La reunión fue confirmada a este medio tanto por la exministra de Hacienda, Rocío Aguilar, como por el presidente del Banco Central, Rodrigo Cubero, según la oficina de prensa del ente emisor. En ambos casos se coincidió en que el exmandatario liberacionista habló de la tecnología del etiquetado de licores.

Al consultársele a la exministra si alguien de la empresa SICPA llegó a ofrecerle el sistema durante su gestión, ella respondió: “Vamos a ver. En una oportunidad nos reunimos con José María Figueres porque pidió una cita, escuchamos la información, y de ahí en adelante no pasó absolutamente nada más”.

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“Sí mencionó de la tecnología y de algunos otros países donde se había utilizado (...). Una reunión donde presentó la tecnología y cómo se había usado en otros países y de ahí no pasamos a más”, describió Aguilar.

Extrañamente, aunque fue presidente de República y sabe que la materia tributaria le corresponde a Hacienda, Figueres buscó al presidente del Banco Central (BCCR) y este invitó a Rocío Aguilar.

La reunión consistió en un desayuno en el BCCR. También asistió el ex viceministro de Ingresos, Nogui Acosta.

La oficina de Comunicación del BCCR informó de que, en la reunión, se habló de la economía nacional y que el expresidente Figueres “tocó el tema relacionado con el etiquetado”.

“Lo mencionó. Nada más ocurrió desde entonces”, dijo esta oficina del BCCR.

Rocío Aguilar no pudo precisar la fecha de la reunión. Por su parte, el Banco Central sostuvo que la cita con Figueres se produjo en el 2019, aunque su secretaria tampoco tenía la cita registrada por tratarse de un desayuno.

En tanto, el expresidente Figueres, quien nunca se había referido ni siquiera superficialmente a este tema, hizo una publicación sobre la reunión con la exministra y el presidente del BCCR este sábado a las 4:43 p. m., a través de Facebook, menos de 24 horas después de que La Nación iniciara averiguaciones para confirmar la información.

Lobby de SICPA previo a proyecto de ley

De pronto, Figueres no solo se refirió a esa reunión de alto nivel, sino que además relató otra cita que tuvieron representantes de la empresa que él preside para América Latina, Sicpa, con el ex viceministro Acosta.

Es precisamente por ese texto de Figueres que se conoció, este sábado, que la cita con Aguilar y Cubero se produjo el 18 de febrero del 2019.

El exmandatario y representante de SICPA también alegó que la exministra “se interesó por las múltiples tecnologías disponibles para controlar la evasión y nuevamente encargó a Nogui darle seguimiento”.

En su comentario en Facebook, el expresidente también revela una reunión con los ejecutivos de la empresa suiza antes de que el proyecto de Ulate fuese presentado.

“A solicitud de la entonces ministra Rocío Aguilar, el 29 de junio del 2018, el viceministro de Hacienda, Nogui Acosta, recibió en su despacho acompañado de otros funcionarios de Hacienda, a ejecutivos de SICPA que le expusieron el éxito logrado en otros países donde la tecnología de la empresa fue contratada mediante licitaciones internacionales”, confirmó Figueres.

El diputado Daniel Ulate presentó su proyecto el 28 de agosto del 2018, después de que fracasara un intento por introducir la obligatoriedad del rastreo de licores en la reforma fiscal.

Cuatro semanas después, el 20 de setiembre del 2018, Ulate se reunió con el entonces director para América Central de SICPA, Bernardo Arce, quien fue ministro de Transportes y de Seguridad durante el gobierno de José María Figueres Olsen.

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El diputado alegó que lo recibió por ser un copartidario y confirmó que conversaron sobre la tecnología para la trazabilidad de licores.

En Chile, el expresidente Figueres también figura como representante de SICPA en reuniones con altos funcionarios de Hacienda, dentro del registro público de lobistas.

En declaraciones ofrecidas en ese país, el exmandatario costarricense dijo que en otros países “nos han hecho la vida imposible”, en referencia a SICPA.

Esta compañía desarrolló los sistemas de rastreo de licores en Brasil, Chile, Ecuador y República Dominicana, mediante contratos de millones de dólares.

De hecho, en una publicación en Facebook, Figueres salió en defensa de SICPA cuando este medio publicó que, en Brasil, un tribunal federal condenó a tres personas por el otorgamiento de $15 millones en sobornos relacionados con la adjudicación de un contrato de $740 millones (¢430.000 millones) a la firma suiza.

Según la justicia brasileña, el proceso de licitación fue contaminado desde su origen para llevarlo a un resultado que satisfaciera los intereses de la compañía suiza.

En octubre del 2019, el expresidente Figueres alegó que la investigación por pagos indebidos en Brasil se centró en un “consultor” que SICPA “destituyó en el acto”, al tiempo que colaboró en la investigación y que hoy sigue operando con normalidad en Brasil.

El “consultor” es el ex vicepresidente de SICPA en Brasil, Charles Nelson Finkel, quien fue condenado a 11 años y medio de prisión por pagar sobornos a través de cuentas en Estados Unidos, según reportó el diario O Globo.

Jerarcas sin compromiso

La exministra Aguilar y el BCCR sostuvieron que, durante la reunión, no adquirieron ningún compromiso con Figueres.

“Al igual que José María (Figueres), mucha gente que uno atiende te habla de una u otra cosa, pero bajo ninguna circunstancia puede uno adquirir un compromiso de ninguna naturaleza con nadie”, dijo Aguilar.

De hecho, cuando fue llamado a comparecer sobre el proyecto de ley de Ulate en la Asamblea Legislativa, el ex viceministro de Hacienda, Nogui Acosta, se opuso, al concluir que la inversión en la contratación era demasiado alta en relación con el beneficio fiscal que recibiría el Estado.

“Rechazan el proyecto por considerar que no era positiva la relación costo-beneficio”, recordó Aguilar, sobre el análisis que hicieron los técnicos de Hacienda.

No obstante, el proyecto de ley fue dictaminado desde el pasado 30 de julio, incluso antes de haber de que los diputados recibieran comparecencias de instituciones y sectores empresariales.

La semana pasada, fracasó un intentó del diputado Ulate para que el proyecto entrara a su etapa final de trámite legislativo. La jefa de fracción de Liberación Nacional (PLN), Silvia Hernández, se opuso.

El legislador Ulate dijo estar seguro de que, esta lunes, el plan sí avanzará en la Asamblea Legislativa.

Rocio Aguilar: ‘Pidió una cita, escuchamos la información’

-Como ministra de Hacienda, ¿alguien de la empresa Sicpa llegó en algún momento a ofrecerle a usted la posibilidad de instalar ese servicio en Costa Rica?

Vamos a ver. En una oportunidad, nos reunimos con José María Figueres porque pidió una cita, escuchamos la información y, de ahí en adelante, no pasó absolutamente nada más.

-¿Recuerda en qué fecha?

No, debió ser el año pasado. Dejame para ver si lo relaciono con algo... No, no recuerdo.

¿O recuerda si fue antes o después de la reforma fiscal?

No, no tengo... No, estaría bateando.

¿Y cómo don José María Figueres le pidió la cita? ¿Cómo hizo para hacer el contacto?

Bueno, es que en realidad no me la pidió a mí, la había pedido al Banco Central y, en el Banco Central, por tratarse de esa materia, nos invitaron a Nogui (Acosta) y a mí. Lo escuchamos como llegan tantas cosas de sistemas y de cosas, sin ninguna diferencia respecto a cualquier otra conversación.

-¿La reunión fue en el Banco Central?

Sí, sí, sí.

-¿Estaba don Rodrigo Cubero también?

Estábamos don Rodrigo, don Nogui y yo, de parte nuestra.

-¿Cómo se presentó don José María?, ¿como representante de la empresa?

No me acuerdo si como representante de la empresa. Sí mencionó de la tecnología y de algunos otros países donde se había utilizado, pero no te podría contestar cómo se presentó.

“Es que fue como una reunión más que se puede dar y vos no le tomás... Es decir, no quedamos en nada, como para que yo te dijera que mandó un correo o alguna cosa. Simplemente comentó y ya, no pasó a más eso”.

-¿Comentó que existía la tecnología?

Sí, sí.

-¿Con el interés de que el país la pudiera implementar para el tema de cigarrillos, licores, cerveza...?

No me acuerdo con tanto detalle, fijate vos que de tantos millones de cosas y de reuniones mías, quizás estas. Osea, no la tengo, me acuerdo porque obviamente por tratarse de José María, verdad. Me acuerdo de él, si hubiera llamado, si hubiera tenido otro nombre o hubiera sido un extranjero, ni el nombre me acuerdo, pero nada más así fue. Una reunión donde presentó la tecnología y como se había usado en otros países y de ahí no pasamos a más.

“Digo, nunca más me llamó, ni llamó al Ministerio, ni me mandó un correo o alguna cosa, que yo te diga, mirá busco y le puedo dar seguimiento, no”.

-Ustedes se limitaron a escuchar, no se comprometieron a absolutamente nada...

Acordate de las canas que tengo yo. No, jamás, jamás, jamás.

-Me parece evidente que la posición del Ministerio posterior ya cuando vino el proyecto de ley fue de que eso no servía.

Por eso te digo. Al igual que José María (Figueres), mucha gente que uno atiende te habla de una u otra cosa, pero primero bajo ninguna circunstancia puede uno adquirir un compromiso de ninguna naturaleza con nadie. Ya yo tengo muchos años de recorrido, y jamás. Me parece que fue una reunión respetuosa, tampoco podría decir yo que haya habido alguna cosa de que ustedes tienen que... No, no, no, fue una reunión respetuosa, la calificaría yo, y no pasó a más.

-Cuando el Ministerio de Hacienda va a la Asamblea Legislativa, por escrito y en audiencia se opone a este proyecto, por considerar que la inversión no necesariamente justificaba el beneficio, ¿eso usted lo delegó o usted también participó en ese análisis?

No, eso lo llevó adelante el área de Ingresos, liderada por Nogui (Acosta). Sí me comentaron que habían hecho un análisis, es más ni siquiera me tocó ir a la Asamblea por ese tema.

"Sí me contaron que habían hecho un análisis de costo-beneficio. Tal vez me devuelvo. Obviamente, todo aquello que permita reducir evasión, contrabando y todas las demás cosas son de interés para el Ministerio, hago esa aclaración, cualquier sistema que permita lograr ese objetivo.

“Segundo, ellos hicieron un análisis me parece a partir del proyecto de ley y la consulta que le hace la Asamblea al Ministerio de Hacienda, en donde básicamente digamos, rechazan el proyecto por considerarlo que no era positiva la relación costo-beneficio”.