El Gobierno tendrá que devolver dos pensiones de ¢7,9 millones cada una a las hijas de dos exdiputados.

Una de las beneficiarias, de apellido Durán, recibió la pensión a los 42 años luego del fallecimiento de su madre, una exlegisladora de Liberación Nacional (PLN) de apellido Zonta, en 1997.

Zonta fue congresista de 1974 a 1978 durante el gobierno de Daniel Oduber. Su hija percibió la jubilación durante casi dos décadas hasta que, en el 2016, los legisladores aprobaron una ley que declaró la caducidad de estos beneficios.

Actualmente, Durán tiene 66 años y una sentencia de la Sala IV, de febrero pasado, abrió la puerta para que recupere la jubilación heredada, pues los magistrados eliminaron el artículo que decretaba la caducidad de este tipo de derechos.

La otra beneficiaria que recuperará una pensión de ¢7,9 millones tiene 54 años. Se trata de una mujer de apellido Lizano, cuyo padre del mismo apellido fue diputado del Partido Republicano entre 1958 y 1962, en la administración de Mario Echandi Jiménez.

Este exlegislador murió en 1973, cuando su hija tenía seis años.

No fue posible conocer la fecha exacta en que la heredera Lizano empezó a percibir la pensión de exdiputado de su padre, pues la Dirección Nacional de Pensiones (DNP) del Ministerio de Trabajo rehusó dar los datos.

En el caso de Durán, la fecha en que empezó a recibir el pago, 1997, sí consta en una sentencia de la Sala IV en la que ella y otros pensionados de lujo se opusieron a la imposición de un tope a sus jubilaciones, en el 2014. El recurso de amparo lo ganaron bajo el argumento de que la ley que permitió al Gobierno establecer un techo fue posterior a la emisión de sus derechos.

La devolución de las pensiones

Estas pensiones de exdiputados se amparan en la ley 148, Ley de Pensiones de Hacienda, de 1943.

Dicha normativa, que fue derogada en 1992 por resultar deficitarios, permitía a los herederos de los pensionados disfrutar de las jubilaciones de por vida siempre que no se casaran.

Tanto Durán como Lizano, por ejemplo, son solteras, lo que les permitía percibir una pensión de exdiputado que, además, antes aumentaba un 30% cada año.

Hace cinco años, en el 2017, la Asamblea Legislativa emitió una ley para declarar la caducidad de estas herencias cuando las personas cumplieran un máximo de 25 años si aún estaban estudiando y eran solteros.

Así quedó establecido en el artículo 6, inciso H, de la Ley de Caducidad de derechos de pensión de hijos e hijas y reformas del régimen de pensión Hacienda-Diputados (N°. 9381).

No obstante, los magistrados de la Sala Constitucional decidieron derogar ese numeral al argumentar que, cuando existe una situación jurídica consolidada, esta no puede verse afectada por una ley posterior.

La decisión del tribunal constitucional implica que el Estado tendrá que devolver las pensiones a un grupo de herederos pensiones, dentro del cual se encuentran estas dos hijas de exlegisladores. Así consta en una lista de 62 jubilaciones caducadas entregada por la DNP a la Sala IV.

Durán no solo es hija de una exdiputada, sino que también de un exdiputado, también del PLN, quien ejerció en el periodo 1970-1974, durante el último gobierno de José Figueres Ferrer.

Los diputados actuales no reciben pensión.

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DNP rehúsa dar información

Por correo electrónico, La Nación pidió a la DNP acceso a los expedientes de pensiones que tendrán que ser devueltas.

No obstante, la instancia contestó lo siguiente mediante la oficina de prensa: “Los expedientes son de uso interno y solo por razones de auditoría se comparten con autoridades que lo soliciten por dicha razón o por temas judiciales”.

Priscilla Gutiérrez, directora de la DNP, alegó que se trata de “datos privados”.

Entonces, en un nuevo correo, este medio solicitó los siguientes datos puntuales como las fechas de las pensiones originarias, los montos iniciales y las fechas de herencia.

Sin embargo, estos también fueron negados.

“Eso lo conversé con la directora de Asuntos Jurídicos y la asesora legal de la DNP y consideramos que esos datos sí son privados”, contestó en entrevista la jerarca de la Dirección.

“Es información personal. Igual cuando nos pidieron los expedientes; ahí hay información demasiado personal, enfermedades y conflictos familiares y un montón de cosas”, agregó.

Cantidad de pensiones por restituir, una incógnita

En un documento con fecha del 4 de febrero de 2021, del cual tiene copia La Nación, la DNP precisó que, desde el 29 de julio de 2016, realizó 62 caducidades a los derechos de jubilación.

Asimismo, la instancia consignó que, producto de las cancelaciones de esas jubilaciones, el Estado registraba un ahorro aproximado de casi ¢400 millones anuales.

Con respecto a los montos de las pensiones caducadas, la DNP envió a los magistrados la lista de los 62 jubilados a quienes se les quitó la pensión en ese momento.

Dicho registro muestra grandes disparidades entre unos y otros herederos.

Por ejemplo, mientras Durán y Lizano recibían más de ¢7 millones mensuales, se reportaba una gran cantidad de pensiones con montos inferiores a los ¢5.000.

En general, la lista se compone de 27 pensiones menores a ¢34.500, otras 29 pensiones entre los ¢106.900 y los ¢578.000, cuatro pensiones entre los ¢848.000 y los ¢1.550.000 y dos de más de ¢7,9 millones.

¿Cuántas de esas pensiones tendrá que devolver el Estado luego del fallo de los magistrados?

La DNP no lo sabe, ni tampoco tiene idea de cuáles serían los mecanismos mediante los cuales debería reintegrar las jubilaciones.

“Es muy difícil (saber). El voto de la Sala, lo que salió publicado, porque no nos notifican, no está claro”, argumentó Gutiérrez.

De momento, el voto completo de los magistrados todavía no está redactado.

“¿Qué pasa con el (fallo) de las hijas? El por tanto no es tan claro. Lo que yo interpreto leyendo la ley es que… Me parece a mí que ellos (los magistrados) consideraron que era violatorio del debido proceso haberles quitado el derecho de pensión sin haberles dado una audiencia.

“¿Cuál va a ser el procedimiento (para devolver las pensiones)? Tendríamos que ver el voto, porque lo que no sabemos es si la Sala nos va a decir: ‘Está bien que se les quite, o la ley es correcta, pero denles una audiencia’”, agregó la jerarca de la DNP.

Un caso similar al de Durán y Lizano es el de otra mujer, de apellidos Obando Picado, de 45 años.

Ella es hija de un exdiputado, de apellido Obando, quien fue legislador entre 1949 y 1953 y falleció hace 36 años, en 1985.

La mujer disfrutó la jubilación de su progenitor durante 30 años, hasta la reforma del 2016. Había recibido la pensión a los diez años, en enero de 1986.

Ahora, gracias al fallo de los magistrados, esta persona también recuperará la pensión heredada.

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