El ejercicio del lobby o cabildeo no es bueno o malo en sí mismo, sino que, sencillamente, es parte de la democracia y la naturaleza humana: cada quien defiende sus intereses. En esto coinciden diputados, politólogos y lobistas consultados por Revista Dominical. Sin embargo, la defensa lícita de intereses particulares se puede convertir fácilmente en tráfico de influencias cuando no hay regulación, no hay límites, no hay transparencia y hay mucho dinero de por medio. Ese es el caso de Costa Rica.
La definición típica del cabildeo es que consiste en la influencia o presión que ejerce un grupo con intereses sobre personas con el poder de tomar decisiones, como diputados, ministros o incluso presidentes.
No obstante, estas negociaciones se pervierten cuando entran en juego ofrecimientos, pagos por debajo de la mesa y solicitudes de favores. Fuentes anónimas consultadas por Dominical afirmaron haber atestiguado este tipo de intercambios ilegales.
Un funcionario con más de 20 años en la Asamblea Legislativa, a quien llamaremos Carlos, aseguró que, durante la discusión del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, en 2007, vio bolsas con dinero desfilar por los pasillos del Congreso. También presenció cómo algún diputado reclamó por qué a otro legislador le pagaban sobornos, pero a él no. El entrevistado prefirió mantener su nombre en anonimato.
A su vez, un lobista profesional al que llamaremos Javier dijo conocer una agencia de comunicación que, hasta hace unos años, ofrecía el servicio de convocar proyectos de ley en las sesiones extraordinarias del Congreso, una potestad que solamente le compete al presidente de la República. La agencia ofrecía esta posibilidad gracias a sus conexiones con un ministro cercano al mandatario de turno.
LEA MÁS: ¿Qué es el ‘lobby’ o cabildeo? Así influyen los grupos poderosos en los que toman decisiones
La realidad del lobby: trasiego de poder e intereses
Pese a que el cabildeo y la influencia por parte de grupos poderosos es cotidiana en la Asamblea Legislativa y los ministerios, la palabra lobby está rodeada de un halo de tabú y secretismo. Nadie acepta haberse reunido con lobistas, ningún lobista acepta que trabaja como tal.
El empleado legislativo, “Carlos”, ha visto cómo lobistas le entregan a los diputados proyectos de ley listos para presentar.
“Uno se encuentra proyectos de ley repetidos, y eso es porque reparten el proyecto entre varios diputados y ellos lo presentan. Los lobistas inciden, presionan, buscan votos, buscan influir en el informe de comisión, negocian firmas... Hay una realidad, que es la venta de votos, no puedo probarlo pero he visto diputados que reclaman ‘aquí están pagando y a mí nadie me ofrece plata‘. Hay congresistas contratados”, afirmó el entrevistado.
“Durante mucho tiempo me ha tocado ver esas cosas, uno ve los negocios pasando, las cajas y maletines de dinero. Eso es antiguo, porque ahora son transacciones digitales, pero la última vez fue en el TLC, la plata pasaba”, agregó.
LEA MÁS: Estrategia anticorrupción pide regular ‘lobby’ y puertas giratorias en el Estado
Como ejemplo de lobby, Carlos recordó la publicación realizada por La Nación el 18 de febrero, según la cual el abogado Sergio González Jiménez, relacionado con el sector autobusero e investigado por las autoridades en el Caso Madre Patria, se reunió en 2022 con tres diputados en la Asamblea Legislativa con el fin de buscar apoyo para el proyecto de ley que permitió ampliar la vida útil de las unidades de transporte público. El encuentro y los temas tratados fueron confirmados por los legisladores.
Asimismo, el cabildero Javier explicó a Revista Dominical que llegó a conocer de empleados de la Asamblea Legislativa que ofrecieron a empresas que ellas mismas redactaran informes técnicos para las comisiones legislativas, con el fin de aliviar su carga laboral. Esto provocaría que la compañía en cuestión redacte un documento favorable para sí misma, e incluso recomiende a los congresistas que convoquen a comparecer a un representante de la propia empresa.
LEA MÁS: TSE sobre ‘lobby’: El sistema de financiamiento de campañas tiene incentivos perversos
El lobby es... ¿necesario?
La politóloga Eugenia Aguirre explicó que el lobby no debe ser satanizado, ya que en algunas ocasiones puede ser útil y hasta necesario en la actividad de un diputado. Esto se debe a que los congresistas no son “todólogos”, por lo tanto, requieren de información para tomar sus decisiones.
“Hay que entender el lobby como una actividad que le da a los tomadores de decisiones información y evidencia. Los tomadores de decisiones no necesariamente son especialistas en la materia que están trabajando, así que pueden articularse con los sectores que tienen ese conocimiento”, detalló Aguirre.
Para la politóloga, un buen ejemplo de cómo el cabildeo posibilita la creación de una ley robusta en un tema técnico es la Ley Antitabaco, aprobada en febrero del 2012.
Durante el debate de ese proyecto, las tabacaleras British American Tobacco y Tabacalera Costarricense realizaron un intenso cabildeo con los congresistas a fin de suavizar el proyecto. Dichas compañías rebatieron que la iniciativa era excesiva y, al imponer nuevos tributos, promovería el contrabando de cigarrillos.
Pese a estos argumentos, el proyecto final aprobado instauró el nuevo impuesto, prohibió la creación de áreas de fumado, ordenó el estampado gráfico del daño del cigarrillo en una de las caras de la cajetilla, y prohibió la publicidad en vallas y medios.
LEA MÁS: Funcionario revela ‘lobby’ con diputados y candidatos presidenciales para perpetuar monopolio de CNP
No obstante, no todas las organizaciones y colectivos tienen la misma facilidad para hacer lobby. La asociación de vecinos de Santa Ana posiblemente no tenga el dinero para pagar a un lobista que impulse la creación del Parque Lorne Ross, o la comunidad de Hatillo no puede pagar el cabildeo para reclamar por los cortes de agua.
Ante esta circunstancia, otros países han encontrado alternativas para dar más fuerza a los reclamos de sectores populares que no pueden pagar a un cabildero. Ese es el caso de Reino Unido, donde el Parlamento está obligado a discutir cualquier iniciativa que recaude al menos 100.000 firmas en una plataforma designada para ese fin.
El funcionario legislativo consultado por Revista Dominical también consideró que el cabildeo es necesario para brindar a los congresistas información que no necesariamente entienden, en especial porque los proyectos de ley son cada vez más técnicos.
“Hay una realidad de la importancia del lobismo: cada día la legislación es mucho más técnica y especializada, porque los delitos cada vez son más complejos. La última reforma tributaria es complicadísima. Entonces, el lobista sí ayuda a traducirle al diputado las complejidades del negocio, y venderle de manera honesta que la propuesta beneficia a tal o cual sector”, declaró Carlos.
LEA MÁS: Empresarios autobuseros hacen lobby en Asamblea Legislativa contra modelo tarifario
Con esto en consideración, Aguirre afirmó que un buen primer paso para regular el lobby sería crear un “registro de lobistas”, de manera que los cabilderos se empadronen y aclaran para quién trabajan, de manera que sean transparentes sus intereses y las diputaciones con las que se reúnan. Es decir, habría que implementar un sistema similar al estadounidense.
Sin embargo, el lobista consultado por esta revista descartó que la creación de esa lista tenga un efecto concreto. En principio, afirmó que los cabilderos podrían alegar que tienen un secreto profesional para con sus clientes, por lo que no revelarán el nombre de la empresa que los contrata.
Además, muchos lobistas ya no van a la Asamblea Legislativa o a los ministerios para reunirse con los tomadores de decisiones, sino que se reúnen en cafeterías, hoteles y salones privados, algunos de estos ubicados a pocos metros del Congreso.
¿Qué dicen los diputados?
Revista Dominical consultó a los diputados jefes de las fracciones legislativas su opinión sobre el lobby y si es una práctica que debe regularse. Al respecto, la coordinadora del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), María Marta Carballo, reconoció que el cabildeo es una herramienta común en las democracias y no se puede satanizar, pero que debe regularse.
“Considero necesario regular el lobby en aras de fortalecer la transparencia y la probidad. También para evitar conflictos de intereses y actos de corrupción. Nos parece importante contar con un marco normativo donde los representantes políticos deban publicar sus agendas, fechas de audiencia, temas a tratar en las reuniones, además transparentar un registro de lobistas que incluya toda su información“, indicó Carballo.
LEA MÁS: Dos exdiputados del PLN son los oídos de las cooperativas en la Asamblea Legislativa
Por su parte, el jefe de bancada del Frente Amplio (FA), Antonio Ortega, aseguró que el lobby debe regularse, ya que el sistema actual perjudica a la mayoría de costarricenses y favorece a pequeños sectores.
“Cuando hablo de pequeños sectores, no solo me refiero a los que presionen en materia de intereses privados, sino también a los que tienen personas de manera permanente en la Asamblea Legislativa o afuera haciendo lobby. No estamos hablando en otro idioma, se han dado casos de narcotraficantes paseándose por los pasillos de la Asamblea”, acotó Ortega.
La jefa de fracción oficialista, Pilar Cisneros, indicó que está en contra del lobby legislativo, ya que considera que estas prácticas hacen daño e inclinan las decisiones de los diputados hacia los sectores que les apoyan.
“El diputado debe ser una persona imparcial que no tenga contacto con grupos organizados, aunque debemos escuchar las opiniones de los grupos organizados, eso es muy diferente de aceptar regalos, viajes, favores y cosas que son inconvenientes”, declaró.
También se le consultó a los jefes de fracción si apoyan el proyecto de ley 24.111, presentado por el Frente Amplio, que pretende regular el cabildeo. La iniciativa propone crear un Registro Público de Lobistas, que incluya el nombre de los cabilderos, la empresas que representa y si ejercieron cargos de elección popular.
El texto plantea que el presidente, vicepresidentes, ministros, jefes de despacho, diputados, alcaldes, regidores y otros funcionarios deberán llevar una agenda pública en la que anoten todas las reuniones en las que se realizaron gestiones de lobby anotando lugar, fecha, tema tratado y nombre de las personas que asistieron.
Al respecto, la congresista María Marta Carballo afirmó que su fracción revisará el proyecto de ley y buscarán hacerle mejoras de ser necesaria. No se comprometió a apoyarlo.
Por su parte, Cisneros dijo que estudió el proyecto, pero no aclaró si apoyará su aprobación.
LEA MÁS: Correo electrónico revela ‘lobby’ de empresa ligada a Figueres ante Hacienda
Este medio intentó conseguir la opinión de los jefes de fracción Óscar Izquierdo, del Partido Liberación Nacional (PLN); Luis Diego Vargas, del Partido Liberal Progresista (PLP); y José Pablo Sibaja, de Nueva República (PNR). Sin embargo, hasta el cierre de edición, no se obtuvo respuesta.
