Horas antes de que los diputados rechazaran, por mayoría, un proyecto de ley para eliminar la obligatoriedad de entidades estatales de comprar alimentos al Consejo Nacional de Producción (CNP), David Araya, director regional de esa entidad, publicó en un grupo de WhatsApp de proveedores de la institución: “Ya tenemos cuatro votos a nuestro favor”.
Araya, de la dirección regional Brunca del CNP, publicó ese mensaje a las 12: 22 p. m. y el proyecto (expediente 21.424) se rechazó, con cinco votos en contra y dos a favor, cerca de las 2: 30 p.m.
La Nación contactó a Araya y él relató que, en efecto, hace unos meses la historia era otra en la Comisión de Ciencia, Tecnología y Educación, donde se discutía desde hace tres años este proyecto.
Había, dijo, cinco diputados a favor de eliminar el monopolio del CNP en la venta de alimentos a las instituciones y dos en contra.
El diputado proponente del proyecto, el liberacionista Wagner Jiménez, se mostró decepcionado de que, inicialmente, este plan tenía el apoyo de la mayoría de diputados, pero todo cambió en las últimas semanas por “presiones” de los sectores y el “efecto de la campaña electoral”.
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¿Cómo cambió el parecer de los diputados?
David Araya, director regional del CNP, explicó que los suplidores tienen un comité de agroempresas asociadas al PAI (Programa de Abastecimiento Institucional del CNP) que visitaron diferentes organizaciones políticas haciendo “lobby”, “como lo hacen la mayoría de organizaciones del país” para evitar que ese proyecto se aprobara.
“El ‘lobby’ (con los diputados) lo han hecho todos. Han ido frijoleros, cooperativistas, pequeños empresarios, microempresarios. Todo el mundo se ha estado tratando de mover. Me parece que ahí es donde anda la organización, ellos han estado presionando y buscando a candidatos presidenciales, a cuanto interesado en el proyecto ha estado y, dichosamente, contaron con un tipo de apoyo. Nos alegramos de que hayan podido inferir (sic) en la decisión de los diputados”, dijo Araya.
Agregó que él ha estado apoyando a estos suplidores.
“Los hemos alentado a esforzarse para defender este programa que tanto beneficio les genera. Estoy alegre esperando lo que pase en la comisión, los diputados cambiaron de posición en buena hora para el sector agro del país”, detalló.
Un día antes de esta votación, el miércoles, proveedores del CNP se manifestaron frente a la vivienda del diputado Jiménez, en Heredia, para hacer presión de que no se aprobara el proyecto. Luego se trasladaron al Balcón Verde, sede del Partido Liberación Nacional, en La Sabana.
La manifestación fue ampliamente apoyada y difundida por la oficina de prensa del Consejo. Hicieron un amplio despliegue informativo, enviaron a la prensa comunicado, ocho videos, 25 fotografías y contactos de manifestantes opuestos al proyecto. Parte de las imágenes suministradas por el CNP muestran rótulos que tratan de “traidor” al legislador.
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También el CNP compartió con la prensa el afiche donde los proveedores convocaban a un “plantón” en la casa del legislador, ubicada en San Francisco de Heredia.
Ante consultas de La Nación, Casa Presidencial prometió investigar estas actuaciones del CNP y sentar responsabilidades.
La posibilidad de romper el monopolio que tiene el Consejo Nacional de Producción como proveedor de alimentos para escuelas, hospitales y cárceles fue rechazada la tarde de este jueves. El principal cliente del CNP es el Ministerio de Educación Pública (MEP).
De esta manera, los estudiantes son las principales víctimas de los altos precios y la mala calidad de los alimentos que les venden los proveedores de esa institución, ampliamente documentados por la Contraloría General de la República, estudios de la Universidad Nacional y de la Comisión para la Promoción de la Competencia (Coprocom), además de cámaras de sectores productivos.
Votaron en contra de la propuesta Mileidy Alvarado, de Restauración Nacional e Ignacio Alpízar; Óscar Cascante, de la Unidad Social Cristiana (PUSC); y Mario Castillo y Enrique Sánchez, del Partido Acción Ciudadana.
Entretanto, el proponente Wagner Jiménez y Silvia Hernández, ambos de Liberación Nacional, dieron su voto afirmativo.
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Ahora, los dos dictámenes del expediente 21.424 deberán ser trasladados al plenario legislativo, donde los 57 diputados determinarán cuál de ellos se acoge.