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El fiscal general de la República, Carlo Díaz, presentó un recurso de amparo contra el Ministerio de Justicia y Paz por la decisión de romper el convenio de cooperación suscrito con el Poder Judicial para realizar audiencias virtuales en los centros penitenciarios.
La oficina de prensa de la Sala Constitucional confirmó que la gestión fue recibida el pasado viernes 7 de agosto. La gestión, que se tramita bajo el expediente 26-028608-0007-CO, se encuentra en estudio de admisibilidad.
El recurrente sostiene que la suspensión inmediata de este mecanismo podría interrumpir la continuidad de algunas actuaciones judiciales y afectar los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad, las víctimas y otros participantes en los procesos penales.
Díaz solicitó a la Sala dictar una medida cautelar urgente para suspender provisionalmente los efectos de la decisión impugnada. De esta forma, el fiscal pide mantener operativa la infraestructura tecnológica y garantizar la continuidad de las audiencias mediante videoconferencia mientras se resuelve el fondo del recurso.
El pasado 3 de agosto, el Ministerio de Justicia anunció la decisión de suspender el convenio que mantenía con el sistema de justicia.
La medida surgió luego de la disputa entre el Poder Judicial y el Ejecutivo sobre la modalidad con que se debía realizar la audiencia de medidas cautelares de Alejandro Arias Monge, alias Diablo.
Mientras el gobierno pidió que fuera virtual, alegando razones de seguridad, el Judicial defendió la necesidad de trasladarlo desde La Reforma hasta los Tribunales de Justicia en San José. Ese día, Diablo se reunió con funcionarios de la DEA, que le comunicaron el interés no oficial en extraditarlo a Estados Unidos.
El Ministerio había anunciado también que devolvería al Poder Judicial las computadoras, los equipos de videoconferencia y los demás dispositivos utilizados en la ejecución del acuerdo.
Según Justicia, se reasignaría el recurso policial utilizado en el convenio a labores de vigilancia, control y seguridad dentro de los recintos. Para ese acuerdo se utilizaron 2.775 policías penitenciarios en tareas de custodia y coordinación.
Graves consecuencias, advierte magistrada
Durante una audiencia realizada en una comisión legislativa la noche en que Justicia comunicó la decisión, la presidenta de la Sala de Casación Penal, Patricia Solano, lamentó la decisión y la calificó como un “retroceso”.
“A mí me parece que es una contradicción, cuando hay una ley que trata de potenciar la virtualidad en algunos casos. En materia penal casi solo lo hacemos de manera presencial, pero algunas actuaciones pueden ser virtuales y eso tiene una economía en cuanto a los traslados”, dijo la magistrada al recordar que ese tipo de audiencias se inició durante la pandemia.
Solano agregó que esta decisión eleva los costos operativos, pues implica cubrir la alimentación de los imputados o condenados, el uso de las salas, los gastos del personal de custodia y todos los recursos necesarios para llevar a cabo este tipo de diligencias.
La jueza señaló que la decisión “entorpece” el sistema de justicia, porque en algunos casos se deberán retrasar audiencias, ya que no se cuenta con el personal para hacer traslados. Las principales diligencias afectadas serán las de ejecución de la pena y la revisión de medidas cautelares.
Según cifras del propio Ministerio de Justicia y Paz, entre enero y junio del 2026, el sistema penitenciario nacional realizó 2.416 audiencias virtuales. De esa cifra, 944 correspondieron a juzgados, 421 a tribunales de juicio, 354 a diligencias con defensores y 697 a otras actuaciones.
Durante ese mismo periodo, en Máxima Seguridad se efectuaron 159 audiencias virtuales. Esas diligencias requirieron la participación de 318 policías penitenciarios.
