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Antes de Semana Santa, el viernes 26 de marzo, la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) conoció y discutió el texto sustitutivo de un proyecto de ley que autorizaría a la entidad a perdonar las deudas de más de 117.000 trabajadores independientes con la seguridad social.
El texto lo presentó el Gobierno mediante la viceministra de la Presidencia, María Devandas, como una forma de facilitar la formalización de los independientes y de llevar recursos a la aseguradora social.
No obstante, casi dos meses después, el tema no se ha vuelto a poner a discusión en la Junta Directiva.
La nueva redacción, consensuada entre la CCSS, los ministerios de Trabajo y Presidencia, así como el diputado proponente Pedro Muñoz, autorizaría a la Caja a condonar a los trabajadores independientes el principal de sus deudas, además de las multas, recargos e intereses.
El proyecto cubriría tanto a los trabajadores independientes en la informalidad como a los registrados ante la CCSS que tienen deudas.
En el caso de los patronos, el plan permitiría perdonar solo las multas, recargos e intereses a las cuotas del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), al Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM) y lo correspondiente a la Ley de protección al trabajador.
Además, a los patronos les condonaría el principal, multas, recargos e intereses correspondientes sobre los aportes patronales para el Fondo de Desarrollo y Asignaciones Familiares (Fodesaf), el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y el Banco Popular.
La iniciativa de consenso la expuso la viceministra Devandas en una sesión ordinaria, de forma virtual.
En esa oportunidad se mostraron a favor de avanzar con la condonación los directivos Marielos Alfaro Murillo, representante del sector patronal en la Junta Directiva, y José Luis Loría Chaves, de los trabajadores.
Sin embargo, no se ha concretado el acuerdo aprobado durante esa sesión del 26 de marzo, de convocar a la brevedad a los jefes de fracción de la Asamblea Legislativa, para conocer el tipo de proyecto que finalmente los diputados podrían aprobar.
“No ha avanzado”, respondió el diputado Muñoz. Por su parte, el Ministerio de la Presidencia, que coordinó la mesa donde se consensuó el nuevo texto, aseveró que aún no reciben una solicitud de la Junta Directiva para convocar a las jefaturas a una reunión.
Presidencia agregó que sigue esperando una respuesta de la Caja sobre el nuevo texto.
“Estamos a la espera de un pronunciamiento de la Junta Directiva de la CCSS con respecto a la propuesta”, respondió esa cartera.
La Nación consultó directamente a la Caja sobre el tema desde el lunes pasado, pero al cierre de edición no había contestado.
Para marzo pasado, 117.200 trabajadores independientes adeudaban ¢243.300 millones a la CCSS, el 72% del dinero que la entidad no ha podido percibir por cuotas sociales no pagadas.
Los restantes ¢95.000 millones corresponden a deudas de casi 15.550 patronos.
La Junta Directiva de la CCSS tomó acuerdo de consultar a los jefes de fracción una vez que Martha Rodríguez González, directora por parte de los trabajadores, consultó cuál era la garantía de que los diputados aprobaran esa redacción de consenso y se abriera el debate.
“Los proyectos en la Asamblea Legislativa sufren toda clase de modificaciones. Yo quería saber si en la Asamblea se va a decir que este es un acuerdo ya consensuado con la Caja y que la Caja le va a dar el visto bueno a eso, sin saber siquiera qué es en lo que va a terminar”, expuso Rodríguez.
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Al respecto, la viceministra respondió que, aunque se trabajó el tema con la Comisión Legislativa de Asuntos Económicos, “efectivamente sería muy difícil que nosotros le podamos garantizar que este proyecto pueda salir así tal cual”.
“En la etapa en que estamos sobre este proyecto que acabamos presentar, es (que) en estos términos en los que la CCSS se estaría refiriendo. Si en algún momento cambia en algo que la Caja no esté de acuerdo, pues, evidentemente, se vuelve abrir una etapa y nosotros podemos manifestarnos en contra”, agregó Devandas.
No obstante, la viceministra explicó que, en la discusión técnica de esa mesa, se dejó en claro que la CCSS sería parte del consenso.
Tanto así, continuó, que el texto se ajustó para que fuera una autorización a la Caja para poder hacer las condonaciones, con tal de preservar su autonomía, no un mandato legislativo.
La misma autorización se incluyó para Fodesaf, INA, IMAS y el Banco Popular, para que condone deudas por intereses y multas a los patronos, sin tomar en cuenta el principal de esas cuotas.
Ajustes del nuevo texto
Devandas detalló a los directivos que el texto sustitutivo ajusta, precisamente, el otorgamiento de algunos beneficios.
Uno de ellos fue que el principal de las deudas con el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y el Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM) solo se le perdonará a trabajadores independientes y no a patronos.
“En las cuotas del régimen Invalidez, Vejez y Muerte que sean condonadas, esto es importante, no pueden generar derechos y beneficios individuales. Esto fue una disposición expresa que nos pidieron que quedara para que no hubiera ninguna duda”, expuso Devandas.
Así, por ejemplo, las cuotas condonadas no serán contabilizadas en el trámite de una pensión, pues nunca existieron; la persona tendrá que buscar la forma de acumular las cuotas necesarias para jubilarse cuando cumpla la edad.
Ante la consulta de si era mucho lo que se le estaría condonando a los empresarios, Devandas insistió en que el proyecto no les perdonará las cuotas con el IVM ni el SEM.
Además, en el caso de correspondiente a intereses y multas solo se perdonarían aquellas deudas que superen el año de antigüedad.
“Esta frasecita que (para patronos se exceptúa el año) contado a partir de la entrada en vigencia de esta ley, viene a subsanar aquel temor de que dejen de pagar hasta el año que va estar el proceso de condonación abierto y que se sumen más para poder condonar ese año”, les explicó Devandas a los nueve directivos.
Asimismo, otorga a independientes y patronos un año para regularizar su situación.
A principios de mayo, el presidente Carlos Alvarado declaró, en una entrevista, que la Caja no reacciona ágilmente ante el fenómeno del empleo informal y que no puede convertirse en una institución que obligue al trabajo informal.
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CCSS podría recuperar recursos
Al defender la nueva redacción, Devandas manifestó: “Aquí lo que hemos venido trabajando y viendo es que en ese momento no tenemos el dinero ni lo estamos teniendo en la Caja.
“Tal vez esto logre que haya un flujo de recursos nuevos o de recursos que se puedan recuperar de una forma más ágil que no estaríamos teniendo si no fuera de esta forma, porque a los patronos cuando la deuda es tanta y es tan alta se les hace imposible pagarla.
“Esto es para que lo vean de una manera más eficiente de poder conseguir un acuerdo con la Caja que es de interés, porque así nos lo han expresado tanto trabajadores independientes como empresas y patronos, poder regularizarse con la Caja pero la deuda es tan alta que esto les ayudaría efectivamente a poder hacerlo”.
Devandas insistió en el interés del Poder Ejecutivo en el que texto pudiera avanzar en el actual periodo de sesiones extraordinarias, en el que Casa Presidencial coordina la agenda del Congreso.
“Ahí lo podemos controlar nosotros. Ya fuera de sesiones extraordinarias no hay un control del Poder Ejecutivo sobre este proyecto más que la buena fe que parte de los diputados de una negociación”, aseveró.
De ahí que la idea del Ejecutivo es impulsar una redacción que vaya acorde con los intereses de la Caja, como sería el texto sustitutivo, según hizo ver.
Román Macaya, presidente ejecutivo de la institución, agregó que lo fundamental sería que la Caja sea parte del consenso.
“Si saliera un domingo siete (de la Asamblea) muy posiblemente cuando se consulte (en la Sala Constitucional) le den audiencia a la Caja y, si no nos gusta, ahí nos oponemos. Esto tiene que estar consensuado”, agregó el jerarca.
