde el 2019, los estudios actuariales mostraron que, para el presente año, la CCSS tendría que utilizar los intereses de la reserva del IVM y así sucedió, pero eso a los actores políticos no les inquieta.
Les inquieta más que, el 11 de mayo pasado, la Junta Directiva de la CCSS recibió una propuesta de la Gerencia de Pensiones que se enfoca en dos medidas para garantizar las futuras pensiones.
Las propuestas extenderían la vida del régimen en 15 años, mientras se discuten nuevas fuentes de financiamiento para las pensiones.
-La primera medida es unificar la edad de retiro en 65 años para hombres y mujeres, eliminando la pensión anticipada para mujeres a los 59 años y 11 meses y, para hombres, a los 61 años y 11 meses.
-La segunda es calcular la pensión con base en toda la carrera laboral de la persona, pero sobre los mejores 25 años reportados; actualmente, se calcula sobre los salarios de los últimos 20 años.
Esta propuesta disminuiría el monto de las jubilaciones futuras entre un 3% hasta un 12% para más de 1,5 millones de trabajadores.
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Los cambios se aplicarían a partir del 2025.
Este paquete descarta subir la cotización y reducir el porcentaje de pensión sobre el salario promedio y, aún así, despertó la preocupación de políticos y de gremios, que empezaron a oponerse.
La Junta Directiva de la CCSS cedió y, la noche del pasado 20 de mayo, anunció que aplazará la reforma por dos meses mientras abre un periodo de “consulta pública”, para recibir propuestas adicionales y “socializar” el tema, aunque ya había abierto una consulta pública en el 2020.
Habrá dos meses más de discusión, cinco años después del informe profesional de la UCR y cuatro años después de crear una mesa de diálogo que no aportó soluciones de peso.
Para el 2035, si ninguna medida se aprueba y la CCSS anuncia que no tiene dinero para pagar las pensiones, pocos se acordarán de las discusiones infructuosas del 2017 y del 2021.
Quienes hoy tienen 50 años, tendrán 64 y estarán cerca de la edad para reclamar su pensión. Quienes hoy tienen 20 años, tendrán 34 y mirarán con incertidumbre su futuro. ¿A quién le reclamarán? ¿A los políticos de ese momento o a los del pasado?
CCSS da largas a trabajadores independientes
La Junta Directiva de la CCSS también le ha estado dando largas a proyecto de ley para facilitar la formalización de los trabajadores independientes y llevar recursos a la aseguradora social.
El pasado 26 de marzo, el Gobierno le presentó a la cúpula de la Caja una propuesta de consenso, en coordinación con el diputado proponente, Pedro Muñoz, que autorizaría a la CCSS a perdonar las deudas de más de 117.000 trabajadores independientes con la seguridad social.
No obstante, casi dos meses después, el tema no se ha vuelto a poner a discusión en la Junta Directiva.
El plan perdonaría a los independientes el principal de sus deudas, además de las multas, recargos e intereses, con la condición de que se formalicen y empiecen a pagar regularmente.
Para marzo pasado, 117.200 trabajadores independientes adeudaban el 72% del dinero que la entidad no ha podido percibir por cuotas sociales.
El proyecto cubriría tanto a los trabajadores independientes que actualmente están en la informalidad, sin cotizar, como a los registrados ante la CCSS y que tienen deudas.
En el caso de los patronos, el plan únicamente perdonaría las multas, recargos e intereses correspondientes a cuatro instituciones estatales; es decir, no tocaría lo adeudado a la CCSS.
En ese apartado, el proyecto solo versa sobre los aportes patronales para el Fondo de Desarrollo y Asignaciones Familiares (Fodesaf), el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y el Banco Popular.
Se mostraron a favor de avanzar con la condonación los directivos Marielos Alfaro Murillo, representante del sector patronal en la Junta Directiva, y José Luis Loría Chaves, de los trabajadores.
Sin embargo, en la Junta Directiva de la CCSS, conformada por tres representantes del Gobierno, tres de los trabajadores y tres de los patronos, no se ha concretado el acuerdo aprobado durante esa sesión del 26 de marzo, de convocar a la brevedad a los jefes de fracción de la Asamblea Legislativa, para conocer el tipo de proyecto que finalmente los diputados podrían aprobar.
No por nada el presidente Carlos Alvarado declaró públicamente: “La Caja no acciona, creo yo, tan ágilmente”.
Un tren politizado
Otro tema que ha sido tristemente politizado es el del mejoramiento de los sistemas de transporte.
La más reciente encuesta de la organización de expatriados InterNations ubicó a Costa Rica como el tercer mejor país del mundo para vivir y trabajar en el extranjero.
Los visitantes celebran la actitud amigable de los ticos, su cultura, el cuido del medioambiente y el costo de la vida, pero lamentan ampliamente las dificultades para movilizarse tanto en transporte público como en infraestructura.
El país se ubicó entre los 10 peores lugares en la subcategoría Viajes y Transporte, ya que al menos un 29% de los expatriados no está contento con el sistema de transporte público tico.
Un expatriado canadiense señaló: “El tráfico es terrible debido a los conductores deficientes, las carreteras en mal estado y la infraestructura insuficiente”.
Conocedores de los beneficios que el turismo y esta nueva modalidad de turismo laboral tienen, el país podría tomar nota y trabajar fuerte para mejorar estos aspectos negativos, no solo para los visitantes, sino principalmente para su propia población.
Para ello, se requiere de finanzas públicas sanas, lo que ha tomado años de años de un duro proceso político, con fuertes reticencias.
Es imposible invertir en infraestructura si casi todo el dinero público se va en pagar intereses de deuda y gastos rígidos y crecientes, como remuneraciones.
Siempre sobre el tema del transporte público, un reciente informe del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) se pronunció a favor del proyecto del tren eléctrico para la GAM.
Para ello, profesionales en ingeniería y arquitectura analizaron durante seis meses los estudios de factibilidad del plan e hicieron entrevistas a especialistas externos.
La pretensión es que este sistema de transporte público movilice a 200.000 pasajeros por 15 cantones de San José, Alajuela, Heredia y Cartago.
El CFIA recomendó que el Incofer continúe con el proceso licitatorio para dar el proyecto en concesión, tres años después de que el tema se discutió en campaña.
Lamentablemente, este proyecto de modernización se politizó por la necesidad de que la Asamblea apruebe un crédito de $550 millones para financiar el aporte estatal para el tren, a fin de atenuar el costo de las tarifas.
Al pasarse de un análisis técnico a uno político, el proceso se distorsiona.
Evidentemente, hay aspectos que discutir y se requiere de unas finanzas sanas para avanzar con un paso trascendental como este, pero también es lamentable la poca voluntad de avanzar por cálculos políticos, mientras los sistemas de transporte tradicional son deficientes.
El Gobierno terminó por congelar el trámite del crédito.
Y aquí no se trata de culpar a uno o a otro partido; se trata de la falta de visión y de las mezquindades mutuas.
Han existido numerosos estudios para modernizar el tren, desde los gobiernos de Abel Pacheco y Óscar Arias, pero ninguno avanzó.
El PAC también lleva una tremenda culpa que, ahora en el gobierno, deber lamentar con más madurez.
Bien lo recordó el expresidente Óscar Arias, pues, durante su segunda administración (2016-2010), el PAC se opuso a concesionar el tren desde la Asamblea Legislativa con el argumento de que subsidiar el proyecto de un concesionario privado “era una inmoralidad.”
En abril del año pasado, Arias pidió dejar de lado la “mezquindad” y aprobar el crédito de $550 millones que el Gobierno obtuvo con el BCIE para construir el tren eléctrico metropolitano, pero no fue escuchado.
