El Congreso está a las puertas de aprobar un proyecto de ley que crearía un lucrativo negocio de registro de licores, a pesar de que la iniciativa cuenta con una lluvia de objeciones, tanto de instituciones del Estado como del sector empresarial.
Las opiniones en contra critican el costo de la herramienta, su conveniencia y el retorno económico de esa inversión, así como posibles trabas al comercio formal por la eventual imposición de más cargas tributarias, o bien, por más gastos y trámites.
También, autoridades de Gobierno cuestionaron que se le imponga al Estado la obligación de instaurar un mecanismo de trazabilidad para los licores, con el objetivo de reducir la evasión de impuestos y el contrabando, sin establecer de previo cómo se va financiar.
En Ecuador, la instalación de un sistema similar costó $72,6 millones (unos ¢42.000 millones).
Según estimaciones del Ministerio de Hacienda, la inversión en el método de marcado de las botellas podría resultar más cara que el dinero que se recupere. Si se utilizara el sistema ecuatoriano, el país perdería ¢1.700 millones anuales, les dijo el viceministro de Ingresos, Nogui Acosta, a los diputados en el Congreso.
Y agregó: “¿Qué quiere decir esto? Subamos el impuesto a los licores para compensar el costo que tiene el tema de las etiquetas”.
Esas declaraciones las ofreció el 24 de setiembre ante la Comisión de Asuntos Económicos, donde se discute el proyecto N.° 20.961, Ley contra la Adulteración, Imitación y Contrabando de Bebidas con Contenido Alcohólico.
Allí también se opusieron los ministros Victoria Hernández y Daniel Salas, de Economía y Salud, respectivamente; así como el presidente de la Cámara de Industrias, Enrique Egloff, y el director Ejecutivo de la Cámara de Comercio, Alonso Elizondo.
Además, por escrito vertieron criterio en contra la Contraloría General de la República, el departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea y la Cámara Costarricense-Norteamericana de Comercio de Costa Rica (AmCham).
Solo el director Ejecutivo de la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias (ANAI), Jonathan Espinoza, apoyó la totalidad del contenido del proyecto de ley. A la audiencia, él se hizo acompañar de los alcaldes Nixon Ureña, de San Ramón; y Horacio Alvarado, de Belén, del PLN y del PUSC, quienes también respaldaron el plan.
El plan es impulsado por los diputados alajuelenses Daniel Ulate, Roberto Thompson y María José Corrales, de Liberación Nacional (PLN), junto a Erwen Masis y María Inés Solís, de la Unidad Social Cristiana (PUSC).
Trámite apurado
Esa iniciativa ya se dictaminó de manera positiva en la Comisión de Asuntos Económicos y actualmente, se encuentra a la espera de que se le abra el segundo día para presentar las últimas mociones vía artículo 137 del reglamento legislativo.
Ese es el último paso que debe superar el texto para que entre al plenario legislativo para su discusión final y votación en primer y segundo debate.
Antes del dictamen afirmativo, los diputados de ese foro no habían convocado a nadie a audiencia; solo habían pedido criterios por escrito, los cuales también llegaban con posiciones en contra del plan.
Fue tras una publicación de La Nación, en la que se dio a conocer que el proyecto carecía de fuente de financiamiento, que los legisladores llamaron a comparecer a los jerarcas de gobierno y a los representantes del sector empresarial, el 9 de setiembre anterior.
Ahora corren por atender las observaciones y plasmarlas en un texto sustitutivo que se presentó a principios de mes a la corriente legislativa. La idea es introducirlo mediante una moción vía 137.
En una entrevista con este medio, el 6 de setiembre, el diputado Erwen Masis criticó a quienes se oponen al proyecto pues, según dijo, carecen de estudios técnicos de respaldo.
No obstante, reconoció que los impulsores de la iniciativa tampoco tienen un análisis de respaldo sobre el impacto país y que solo cuentan con la experiencia “exitosa” de países como Ecuador y República Dominicana, donde ya se implementó un sistema de registro y trazado de licores, similar al que se pretende instaurar en el país.
Figueres, representante y lobbista de una proveedora
El diputado socialcristiano Erwen Masís se refiere a países en donde el sistema de monitoreo de licores y cigarrillos fue contratado a la empresa suiza SICPA, la cual tiene al exmandatario José María Figueres como presidente para América Latina.
En enero de este año, el periódico chileno El Mercurio publicó declaraciones de Figueres, como presidente de SICPA Latam, en torno a la implementación del plan de trazabilidad del tabaco en Chile, el cual fue introducido mediante una reforma tributaria aprobada en el 2014.
El Servicio de Impuestos Internos (SII) de ese país adjudicó el contrato de la trazabilidad a la empresa SICPA Goverment Security Solution Latam SPA por un monto de $45 millones.
“Hemos contado con una cooperación absoluta por parte de las empresas con las cuales hemos establecido una relación muy armoniosa, que es completamente diferente a la situación que ha enfrentado SICPA en los otros países, donde nos han hecho la vida imposible”, dijo José María Figueres a El Mercurio.
Hace dos meses, la Cámara Chileno Suiza de Comercio también reportó, en Twitter, la participación de Figueres en un seminario sobre Economía azul y perspectivas de trazabilidad, como presidente de SICPA Latam.
El Diario Financiero de Chile también reportó la participación del exmandatario costarricense en ese mismo evento y con el mismo cargo, el 2 de agosto en Chile.
De hecho, Figueres aparece como representante de SICPA GSS LATAM SpA en la plataforma legal que se dedica a registrar las labores de lobby en Chile.
En este país, los funcionarios deben reportar por ley con qué “gestores de intereses” se reunieron y esta información está en línea.
Los días 9 de mayo y 23 de noviembre del 2018, por ejemplo, el expresidente costarricense participó en reuniones con el director del Servicio Interno de Impuestos de Chile, Fernando Javier Barraza Luengo, para hablar sobre el avance del proyecto de trazabilidad de SICPA.
El 14 de mayo del 2019, Figueres Olsen participó en otra reunión con Francisco Antonio Matte Risopatrón, jefe de gabinete del ministro de Hacienda chileno.
Sobre el caso de Ecuador citado por el diputado Masís, allí el sistema de trazabilidad fue adjudicado a SICPA por un monto de $72,6 millones, en julio del 2016, con el objetivo monitorear licores y cigarrillos, según el diario local La Hora.
En este país, los fabricantes de licores deben incorporar en sus botellas el sello que corrobora el origen legal del licor y el pago de impuestos.
SICPA ganó el contrato como oferente único, circunstancia que fue cuestionada por la Cervecería Nacional de Ecuador, la cual sostiene que las bases del concurso fueron tan complejas que solo se presentó un oferente.
Según reportó el medio ecuatoriano Expreso, la Cervecería Nacional de este país criticó que el gobierno ecuatoriano invitase a participar en la licitación a empresas que no podían calificar, que no tenían el Registro Único de Proveedores y que ofrecían servicios o productos que nada tenían que ver con proveer un sistema para instalar el sistema.
Más de 1.300 compañías fueron invitadas, pero solo una sola cumplía los requisitos para ser oferente y ganó el contrato, según la denuncia de la Cervecería.
Escándalo y condena en Brasil
El adjudicatario en Ecuador fue el consorcio SICPA EcuaTrace, conformado por las firmas SICPA S. A. y de SICPA Security Solutions.
Esta segunda empresa es la proveedora del sistema de trazabilidad de bebidas que también instauró el Gobierno de Brasil, a través de la filial brasileña SICPA Brasil Industria de Tintas e Sistemas.
En relación con ese contrato, un tribunal federal de Brasil condenó a tres personas por el otorgamiento de $15 millones en sobornos, según reportó el diario O Globo.
Según la investigación del caso, citó O Globo, el proceso de licitación fue contaminado desde su origen para llevarlo a un resultado que satisficiera los intereses de SICPA. El contrato fue firmado en el 2008 entre la empresa suiza y la Casa de la Moneda de Brasil por cinco años y un monto de unos $740 millones.
Charles Nelson Finkel, entonces vicepresidente ejecutivo de SICPA, fue condenado a 11 años y medio de prisión por utilizar una compañía en Estados Unidos para pagar, entre el 2009 y el 2015, el dinero del soborno a Marcelo Fisch de Berredo Menesez, alto funcionario de la Casa de la Moneda, en las cuentas de una empresa de su esposa, quien también fue condenada.
“Como resultado, se transfirieron grandes sumas de los Estados Unidos a Brasil, dando la apariencia de legalidad a las transacciones financieras a través del sistema bancario, con la ejecución de un acuerdo de servicio ficticio y la emisión de facturas por servicios nunca prestados”, dijo O Globo.
En febrero del 2017, el diario ecuatoriano La República informó de que el Servicio de Rentas Internas de Ecuador requirió al Ministerio de Transparencia de Brasil información sobre el contrato firmado en ese país con SICPA.
Luego, en abril de este año, en República Dominicana, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) de República Dominicana firmó un contrato de unos $12 millones anuales con la empresa suiza SICPA para monitorear alcoholes y cigarrillos.
Del concurso para escoger al proveedor se encargó el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), reportó el Diario Libre.
En este país, la empresa rechazó acusaciones en la prensa: “Queremos informar que SICPA no está siendo procesada penalmente por corrupción en Brasil y continúa contribuyendo con su tecnología en programas de control de impuestos a los cigarrillos. En Chile, nunca se han formulado acusaciones ni existe investigación alguna en contra de SICPA, que, en febrero de 2018, ganó una licitación internacional, en un proyecto que comenzará a operar este mes de marzo”.
Añadió que en Ecuador "nuestro proyecto para instalar un sistema de marcación inteligente para control y rastreo de los impuestos a cigarrillos y bebidas alcohólicas de producción local e importadas opera con normalidad y las autoridades están satisfechas con su desempeño y resultados” .
Cerca de contrato con RACSA
En Costa Rica, Radiográfica Costarricense (RACSA) estuvo cerca de subcontratar a SICPA para proveerle al Ministerio de Salud un sistema de trazabilidad de cigarrillos en el 2017.
En setiembre del 2017, Diario Extra publicó que Racsa iba a contratar a la empresa suiza como única oferente, mediante un contrato confidencial. No obstante, al final la licitación se declaró desierta.
Entre los atestados que aportó la compañía, está una declaración de capacidad técnica y comercial emitida en agosto del 2011 por Luis Felipe Denucci Martins, quien fue destituido en el 2012 del cargo de presidente de la Casa de la Moneda de Brasil por, supuestamente, recibir sobornos de proveedores de la agencia a través de dos compañías en el extranjero.
Cuando Extra publicó sobre el asunto, SICPA negó acusaciones en otros países y agregó, en octubre del 2017, que Figueres no representaba a la compañía ni tiene un rol ejecutivo u operativo.
Cámara de Industrias: el sistema es más caro que los resultados
El presidente de la Cámara de Industrias, Enrique Egloff, refuta la posición del diputado Erwen Masís sobre el éxito recaudatorio en Ecuador con el método de trazabilidad.
Egloff aseguro que el sistema de registro y trazado de licores en ese país no ha sido exitoso y que, por el contrario, ha dejado más gastos que ingresos.
Para justificar su afirmación, Egloff citó el informe denominado “Comercio Ilícito de Alcohol en Costa Rica, desafíos y soluciones”, de la Alianza Transnacional para Combatir el Comercio llicito, de setiembre de este año.
En ese documento se consignó que el sistema empleado en Ecuador, llamado Simar, costó $23 millones en sus primeros dos años en uso, y el aumento en los ingresos por alcohol solo fue del $7,6 millones, es decir, un 67% menos.
Además, revela que hubo una disminución en la recaudación por tabaco de casi $14,5 millones, al término del 2018.
“Aunque el sistema Simar (en Ecuador) ha tenido algún impacto en el comercio ilícito de alcohol, esto ha tenido un costo muy alto para el gobierno (ecuatoriano), con una cantidad invertida en el sistema muy superior a los ingresos adicionales por impuestos especiales”, concluye ese estudio.
Alternativa vulnerable
Egloff también cuestionó que un sistema de marcaje de botellas sea la solución para combatir el contrabando, pues el sistema podría ser vulnerado y se abriría un portillo para que se imiten o clonen los etiquetados.
“Se abren muchos portillos para el comercio ilícito de estampillas fiscales o comercialización indebida de esos mecanismos que tiene la finalidad de validar la presencia de los productos legales en el mercado”.
“Una administración y manipulación incorrecta tendría efectos adversos con implicaciones no solo económicas, sino también de salud, además de representar una posibilidad muy alta de convertirse en un foco más de corrupción”, dijo el representante de los industriales.
Una posición similar tiene el ministro de Salud, Daniel Salas, pues si bien cree que el sistema ayudaría a combatir el contrabando, también considera que económicamente no sería la mejor solución. Aduce que puede ser una alternativa muy costosa que no podría dar los resultados esperados, ya que en otros países se ha demostrado que son susceptibles a ser vulnerados.
“Lo que se ha visto muchas veces es que, con el paso del tiempo, logran vulnerar el sistema, logran al final poder falsificar productos, incluso, a pesar del sistema”.
“Entonces, también en eso diría que se debe tener cierta mesura de cuál va a ser el gasto en que vamos a incurrir como país, porque puede ser que tengamos la tecnología más elevada, pero que al final puede ser vulnerada y nos vamos a quedar con una inversión que al final no nos va a solucionar el problema”, expresó Salas.
No combate muertes por alcohol adulterado
El jerarca de Salud tampoco considera que este mecanismo ayude a contrarrestar las muertes por ingesta de alcohol adulterado, pues afirma que muchas de las personas que han fallecido solo se fijan en el precio y no en la procedencia de la bebida.
“Hay muchas personas que, con tal de tener el precio más bajo, no necesariamente van a fijarse justamente en el mecanismo de protección. Es algo que lo digo como una observación que vimos durante la investigación, que al final, justamente los productos que están más caros son los que menos escogen muchas de estas personas que terminaron intoxicadas”.
“Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta, porque, obviamente, entre más caro un producto, pues menos accesible… Mucha de esta población –no digo que toda–, al final mucha gente no está importándole sí tiene un mecanismo de protección (…). Algunos sí, algunos nos importarán más, otros con educación y todo, pero hay unos que en realidad no se van a fijar si tienen el mecanismo de protección que eventualmente podría tener”, añadió Salas.
Aval regional
Por su parte, la ministra de Economía, Victoria Hernández, puso en entredicho que el mecanismo de marcado sea la solución. Argumentó que no existe uno “infalible que no sea replicable”.
Y al igual que su homologo de Salud, ve “muy difícil” que la adulteración de licores “se evite o se suprima con un dispositivo que facilite la trazabilidad”.
Además, dijo que para hacer un cambio en el etiquetado de las botellas, de previo se requiere de una autorización del Consejo de Ministros de Integración Económica (Comieco).
“Hay que pedir permiso porque se pide una autorización a Comieco (...). Hay que llevar el proceso, hay que hacer una negociación con toda Centroamérica, con toda la región. Eso lleva un tiempo, hay que hacer toda una justificación científico-técnica de por qué debería hacerse”, manifestó Hernández.