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El gobierno, mediante el Ministerio de Justicia y Paz, dará por finalizado el convenio de cooperación suscrito con el Poder Judicial para realizar audiencias virtuales en los centros penitenciarios.
La medida surge luego de la disputa entre el Poder Judicial y el Ejecutivo sobre la modalidad con que se debía realizar la audiencia de medidas cautelares de Alejandro Arias Monge, alias Diablo.
Mientras el gobierno pidió que fuera virtual, el Judicial defendió la necesidad de trasladarlo desde La Reforma hasta los Tribunales de Justicia en San José.
Según el diputado del Frente Amplio Antonio Trejos, la decisión se habría tomado sin pedirle criterio al Poder Judicial. Al consultársele a Justicia, se limitó a responder: “El ministro dará por finalizado el convenio”.
Durante una audiencia realizada esta noche en una comisión legislativa, la presidenta de la Sala de Casación Penal, Patricia Solano, lamentó la decisión y la calificó como un “retroceso”.
“A mí me parece que es una contradicción, cuando hay una ley que trata de potenciar la virtualidad en algunos casos. En materia penal casi solo lo hacemos de manera presencial, pero algunas actuaciones pueden ser virtuales y eso tiene una economía en cuanto a los traslados”, dijo la magistrada al recordar que ese tipo de audiencias se inició durante la pandemia.
Solano agregó que esta decisión eleva los costos operativos, pues implica cubrir la alimentación de los imputados o condenados, el uso de las salas, los gastos del personal de custodia y todos los recursos necesarios para llevar a cabo este tipo de diligencias.
La jueza señaló que la decisión “entorpece” el sistema de justicia, porque, en algunos casos, se deberán retrasar audiencias ya que no se cuenta con el personal para hacer traslados. Las principales diligencias afectadas serán las de ejecución de la pena y la revisión de medidas cautelares.
Según cifras del propio Ministerio de Justicia y Paz, entre enero y junio del 2026, el sistema penitenciario nacional realizó 2.416 audiencias virtuales. De esa cifra, 944 correspondieron a juzgados, 421 a tribunales de juicio, 354 a diligencias con defensores y 697 a otras actuaciones.
Durante ese mismo periodo, en Máxima Seguridad se efectuaron 159 audiencias virtuales. Esas diligencias requirieron la participación de 318 policías penitenciarios.
Devolverán equipo
El Ministerio devolverá al Poder Judicial las computadoras, los equipos de videoconferencia y los demás dispositivos utilizados en la ejecución del acuerdo.
Según Justicia, se reasignará el recurso policial a labores de vigilancia, control y seguridad dentro de los recintos. Para este convenio se utilizaron 2.775 policías penitenciarios en tareas de custodia y coordinación.
