Las medidas que salgan de la mesa de diálogo que discute la reforma al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) pretenden inyectar, al menos, 20 años más de vida al principal sistema de pensiones del país.
De acuerdo con proyecciones del último estudio actuarial, ese régimen empezará a hacer aguas en la próxima década si no se realizan cambios que le den sostenibilidad en el mediano y largo plazo.
En una nueva reunión sostenida este jueves por representantes patronales, estatales y laborales en esa mesa, se confirmó la necesidad de proponer acciones que prolonguen la vida de este sistema, para el cual cotizan 1,5 millones de trabajadores.
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Uno de los acuerdos que están firmes tiene que ver con la revisión del régimen cada cinco años, de tal manera que se le puedan hacer ajustes paulatinos entre periodos de reforma.
Además, se están estudiando opciones para evitar, en lo posible, cambios drásticos en edad de retiro, número de cuotas y beneficios, informaron por aparte los voceros de cada sector.
No quisieron adelantar detalles sobre esas opciones, pues será el lunes cuando se presenten 'las corridas' o cálculos actuariales que arrojen datos sobre la repercusión de esas medidas.
El tema de la edad, sin embargo, es uno de los que más roces ha provocado.
El lunes, por ejemplo, se discutió si se subía o no de 65 a 67 años la edad mínima de retiro, un asunto que aún no se ha resuelto.
Fabio Masís, representante de los empresarios, se limitó a expresar que "esa circunstancia podría variar", sin adelantar resultados.
El ministro de Trabajo, Alfredo Hasbum, tampoco quiso dar detalles. Sin embargo, confirmó que están contemplando la posibilidad de otros ingresos adicionales a los que ya tiene el IVM.
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"En el caso del Gobierno, lo que reiteramos es la posición de no incrementar el porcentaje de cotización para no afectar el desempleo y la informalidad. Este es un tema que hemos defendido siempre.
"Lo otro es no disminuir las tasas de reemplazo o el cálculo de los beneficios, porque en general las pensiones de IVM tienden a ser bajas", explicó el ministro.
Reducir el impacto
Actualmente, las personas se retiran a los 65 años, con un mínimo de 300 cotizaciones.
La tasa de reemplazo (o porcentaje del salario que se lleva como pensión) ronda el 60%.
"Lo que estamos buscando son opciones que no sean gravosas para todos los sectores y que sean beneficiosas para la sociedad costarricense.
"Esperamos que el 30 de octubre tengamos los modelos y podamos tomar decisiones que le den un par de décadas más al sistema, pero que no signifiquen cambios que vayan a afectar a la clase trabajadora", manifestó Marta Rodríguez, vocera del sector laboral.
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Fabio Masís aseguró que aún no se ha definido nada sobre cuotas o beneficios.
"Nosotros esperamos cruzar el río el día lunes (30 de octubre) para ver si hace falta algo más. Hay que recordar que el escenario que se planteó fue uno de 20 años; esperamos que se logre satisfacer", dijo Masís.
Esta mesa de diálogo fue creada por la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para que de ahí salga una o varias propuestas de reforma al IVM.
Los últimos cambios grandes que se hicieron a ese régimen fueron en el 2005, cuando se elevaron las cuotas para pensionarse de 240 a 300 y se varió la fórmula de cálculo de la pensión.
Ese cálculo pasó del salario promedio de los últimos cinco años al promedio salarial de los últimos 20 años laborados.
Recientemente, la Junta Directiva de la Caja ha tomado disposiciones para dar algún aire financiero al sistema, pero cuyas repercusiones en la sostenibilidad al mediano plazo son mínimas.
Entre ellas, el incremento en 0,66 puntos porcentuales de la cuota estatal, y un ajuste de un punto porcentual a la cuota obrera.
También se han hecho ajustes a las pensiones anticipada con el fin de reducir el número de personas interesadas en retirarse antes de tiempo, aunque sea con algún tipo de sanción.