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El proyecto de ley para eliminar la obligación que tienen los comedores escolares de comprar sus alimentos al Consejo Nacional de Producción (CNP) tiene el respaldo de la Contraloría General de la República (CGR).
El apoyo lo manifestó este jueves 2 de setiembre, la contralora general, Marta Acosta, durante su comparecencia en la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Asamblea Legislativa, que conoce los temas relacionados con educación.
Ese foro estudia una reforma al artículo 9 de la ley 2.035, el cual establece que las entidades públicas están en la obligación de adquirir los suministros alimentarios a través del CNP.
De acuerdo con Acosta, en las fiscalizaciones elaboradas por la Contraloría en los últimos años encontraron precios excesivos, costos adicionales por almacenamiento, retrasos en las entregas de alimentos y daños en los productos perecederos.
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“Lo que nosotros estamos proponiendo es que esto se abra tanto para el Ministerio de Educación Pública como para las Juntas de Educación ¿por qué? Pensamos que debe enfocarse en el aprovisionamiento de servicios y no en los sujetos.
“El responsable número uno del aprovisionamiento de los comedores estudiantiles es el Ministerio de Educación Pública, se ha apoyado en las Juntas a través de los años, pero la responsabilidad primera es del Ministerio.
“En ese sentido, si se le da la opción (de comprar a proveedores fuera del CNP) solo a las Juntas ¿Qué podría pasar en el futuro con el Ministerio?”, declaró Acosta frente a los legisladores.
Otras deficiencias del CNP apuntadas por la Contraloría están relacionadas con registros de información insuficientes, pues no se puede precisar la cantidad de productores beneficiados por el Programa de Abastecimiento Institucional (PAI).
También señalaron atrasos en pagos a proveedores en el 92% de las facturas analizadas entre 2018 y 2021.
Información sobre precios
“Por otra parte, no fue posible determinar la razonabilidad en el establecimiento del precio de compra al proveedor y conocer si el producto se vende a un precio competitivo.
“Por ejemplo, no se dispone de información sobre los costos de transporte del producto y se desconoce el impacto que genera la cadena de comercialización en la fijación de los precios”, subrayó Acosta.
Además, según la contralora, la metodología utilizada por el Consejo para definir los precios de referencia permite que se le pague a los suplidores importes mayores a los que la misma entidad califica como precios máximos permitidos.
“Eso podría implicar que los precios que se le cobran a los clientes, instituciones públicas, sean mayores que los precios de mercado”.
La jerarca enfatizó en que las Juntas deben aplicar la Ley de Contratación Administrativa a la hora de comprar suministros, pues manejan fondos públicos transferidos desde el Estado.
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En julio, La Nación reveló que, cada vez que un comedor escolar compra artículos al CNP, debe cancelar hasta un 12% de “margen de operación” sobre el “precio de costo”.
Con ese porcentaje, el valor del cartón de 15 huevos (menos de un kilo) de sus proveedores es de ¢1.741 y el costo de venta (precio final que se cobra a las escuelas) sube a ¢1.950 al aplicarle el “margen de comercialización”.
El Consejo dijo a este diario que ese porcentaje oscila entre un 6% y 12% de acuerdo con el artículo que se compre, ya sean verduras, frutas, carnes o abarrotes.
Productores
Durante la comparecencia de Acosta, los diputados del Partido Acción Ciudadana (PAC), Catalina Montero y Mario Castillo mostraron su oposición a reformar la ley.
Ambos legisladores expresaron preocupación de que los productores nacionales pierdan mercado, disminuyan ingresos y fuentes de trabajo.
También cuestionaron la capacidad de las Juntas de Educación para realizar compras a través del Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop).
“Creo que nosotros debemos tener unos 30.000 productores, ellos son los que abastecen al CNP y en todas las exposiciones que escucho sobre este tema, no oigo qué va a pasar si nosotros abrimos las compras, qué va a pasar con esos 30.000 productores”, cuestionó Castillo.
El proyecto de ley se tramita mediante el expediente 21.424.
