Decisión del ministro de Justicia de eliminar las audiencias virtuales tendrá un efecto dominó en los costos del sistema judicial

La decisión del ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar, de poner fin al convenio que permitía realizar audiencias virtuales desde los centros penitenciarios, tendrá un efecto dominó en los costos del Poder Judicial.

La medida no solo exigirá más recursos al OIJ, sino que también a los Tribunales de Justicia y a la Defensa Pública, cuyos abogados tendrán que dedicar más tiempo a atender a una sola persona durante jornadas en que antes podían atender a varias. En síntesis: audiencias que pueden durar diez minutos requerirán operativos de movilización por parte del aparato estatal.

Se prevé un alto impacto en los Tribunales de Ejecución de la Pena, en donde más del 60% de las audiencias de los condenados se efectuaba de forma virtual. Los jueces prevén mayores tiempos de espera y costos, así como eventuales atrasos.

Tribunales y juzgados tendrán que competir con más fuerza por las salas disponibles, lo que dificultará los señalamientos y eventualmente repercutirá en la mora judicial, según prevé la Dirección de Planificación del Poder Judicial.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) tendrá que invertir entre ¢184,8 millones y ¢642,4 millones anuales para trasladar a los privados de libertad a los tribunales que corresponda, bajo el supuesto de que 4.832 audiencias virtuales pasarían a ser presenciales cada año. Se trata de recursos que hoy no están disponibles en el presupuesto del 2026 ni se encuentran proyectados para el 2027.

El traslado de cada privado de libertad requiere como mínimo dos custodios, quienes deben acompañarlo y permanecer con él mientras se desarrolla la diligencia. Esto exige invertir en combustible, alimentación y viáticos, además de disponer de vehículos especializados.

Sin embargo, el impacto no se limita a ello, pues el regreso a la presencialidad también demanda más personal de custodia, espacios en tribunales para mantener a los detenidos y una mayor disponibilidad de salas de juicio, recursos que deben coincidir para que una diligencia pueda realizarse.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, recordó que el Poder Judicial invirtió ¢137,5 millones en infraestructura y equipos para implementar el sistema de audiencias virtuales en los centros penitenciarios, y destina aproximadamente ¢131,2 millones anuales en los enlaces de comunicación necesarios para mantener el servicio.

Impacto en capacidad de despachos judiciales

Jorge Fernando Rodríguez, subdirector de Planificación del Poder Judicial, agregó que el regreso a una mayor presencialidad puede terminar repercutiendo en la capacidad de los despachos para programar audiencias, pues una diligencia presencial depende de que estén disponibles al mismo tiempo la persona privada de libertad, los custodios y el espacio físico requerido.

Las consecuencias también alcanzarían a los juzgados de ejecución de la pena, donde una diligencia que puede resolverse virtualmente en pocos minutos requerirá ahora movilizar a la persona privada de libertad hasta una sede judicial.

Juez explica: una audiencia de 5 o 10 minutos exigirá toda una movilización

Mario Rodríguez, juez de ejecución de la pena de Alajuela, explicó que la virtualidad facilita la logística de algunas audiencias que pueden durar apenas cinco o diez minutos. Con el cambio a la presencialidad, la Administración Penitenciaria debe preparar y entregar al privado de libertad, mientras que el OIJ debe efectuar el traslado y posteriormente mantenerlo en las celdas judiciales hasta completar la diligencia.

Golpe a la Defensa Pública

La Defensa Pública también prevé repercusiones sobre su funcionamiento. Juan Carlos Pérez, director de ese órgano judicial, explicó que la virtualidad permite reducir los desplazamientos de los defensores cuando las personas que representan se encuentran recluidas en centros penitenciarios alejados de sus oficinas.

Según Pérez, una visita presencial puede consumir incluso una jornada completa de trabajo, dependiendo de la distancia, mientras que una atención virtual puede tomar alrededor de 30 minutos. El tiempo ahorrado permite que el defensor permanezca en su oficina y participe en otras diligencias, como audiencias o juicios.

“Es un encadenamiento complejo”, afirmó Pérez. Según dijo, se presiona tanto la agenda de los defensores como la de los tribunales.

El jerarca advirtió que el impacto económico para la Defensa Pública no se limitaría a combustible, viáticos y uso de vehículos. En su criterio, el principal costo podría estar en el tiempo profesional destinado a los desplazamientos. Como ejemplo, señaló que un defensor ubicado en Puerto Jiménez que deba viajar hasta Limón o Liberia para atender a una persona privada de libertad podría enfrentar más de ocho horas de recorrido.

Alto impacto en Tribunales de Ejecución de la Pena

La preocupación por el fin del convenio llevó a dos jueces de ejecución de la pena de Alajuela a solicitar al ministro de Justicia que reconsidere la decisión. En una carta remitida el 10 de agosto, advirtieron sobre posibles efectos para la población privada de libertad y el funcionamiento de los despachos judiciales.

La virtualidad tiene un peso importante en esta materia. Según datos de Planificación, alrededor del 60% de las diligencias de ejecución de la pena fueron virtuales en el 2024, porcentaje que aumentó al 61% en el 2025 y al 62% durante el primer semestre del 2026.

El juez Mario Rodríguez alertó de que en los Tribunales de Alajuela el espacio físico ya es limitado. Las salas disponibles solo permiten realizar seis juicios simultáneamente y, con el fin de la virtualidad, a esa demanda se sumarían más diligencias presenciales del Juzgado de Ejecución de la Pena, integrado por siete personas juzgadoras y que realizaba mayoritariamente sus diligencias de forma remota.

“Ya hoy en día está colapsado el tribunal de justicia (...), Vamos a crecer la demanda del servicio y eso va a ser más crítico”, afirmó Rodríguez.

Traslado de Diablo, el origen del conflicto

El conflicto surgió luego de que el Ministerio de Justicia y Paz anunciara, el 3 de agosto, que daría por finalizado el convenio de cooperación con el Poder Judicial.

La decisión de Justicia se produjo después de que, el 28 de julio, el OIJ trasladó al presunto narcotraficante Alejandro Arias Monge, alias Diablo, a una audiencia presencial de medidas cautelares en San José. La razón fue que la DEA requería entrevistar al sospechoso para evaluar su extradición a Estados Unidos.

Sin embargo, el Ministerio de Justicia y el gobierno cuestionaron el traslado alegando que la audiencia podía efectuarse de forma virtual.

Tras la ruptura del convenio, el fiscal general, Carlo Díaz, presentó un recurso de amparo contra el Ministerio de Justicia y solicitó una medida cautelar para mantener operativa la infraestructura tecnológica y garantizar la continuidad de las audiencias virtuales mientras se resuelve el recurso.

Por su parte, Michael Soto, director interino del OIJ, advirtió: “Ya de por sí tenemos algunas dificultades para cerrar el año con el tema de presupuesto, especialmente con combustible y viáticos. El hecho de que el Ministerio de Justicia haya roto este convenio indica que tengamos que gastar más combustible y más viáticos”.

Soto manifestó que espera que el convenio pueda retomarse. Además, afirmó que no fue consultado directamente antes del anuncio de Justicia y que se enteró de la decisión por los medios de comunicación.

El impacto para el OIJ, en detalle

La Dirección de Planificación del Poder Judicial estimó los costos para el OIJ a partir del dato de 2.416 diligencias virtuales realizadas en el primer semestre del 2026, según el propio Ministerio de Justicia. Esto equivaldría a 4.832 diligencias por año

Planificación consideró variables como la distancia entre el centro penitenciario y la sede judicial, el tiempo requerido para el recorrido de ida y vuelta, el combustible, la alimentación y los viáticos, así como la cantidad de custodios necesarios para efectuar cada traslado. Las variaciones en estos factores son las que determinan los escenarios de menor y mayor costo.

Planificación utilizó tiempos distintos según el tipo de despacho: una hora y media para los juzgados penales, seis horas para los tribunales penales y dos horas para los juzgados de ejecución de la pena. A ello se suma que el costo del traslado varía según la distancia que deba recorrerse y el congestionamiento vehicular.

Planificación estimó que el 55% de los traslados corresponde a juzgados penales; el 3% a tribunales penales y el 42% a juzgados de ejecución de la pena.

Para cada uno se establecieron dos posibles costos por diligencia. En los juzgados penales, el monto oscila entre ¢36.543 en el mejor escenario y los ¢154.743 en el peor; en los tribunales penales, entre ¢59.043 y ¢177.243; y en ejecución de la pena, entre ¢39.043 y ¢101.243.