La mesa de diálogo sobre las pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) propone trasladar los fondos que hoy van al Banco Popular y a Fodesaf para que alimenten el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
Entre las dos fuentes, se inyectarían ¢85.000 millones anuales: ¢60.000 millones del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf) y ¢25.000 millones del aporte sobre los salarios que hoy se queda en el Popular.
La propuesta trascendió, la mañana de este lunes, en la conferencia de prensa donde la mesa presentó, oficialmente, los resultados de las negociaciones.
Para realizar ambos cambios, se requiere presentar proyectos de ley.
El ministro de Trabajo, Alfredo Hasbum, quien además fungió como vocero estatal en este foro, se comprometió a acelerar el envío de estas iniciativas a la Asamblea Legislativa, para que las incluyan en las sesiones extraordinarias, probablemente en diciembre.
Este es uno de los 33 acuerdos a los que llegaron patronos, empresarios y trabajadores, luego de casi siete meses de discusión para proponer medidas que den sostenibilidad financiera al principal sistema de pensiones del país.
Los integrantes de esta mesa, acordaron no tocar edad de retiro, monto de pensión ni porcentaje de cotización de los sectores.
Según el ministro Hasbum, las medidas lograrían trasladar el primer momento crítico del IVM para el 2038. Originalmente, se tenía previsto que la primera reserva estratégica del régimen entraría en crisis en el 2032.
Las medidas, aseguraron los representantes patronales, laborales y estatales, pretenden dar sostenibilidad financiera a este sistema por, al menos, 20 años más.
Esas dos décadas toman en consideración que los ajustes a este sistema, el más importante del país, se realicen cada cinco años y no se deje pasar tanto tiempo, como ya ha sucedido.
Entre las principales recomendaciones hay cinco puntos destacados, que buscan dar más ingresos al IVM:
- Aumento proporcional de las cuotas. Cada tres años, se hará un aumento de 0,5% repartido en forma proporcional entre patronos, trabajadores y Estado. Es el mismo porcentaje de ajuste acordado en la reforma del 2005. Con la modificación, se llegaría a una cotización tripartita del 12,6% en el 2029.
- Trasladar fondos de Fodesaf a IVM, vía proyecto de ley.
- Trasladar aporte del Banco Popular. Corresponde al 0,25% sobre los salarios. También requiere proyecto de ley.
- Premiar la antigüedad. Que el porcentaje de cuantía adicional por postergar la pensión empiece a operar a partir de las 300 cuotas, en lugar de 240.
- Crecimiento real. Que la administración del fondo de pensiones establezca como meta de rendimiento real sobre el fondo de inversión un porcentaje de 4,8%.
La mesa aclaró que esta es solo una propuesta. La última palabra la tendrán los nueve miembros de la Junta Directiva de la CCSS, a quienes presentarán el documento final con los acuerdos el próximo jueves.
Aire para próximos 20 años
Marta Rodríguez, vocera de los trabajadores, aseguró que las 33 recomendaciones garantizan la sostenibilidad al IVM, el cual se mantendrá como régimen público, universal y solidario.
Luis Mesalles, vocero de los representantes patronales, describió la negociación para llegar a este acuerdo como "intensa y productiva".
"Son medidas que, de alguna manera, corrigen algunas cosas pero no son drásticas. Hay que estar claros en que las propuestas tampoco solucionan el problema estructural de largo plazo. Como país, tendremos que volver a convocar la mesa dentro de cinco años", apuntó Mesalles.
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Esta mesa de diálogo fue creada por la Junta Directiva de la Caja con la misión de presentar una o varias propuestas de reforma al IVM.
Dicho foro inició la revisión y discusión de insumos técnicos en abril anterior, aunque desde enero se había propuesto la integración del grupo.
El gerente de Pensiones de la CCSS, Jaime Barrantes, aseguró que estas medidas, unidas a las que se han tomado para el corto plazo, le dan sostenibilidad al régimen más allá del 2030.
"Desde el punto de vista técnico, a veces lo óptimo no es el consenso. Habrá que ver el tema de los proyectos de ley. La Junta (de la Caja) le dará seguimiento a esto. Además, la mesa en cinco años se volverá a reunir", dijo el gerente.
Álvaro Ramos, superintendente de Pensiones (Supén), institución que ha sido muy crítica sobre el manejo que la Caja ha dado al régimen, asegura que el acuerdo "es un paso en la dirección correcta".
Sin embargo, advirtió, la Supén fue clara en todo este proceso de discusión sobre puntos críticos que, eventualmente, generarían desbalances actuariales.
"Un elmento puntual tiene que ver con el plazo de 20 años, pero esto fue un mutuo acuerdo. La UCR dice que 20 años queda justo antes de la pared de gasto. De acuerdo con la UCR, hay un incremento de la estructura de gastos, que hoy es de 10 puntos de gastos sobre la masa salarial. Está previsto que en los próximos 23 años aumenten 10 puntos si no se toman decisiones. Estos acuerdos, cambian un poco la situación", advirtió Ramos.
Uno de los documentos técnicos revisados es el informe actuarial de la Universidad de Costa Rica (UCR), el cual advierte de una posible crisis alrededor del 2023 si no se tomaban medidas relacionadas con el aumento de la edad (se propuso 70 años), cuotas y reducción de beneficios.
La última palabra sobre la reforma al IVM la tendrán los nueve miembros de la Junta Directiva de la CCSS.
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La mesa de diálogo descartó elevar la edad de pensión, que se mantendrá en 65 años.
Tampoco propone aumentar las cuotas, que seguirán en 300 como mínimo para la jubilación a los 65 años.
Además, los beneficios no serán ajustados, por lo que el monto de pensión (tasa de reemplazo) se mantendrá en cerca de un 60% del promedio salarial de los últimos 20 años.
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