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El Gobierno todavía recibe solicitudes de pensiones de los regímenes de Gracia y Guerra, creados por ley hace 85 y 65 años, respectivamente.
Estos son sistemas de jubilaciones de la modalidad no contributiva, en la que sus beneficiarios no aportan recursos y el Estado asume el costo por completo.
En el 2019, la Dirección Nacional de Pensiones (DNP) del Ministerio de Trabajo, administradora de dichos regímenes, presupuestó ¢2.650 millones para pagar las pensiones de Gracia y ¢3.806 millones para las de Guerra.
Para ese año, esa instancia reportó 1.651 jubilaciones de Gracia en pago y 2.328 de Guerra.
Las primeras fueron creadas en 1935, con la promulgación de la Ley General de Pensiones (N.° 14); las segundas, en 1955, con la Ley de Pensiones e Indemnizaciones de Guerra (N.° 1922).
Esos regímenes ‘ya no tienen razón de ser’
Un proyecto de ley que, de momento, está estancado en la Asamblea Legislativa, propone el cierre de esos dos regímenes y de cuatro más (Premio Magón, Expresidentes, Beneméritos y Guardia Civil) a cargo de la DNP.
Dicha iniciativa es vista con buenos ojos por la nueva directora nacional de Pensiones, Priscilla Gutiérrez, quien asegura que la propuesta de cierre de los regímenes no contributivos es una de las ventajas del proyecto de ley.
Según la jerarca de la DNP, la mayoría de las solicitudes de ambos sistemas jubilatorios son traspasos, es decir, pensiones de jubilados que mueren y que sus viudas o hijos reclaman en herencia.
“De los regímenes de Guerra y Gracia, se reciben 10 casos cada dos o tres meses. Tenemos personal dedicado a eso, tenemos juntas. Podríamos tener ese personal trabajando en otros equipos, dedicar los esfuerzos a otros temas”, explicó.
En criterio de la directora de Pensiones, esos sistemas “no tienen razón de ser en la actualidad”.
Por lo tanto, apoya la idea de cerrarlos, como sugiere el proyecto de ley (expediente 21.345).
Por ejemplo, en el caso de las pensiones de Gracia —otorgadas a personas que trabajaron en el Gobierno, pero que reportaron escasos recursos al jubilarse— Gutiérrez argumenta que para cubrir a esa parte de la población ya existen las pensiones del Régimen No Contributivo (RNC) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
“Bueno, todavía tenemos traspasos de Guerra. Sí, las viudas van a tener derecho a que se les siga trasladando, pero el régimen de Gracia son personas que son pensionadas de Gobierno y tienen muy poca fortuna y no les alcanza.
“Para mí eso es algo que no tiene razón de ser en la época actual. Entiendo la dificultad que hay, pero para eso es el Régimen No Contributivo de la Caja”, enfatizó.
En cuanto a las jubilaciones de Guerra afirmó: “Ya no deberíamos recibir ninguna solicitud de Guerra nueva. Los señores ya han ido falleciendo. La mayoría de las que tenemos son traspasos de hijas e hijos”.
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Tercera reforma a pensiones de lujo
El proyecto de ley 21.345 supone una nueva reforma a las pensiones con cargo al Presupuesto Nacional, catalogadas como de lujo porque sus cotizantes —en el caso de los regímenes contributivos— no aportaron lo suficiente para recibir las actuales cuantías, y el Estado no generó el fondo requerido para pagarlas.
Por año, el país gasta más de ¢768.000 millones en el pago de pensiones con cargo al Presupuesto Nacional.
El principal objetivo del texto de ley es cerrar los regímenes y trasladar al IVM de la CCSS a los funcionarios públicos que aun podrían pensionarse con alguno de esos sistemas.
Se trata de 13 regímenes en total; seis de estos son los no contributivos —a los que pertenecen los de Gracia y Guerra— y siete son contributivos.
Estos últimos corresponden a los sistemas General de Pensiones, Hacienda, Comunicaciones, Obras Públicas y Transportes, Registro Nacional, Ferrocarriles y Músicos de Bandas Militares.
La iniciativa legal fue propuesta en el 2019 por el diputado Víctor Morales, del Partido Acción Ciudadana (PAC), y por el entonces director de la DNP, Luis Paulino Mora.
Si bien está de acuerdo con el plan de ley, la nueva directora de Pensiones enfatiza que no es parte de sus competencias impulsarlo.
“A mí el proyecto me gusta, pero yo no soy política, entonces yo no soy de ir… O sea, yo se lo expuse a la ministra (de Trabajo, Giannina Dinarte) y le corresponde a la ministra ser la que decida si el Ministerio sigue impulsándolo”, afirmó.
El expediente 21.345 no fue convocado por el Gobierno para ser discutido durante el periodo de sesiones extraordinarias, que concluyó el pasado 30 de abril.
En enero de este 2021, los diputados dijeron a La Nación que dicha iniciativa legal tendrá que esperar a que el Congreso discuta la agenda de proyectos relacionados con el préstamo por $1.750 millones que gestiona el Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
En total, la DNP gasta casi ¢756.000 millones anuales en el pago de las pensiones contributivas, y cerca de ¢12.000 millones en las no contributivas.
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