En momentos de muchos cuestionamientos sobre la labor del Consejo Nacional de Producción (CNP), el presidente ejecutivo de la institución, Ángel Jiménez, defendió los precios de los productos que vende a los centros educativos.
Su defensa la hizo este jueves ante los miembros de la Comisión Especial de Ciencia y Tecnología, que discute un proyecto para eliminar la obligatoriedad de las escuelas de comprarle alimentos al Consejo, dentro del Programa de Abastecimiento Institucional (PAI).
Se trata de una modificación al artículo 9 de la Ley Orgánica del CNP, la cual se tramita bajo el expediente 21.424.
Contrario a informes de la Contraloría General de la República (CGR), un estudio de la Universidad Nacional y quejas de los centros educativos, Jiménez sostuvo que los precios son competitivos con el mercado.
Tanto él, como Óscar Quirós, también funcionario de la entidad, afirmaron que la evidencia está en un estudio del Ministerio Educación Pública (MEP), según el cual, para 2019, el 96% de los centros educativos tuvieron un ahorro por ¢15.000 millones, en la compra de alimentos que le hacían al CNP.
“En la misma exposición de motivos (del proyecto) se habla de que somos caros, que tenemos sobreprecios. Resulta que el Ministerio de Educación ha indicado en diferentes ocasiones que en el 2019, en su informe, el 96% de los centros educativos que abastecíamos en ese momento tenían superávit”, dijo.
El estudio o informe en el cual sostienen su afirmación, también fue mencionado en un comunicado enviado por la institución el 30 de julio.
Afirmaban que el estudio identificó un ahorro de ¢15. 000 millones en los centros educativos abastecidos por el CNP y de solo ¢5.000 en los que le compraban a proveedores privados. La Nación le solicitó al CNP el estudio, pero nunca fue enviado.
Este medio consultó entonces al MEP sobre dicho documento, pero la institución desmintió que fuera un estudio formal y dijo que el superávit al que hacen referencia los funcionarios no era necesariamente por los precios de alimentos sino por otras variables. Ni siquiera era del 2019.
“Con respecto al estudio que indica el CNP (que en realidad fue del 2018) se trató de un análisis de datos exploratorio para efectos de una reunión, los cuales fueron expuestos en una presentación, no representan un informe como tal o un estudio formal.
“Es importante aclarar que el hecho que una Junta (de Educación) presente un ‘ahorro’ o ‘superávit’ no implica que se esté dando necesariamente precios de venta más baratos por parte del CNP o un proveedor privado, existen otros factores, entre ellos, el tamaño del centro educativo y las economías a escala de producción de los alimentos en los comedores”, explicó Leonardo Sánchez, director de Programas de Equidad del MEP.
Sánchez añadió que se debe considerar que el año 2018 fue atípico porque se presentó una huelga prolongada, de tres meses, que afectó el servicio de comedor y que, en muchos casos, los comedores cerraron y la asistencia cayó considerablemente.
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Esa situación afectó la ejecución del presupuesto de ese año y, por lo tanto, las Juntas de Educación quedaron con superávit, pero no porque el CNP vendiera barato sino porque no hubo servicio de comedor.
Otros factor que incide en el ahorro en las Juntas, dijo Sánchez a La Nación, es la asistencia de los beneficiarios al comedor. Cada vez que un estudiante no asiste, se presenta un ahorro, este valor se incrementa en centros con altos porcentajes de ausentismo o exclusión, hasta que se haga el ajuste de beneficiarios en el sistema.
“En 2018 no todos los centros educativos estaban aplicando el nuevo menú, y, con ello, el costo de preparación de alimentos era diferente. El nuevo menú es más costoso que el menú anterior. Otro aspecto a considerar, son los ingresos que perciben algunas juntas (en algunos meses del año) para el comedor por medio de actividades comunales, sodas, venta de comida a docentes o estudiantes no beneficiarios, donaciones de alimentos, producción de las huertas escolares”, aclaró Sánchez sobre la causa de los ahorros.
El Consejo atiende al 64% de los centros educativos (2.935).
Más caros
Las afirmaciones del presidente ejecutivo del CNP también contrastan con un análisis de 2019 de la Contraloría General de la República, el cual reportó que el 60% de productos que surte el Consejo para consumo de escolares tienen un costo mayor a los precios máximos ofrecidos por los negocios locales.
Los precios se encarecen por el margen de comercialización que cobra el Consejo por cada producto, que alcanza hasta un 12%, al que se suman porcentajes adicionales que se pagan por otros intermediarios.
En la comparecencia, Jiménez confirmó que en las ventas del 2020, que llegaron a ¢101.000 millones, el CNP se dejó el 6% (¢6.060 millones), dentro del cual está el “margen de comercialización”.
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También una reciente investigación realizada por el Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible (Cinpe), de la Universidad Nacional (UNA), evidenció que, en el caso de los frijoles, el Consejo cobra a los centros educativos hasta el doble del precio al que recibió el productor por cada quintal.
Los sobreprecios también se encuentran en otros productos como el huevo, que el CNP lo vende en ¢1.950 el paquete de 15, pero en el mercado el kilo cuesta ¢700 el kilo.
Durante la investigación Vargas consultó a las Juntas de Educación si consideraban que el precio al cual vende el PAI es más elevado que los de otros negocios, en distintos productos.
El 80% de las Juntas consultadas le otorgó una calificación “mala” y “muy mala” al Consejo en el rubro de precio.
Por ejemplo, en las carnes, el 100% de las Juntas encuestadas aseguró que era más caro comprar en el PAI que en otros comercios. En el caso de los lácteos, el 93% opinó lo mismo.
‘Distribuir riqueza’
Durante la audiencia de este jueves, Jiménez también defendió el PAI con el argumento de que distribuye riqueza, según dijo por la participación de micro, pequeños y medianos productores
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“Vemos cómo la cantidad de suplidores de base productora va en aumento, paralelamente con el crecimiento de las ventas. Esto lo que quiere decir es que estamos diluyendo ese abastecimiento y estamos haciendo distribución de riqueza”, expresó.
Aseguró que un 50% de sus proveedores son microempresas, 25%pequeñas, 15% medianas y 10% grandes. A estas últimas las describió como de “base social” pues son cooperativas.
Aseguró que el PAI no concentra suplidores de una sola región, genera empleo en zonas vulnerables y apoya encadenamientos productivos. Además, dijo, dan asesoramiento técnico y acompañamiento a los productores para generar valor agregado.
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Por esa razón, respaldó la obligatoriedad de compra por parte de los centros educativos que la iniciativa de ley pretende eliminar. El proyecto fue presentado por el liberacionista Wagner Jiménez.
Lo asegurado por el jerarca del CNP no concuerdan con los datos que el mismo CNP envió días atrás a La Nación. La información evidenció que solo 26 (el 8,3%) de los 312 proveedores que el Consejo tenía en el 2020 se dejaron el 45% (¢41.300 millones) del presupuesto para compras de alimentos por parte de las instituciones en escuelas, cárceles, policías y hospitales.
Rechazo
Entretanto, sobre el estudio realizado por la UNA, Jiménez aseveró que el documento no presenta la información completa porque ellos no compran el quintal de frijol a ¢32.000 como dice el estudio. Afirmó que se lo compran a una organización de productores y esta le paga a sus asociados.
Agregó que no se le está comparando al CNP con los precios del otro 40% de centros educativos que le compran proveedores privados. Para él, “probablemente”, esos precios son más caros que los del Consejo.
En el tema de comercialización de huevo, Óscar Quirós criticó que se le compare como si fuera un producto que se comercializa sin etiqueta, en el que no se conoce la trazabilidad.
“Usted va en cualquier momento a un establecimiento comercial y encontrará marcas conocidas a precios que superan los ¢2.000, fácilmente”, añadió.