El Consejo Nacional de Producción (CNP) promovió la protesta que un grupo de proveedores de la institución realizó la mañana de este miércoles frente a la casa del diputado liberacionista, Wagner Jiménez, quien promueve el proyecto de ley para eliminar la obligatoriedad de las entidades públicas de comprarle a la institución, pues los productos tienen sobreprecios y problemas de calidad.
Desde primeras horas de la mañana, la oficina de prensa de la institución realizó un amplio despliegue de información sobre la actividad y envió a la prensa comunicado, fotos, videos, y hasta los números de celular de los manifestantes para que los buscaran. De esta forma, promovió la cobertura de la protesta que se realizó frente a la casa de habitación del legislador, en San Francisco de Heredia.
Parte de las imágenes compartidas por el CNP muestran rótulos que tratan de “traidor” al legislador, quien preside la Comisión Especial de Ciencia, Tecnología y Educación, la cual discute el proyecto de ley para modificar el artículo 9 de Ley Orgánica del CNP, con el objetivo de eliminar la obligatoriedad de entidades estatales de comprar alimentos al Consejo, dentro del Programa de Abastecimiento Institucional (PAI). El plan se tramita en el expediente 21.424.
Esa obligatoriedad se mantiene a pesar de frecuentes denuncias por sobreprecios en los productos y quejas por la mala calidad de los alimentos.
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Según la norma, las escuelas, cárceles, hospitales y otras entidades deben adquirir productos “a los precios establecidos” que se encarecen con respecto a los del mercado debido a que deben incluir los costos por intermediación de hasta un 12% del CNP, así como otros porcentajes de otros intermediarios en el proceso.
Los proveedores del Consejo acudieron a la casa del legislador para presionar porque al parecer este jueves se podría dictaminar el protecto en la Comisión. Luego de esa fase, pasaría a la agenda del plenario.
El Consejo, como parte del despliegue informativo de la protesta, compartió un comunicado que se tituló “Productores protestan frente a casa de diputado del PLN por amenaza a 30.000 puestos de trabajo”.
El comunicado indica que el proyecto impulsado por Jiménez “pretende abrir el mercado del Programa de Abastecimiento Institucional (PAI) del CNP, para que proveedores no autorizados por ley les hagan competencia con productos importados que los dejarían literalmente quebrados”.
“Esta reforma implicaría abrir a una competencia desigual al único mercado que le compra a precio justo a los productores nacionales”, se lee en el escrito.
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La oficina de prensa del CNP compartió más de 25 fotografías y ocho videos de la manifestación. También compartió el afiche donde los proveedores convocan a la al “plantón” en la casa del legislador.
Después de la protesta en la casa de Jiménez, los proveedores se dirigieron al Balcón Verde del Partido Liberación Nacional (PLN), en Sabana. Su intención era solicitar a José María Figueres, candidato presidencial del PLN para las elecciones 2022, que hablara “con sus diputados para que no maltraten al agricultor”, según se lee en las pancartas compartidas por la oficina de prensa del Consejo. La nueva ruta de la protesta, también fue informada por el CNP.
“Me informan, que ya van saliendo de Heredia con dirección al Balcón Verde con una serie de peticiones alzando la voz en defensa de la fuerza productora nacional”, dijo.
A pesar del amplio despliegue informativo, la oficina de prensa del CNP aclaró que solo compartieron el material, pero que la actividad “no fue organizada, ni promovida” por ellos.
“Les reenviamos las imágenes e información originada y suministrada por ellos, con el fin de que llegue a ustedes”, añadieron.
La Nación solicitó a Casa Presidencial un pronunciamiento sobre las acciones del Consejo, al cierre de esta información, guardó silencio.
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Intimidación
Para el diputado Wagner Jiménez, el hecho de que los proveedores del Consejo hayan ido a su casa de habitación es solo una muestra de intimidación para evitar que se apruebe el proyecto en comisión.
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“Me parece muy desagradable que el CNP haya promovido esta manifestación utilizando recursos públicos para querer intimidarme sobre un proyecto de ley que promuevo para evitar sobreprecios y mejorar las calidades de los alimentos en los comedores escolares. Realmente es vergonzoso que incomodaran a mis vecinos. No puedo estar de acuerdo con que los costarricenses que pagan los tributos financien ganancias de intermediación y tampoco puedo estar de acuerdo con frenar los recursos para escolares y colegiales de hogares en pobreza que se alimentan en las escuelas y colegios públicos de nuestro país”, manifestó el legislador.
Jiménez rechazó que el proyecto en discusión pretenda cerrar el CNP como indican los proveedores. La intención, dijo, es liberar a las Juntas de Educación de la obligación de tener que comprarle únicamente al CNP, aunque este les venda más caro o provea productos de mala calidad.
“He conversado con las partes involucradas desde el 2018 y puedo decir que los que están más molestos con este proyecto son los intermediarios, no los campesinos. Este proyecto nació porque escuché a los educadores, a las juntas de educación y a los padres de familia, ellos se quejaron de la pésima calidad de productos que llegan hasta los platos de sus hijos por no tener otra opción que comprarle al CNP”, manifestó.
Publicaciones de La Nación han dado a conocer los sobreprecios del Consejo a partir de informes de la Contraloría, denuncias de sectores e investigaciones.
Un reciente análisis de la Comisión para Promover la Competencia (Coprocom) reveló que los precios de los bienes que el Consejo le vende a escuelas, cárceles y hospitales son, en promedio, 46% más caros que los comercializados por el Centro Nacional de Abastecimiento y Distribución de Alimentos (Cenada) y 19,5% más que los ofrecidos en las ferias del agricultor.
La Contraloría General de la República (CGR) en un informe del 2019, afirmó que el 60% de productos que suple el Consejo para consumo de escolares tienen un costo mayor a los precios máximos ofrecidos por los negocios de las comunidades donde operan los centros educativos.
Además, un estudio de la Universidad Nacional (UNA) reveló que el Consejo vende los frijoles a las escuelas al doble del precio que se lo compra a los productores por el efecto de intermediación de asociaciones, pues mientras un frijolero entrega el quintal a la asociación por ¢32.600, el CNP lo comercializa a las escuelas a ¢64.000.
Los miembros de las Juntas de Educación que participaron en el estudio de la UNA confirmaron que el CNP es caro en todos los productos.
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También la Cámara Nacional de Avicultores (Canavi) denunció que el CNP paga un “sobreprecio elevadísimo” a intermediarios por los huevos para los paquetes de alimentos que se entregan a estudiantes de bajos recursos. Se llegó a ¢1.950 por el kilo, cuando este se puede conseguir en ¢700 en los supermercados.
En agosto, la contralora Marta Acosta reveló a los diputados de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público, que investiga el manejo de fondos públicos por parte del CNP, que para la compra de diarios que hizo la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) en la atención de la pandemia, el precio cotizado por el Consejo resultó 82% más caro que el ofrecido por el proveedor privado al que al final se le adjudicó la contratación.
Pese a las pruebas, estudios, informes, quejas de centros educativos, cámaras y distintas organizaciones sobre los sobreprecios, el CNP niega que vendan a las instituciones a precios mayores que el mercado. Afirma que son “informaciones inexactas que buscan desestabilizar el mercado del PAI”.
Sin embargo, la institución no presenta ni un solo estudio formal ni prueba que certifique lo que afirman en los comunicados.