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Las declaraciones salidas de tono del gobierno de Laura Fernández sobre la dictadura y el cierre del Poder Judicial han tenido un efecto que quizá el Poder Ejecutivo no deseaba.
En estos primeros 100 días de administración, el gobierno ha tenido el mérito de cohesionar a una oposición que al principio se mostraba desperdigada y con flancos vulnerables. No solo los exabruptos han influido, sino también acciones como los recortes presupuestarios a la Corte y la cancelación del convenio que permitía hacer audiencias virtuales desde los centros penitenciarios.
Después de esos hechos, el plantón por la democracia y la independencia judicial, del 6 de agosto, le marcó al gobierno el límite que una parte de la población está dispuesta a tolerar y, a la vez, alimentó el diálogo entre movimientos y partidos políticos de oposición que históricamente se han negado a compartir caminos por miedo a perder puestos en papeletas de elección popular.
Nada asegura que esta vez pueda conformarse una coalición que responda al autodenominado “bloque democrático” conformado en la Asamblea Legislativa por Liberación Nacional (PLN), el Frente Amplio (FA), la Coalición Agenda Ciudadana (CAC) y la Unidad Social Cristiana (PUSC). Sin embargo, parece ser una opción frente a un oficialismo que se mantiene fuerte con una clara mayoría legislativa y amplias bases territoriales para las elecciones municipales del 2028.
Gobierno señala bloque ‘comunista-obstruccionista’
El gobierno apuesta por calificar a la oposición de bloque comunista-obstruccionista, procurando mostrarse como la opción contraria. En esa línea, la bancada oficialista optó por dar prioridad al proyecto de jornadas laborales 4-3 en las sesiones ordinarias que empezaron en agosto, a sabiendas de que el plan no goza del apoyo de los demás partidos y que afronta centenares de mociones. El resultado puede ser un bloqueo del plenario achacable a los rivales.
Sin embargo, nuevos hechos siguen dando motivos a los opositores para aglutinarse por una causa más democrática que ideológica en términos de política económica. Tal es el caso de la declaratoria de secreto de Estado para las operaciones y contrataciones públicas en materia de seguridad, lo cual ha desatado temores de que el gobierno contrate un programa de espionaje. Del tema se ha hablado públicamente en el plenario, sobre todo después de que el ministro de la Presidencia y Hacienda, Rodrigo Chaves, dijo que se evalúa comprar tecnología de la Mossad israelí y el Ministerio de Hacienda se vio obligado, a raíz de un recurso de amparo, a decir que la eventual adquisición está en una fase preliminar.
El amparo lo interpuso un perito informático que asegura ser vigilado por la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS).
En este contexto, los excandidatos presidenciales del PLN y del FA, Álvaro Ramos y Ariel Robles, ya hablan de crear comités patrióticos por la democracia.
Estos acercamientos no han impedido las críticas entre opositores por actitudes inaceptables. Tal fue el caso de la reacción del PLN ante las palabras del legislador Edgardo Araya, del Frente Amplio, cuando Araya insultó a la presidenta de la República, Laura Fernández, en un discurso.
En ese caso, la bancada de Liberación se pronunció en contra de lo hecho por Araya, apoyando la denuncia del oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO). El Frente Amplio no le ha cobrado una factura al PLN por ello. De hecho, el propio estatuto frenteamplista exige rechazar la violencia política contra las mujeres, y el FA tuvo que abrir una investigación contra su legislador en el Tribunal de Ética.
Pueblo Soberano se partió en votación tras insulto
No sucedió lo mismo en Pueblo Soberano, después de que la diputada Cindy Murillo insultara llamando “damas de compañía” a las legisladoras Claudia Dobles y Abril Gordienko, del CAC y el PUSC, respectivamente. La mayoría de la fracción de gobierno se negó a apoyar una moción de rechazo al insulto, pero en esta ocasión dos diputados oficialistas se salieron de la línea y votaron a favor, permitiendo que la propuesta se aprobara por un solo voto de diferencia.
Se pronunciaron a favor Antonio Barzuna y José Miguel Villalobos; este último dijo que la fracción debería mostrar coherencia luego de que el “bloque democrático” había aprobado una moción contra el ataque de Edgardo Araya a la presidenta Fernández.
El diputado José Miguel Villalobos ha estado en otros dos momentos que reflejan ciertas diferencias en el oficialismo. En una reunión en San Carlos, se mostró disconforme con la posibilidad de que la cúpula del PPSO impulsara la reelección del alcalde Juan Diego González, quien se pasó del PLN a las tiendas de gobierno en la pasada campaña electoral.
El alcalde llegó a la reunión apoyado por el secretario general de Pueblo Soberano, Freddy González, pero frente a ambos y en medio de los aplausos de los presentes, Villalobos afirmó que esa no era la manera de hacer las cosas en Ciudad Quesada.
La otra diferencia fue el hecho de que Villalobos ejerciera la defensa de un presunto narcotraficante siendo diputado, lo que se contrapone a lo dicho por el expresidente Rodrigo Chaves, quien criticó en el periodo anterior a la entonces diputada Gloria Navas por defender a personas envueltas en procesos judiciales. Al respecto, la presidenta de la República dijo que no estaba de acuerdo con que los legisladores efectuaran otros trabajos distintos a su labor pública.
En tanto, llegan nuevas señales de un aparente deterioro económico. Por un lado, una encuesta presentada por la Cámara de Industrias de Costa Rica mostró que las empresas están frenando inversiones y contratando menos personal debido al golpe que implica la baja en el tipo de cambio.
El 31% de las empresas consultadas suspendió planes de expansión o nuevas inversiones y el 13% aplicó recortes en su planilla.
El otro motor con problemas es la recaudación de impuestos, que nuevamente mostró un declive en el resultado del primer semestre del 2026.
Como porcentaje del producto interno bruto (PIB), los ingresos tributarios representaron el 6,3% en el semestre, su nivel más bajo en los primeros seis meses del año desde el 2020. En tanto, la deuda pública sigue creciendo. Se situó preliminarmente en un 61,1% del PIB en el mes de junio, lo que representó un aumento de 0,7 puntos porcentuales en comparación con el 60,4% del 2025.
