A las 2:28 p. m. del viernes 15 de junio del 2018, la secretaria del despacho de la ministra de Hacienda recibió un correo electrónico de parte del representante para América Central de la empresa suiza Sicpa, cuyo presidente para América Latina es el exmandatario liberacionista José María Figueres.
El remitente era Bernardo Arce, quien fue ministro de Transportes y de Seguridad durante la administración Figueres, entre 1994 y 1996.
Desde la dirección Bernardo.Arce@sicpa.com, el ejecutivo de la firma suiza le escribió a Stephanie Ballestero, secretaria de la entonces ministra, Rocío Aguilar.
El mensaje tenía por objetivo presentar el sistema de rastreo de licores que Sicpa ha vendido en millones de dólares a los gobiernos de Ecuador, Chile, Brasil y República Dominicana, mecanismo similar al que un proyecto de ley de Liberación Nacional (PLN) pretende hacer obligatorio el Estado costarricense.
Ese plan legal ya está a las puertas del primer debate en la Asamblea Legislativa, después de que este miércoles los diputados de la Comisión de Económicos lo remitieran al plenario.
En su mensaje, el representante de Sicpa enfatizó que este tipo de sistemas únicamente se los venden a gobiernos.
"Le agradezco mucho le haga llegar este folleto a doña Rocío", dice el correo electrónico.
“Sicpa es el socio de Racsa en temas de trazabilidad de impuestos y le agradecería mucho si me puede conseguir unos minutos con ella o alguno de sus asesores”.
"Nosotros tenemos estos sistemas instalados en Ecuador y Brasil. Chile está comenzando a implementar la tecnología de trazabilidad fiscal.
“Sicpa es una empresa con más de 100 años de existencia porque suplimos las tintas para los billetes más importantes del mundo (dólar, euro, yuan) y los sistemas de trazabilidad únicamente se le venden a Gobiernos”, expuso Arce.
El correo fue remitido a la entonces ministra de Hacienda y ella, el 21 de junio del 2018, solicitó agendar una reunión en la que también participaran los viceministros Nogui Acosta y Rodolfo Cordero, así como el director de Tributación, Carlos Vargas; la entonces directora general de Hacienda, Priscilla Piedra; y el entonces director de Tecnologías de Información de Hacienda, Manuel Ramos.
Más de un mes después, el 29 de julio del 2018, según los registros de Hacienda, Bernardo Arce y otro ejecutivo de Sicpa pudieron asistir a una reunión en la que participaron la ministra, los viceministros, Priscilla Piedra, Carlos Vargas y dos funcionarios más del área de Informática de Hacienda: María Isabel Vargas y Jeffrey Taylor.
En un post en Facebook, el expresidente José María Figueres sostuvo que esa reunión se celebró el 29 de junio del 2018 y que, de parte de Hacienda, quien recibió a los ejecutivos de Sicpa fue el viceministro Nogui Acosta.
De hecho, el exmandatario se quejó de que Acosta no se interesara después de que “le expusieron el éxito logrado en otros países donde la tecnología de la empresa fue contratada mediante licitaciones internacionales”.
“¿Se interesó tan siquiera don Nogui por explorar el asunto? Jamás”, dijo el expresidente.
El asunto no pasó a más en Hacienda.
Al mes siguiente, en agosto del 2018, el diputado liberacionista, Daniel Ulate, trató de introducir la obligatoriedad del sistema de rastreo de licores en el proyecto de ley de reforma fiscal, con el argumento de que ayudaría a combatir la evasión de impuestos. No obstante, su iniciativa no prosperó.
Entonces, ese mismo mes, el legislador presentó un proyecto de ley en ese sentido.
En setiembre del 2018, Bernardo Arce también se reunió con el diputado Daniel Ulate para hablar de las tecnologías de trazabilidad de licores.
Luego, en febrero del 2019, el expresidente Figueres logró una reunión de alto nivel con el presidente del Banco Central, Rodrigo Cubero, y la entonces ministra de Hacienda para plantear de nuevo el tema.
Los diputados dictaminaron el proyecto de Ulate el 30 de julio del 2019 sin siquiera recibir audiencias.
Posteriormente, el Ministerio de Hacienda se opuso al concluir que el plan no es rentable. Un reciente informe de esa cartera señala que su implementación les podría costar entre ¢3.365 millones y ¢154.642 millones anuales a los contribuyentes y que, para que sea beneficioso, la recaudación de impuestos sobre los licores tendría que subir entre un 31,5% y un 357,5%.
Se trata de un proyecto que no señala fuente de financiamiento.