Casos Madre Patria y Richter, PUSC y gobierno: explicamos paso a paso las conexiones y consecuencias
Investigación toca a cinco altos funcionarios públicos, entre ellos un diputado, un viceministro y una alcaldesa; el caso abrió grietas en el PUSC, mientras que el presidente Chaves defendió a varios investigados
Los principales investigados en el caso sobre presuntas dádivas, derivado del Caso Madre Patria, son Leslye Bojorges, diputado del PUSC; Carlos Ávila, viceministro de Transportes, y Gabriela Jiménez Corrales, alcaldesa de San Ramón. Foto: Asamblea Legislativa/Presidencia/Rafael Pacheco. Asamblea Legislativa/Presidencia/Rafael Pacheco
Esta semana, siete meses después de que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) desarticuló una banda presuntamente dedicada al fraude registral, la legitimación de capitales y la falsedad ideológica, reventó un segundo escándalo derivado de las escuchas telefónicas realizadas en el Caso Madre Patria, con la particularidad de que la nueva causa, llamada Caso Richter, implica a cinco altos funcionarios públicos, entre ellos un diputado de la República, un viceministro, una alcaldesa, una presidenta ejecutiva y una alta funcionaria del MEP.
Los implicados son Leslye Bojorges León, congresista del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); Carlos Ávila, viceministro de Transportes, y Gabriela Jiménez Corrales, alcaldesa de San Ramón, del PUSC, así como Marlen Luna Alfaro, exdirectora de Migración y actual presidenta ejecutiva del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), y Lourdes Sáurez Barboza, directora de la Dirección de Infraestructura Educativa (DIE) del Ministerio de Educación Pública (MEP).
Principales implicados en investigación sobre presuntas dádivas Los principales investigados en el caso sobre presuntas dádivas, derivado del Caso Madre Patria, son Leslye Bojorges, diputado del PUSC; Carlos Ávila, viceministro de Transportes, y Gabriela Jiménez Corrales, alcaldesa de San Ramón. Foto: (Asamblea Legislativa/Presidencia/Rafael Pacheco/Asamblea Legislativa/Presidencia/Rafael Pacheco.)
En las pesquisas sobre la banda de Madre Patria, liderada por dos españoles de apellidos Gómez y León, se mencionó que uno de los investigados tendría una reunión con un diputado, sin que en ese momento se identificara cuál era el legislador.
La organización contaba con 34 personas dedicadas a apoderarse de propiedades mediante operaciones fraudulentas y a lavar el dinero, obtenido con la venta de los bienes, invirtiendo en transporte público, criptomonedas y vehículos. El grupo habría contado con la ayuda de cinco policías de Tránsito, un funcionario del Consejo de Transporte Público (CTP) y cuatro funcionarios judiciales. A continuación, le contamos cómo un expediente “hijo” del Caso Madre Patria ahora toca a altos funcionarios.
Mediante escuchas telefónicas, el OIJ se dio cuenta de que el investigado por presunto lavado Jonathan Herrera González, administrador de la empresa de buses de Barrio San José de Alajuela, se había puesto en contacto con el diputado Leslye Bojorges León, quien le habría solicitado dinero como un “favor”.
Según la Policía Judicial, el empresario pidió el dinero en efectivo, luego de hacer gestiones con el viceministro de Transportes, Carlos Ávila, para que los empresarios no perdieran su ruta de autobús en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT). Bojorges dijo que él se comunicó varias veces con este funcionario para plantearle el caso y darle seguimiento. Dijo que este se comprometió a no interrumpir el servicio.
Según el análisis policial de una llamada hecha el 2 de noviembre del 2023, el congresista solicitó al autobusero la ayuda económica en favor de la entonces candidata a la alcaldía de San Ramón, Gabriela Jiménez Corrales, del PUSC.
Consultado por La Nación, Bojorges adujo que dos sospechosos le ofrecieron una ayuda sin decir de qué tipo. Añadió que él los redirigió con la entonces candidata. No obstante, el OIJ determinó que la comunicación interceptada es clara en dos cosas: primero, que la solicitud la hizo el diputado y segundo, en que el empresario dijo que el aporte lo haría en efectivo, para evitar el rastreo de transacciones bancarias.
2. Alcaldesa habría recogido personalmente el dinero en efectivo
Rodrigo Chaves respalda alcaldesa de San Ramón Rodrigo Chaves respaldó a la alcaldesa de San Ramón, Gabriela Jiménez, ante el Caso Richter. Imagen tomada en un acto público en noviembre del 2024. Foto: (Tomada de redes sociales /Tomada de redes sociales)
El dinero se le habría entregado personalmente a la alcaldesa de San Ramón, en el plantel de buses de Barrio San José. Gracias a una cámara de vigilancia de la Policía Municipal de Alajuela, el OIJ registró el momento en que Jiménez llegó por el “dinero ayudita”, en un vehículo Chevrolet Captiva, negro, sin placas metálicas, y con una calcomanía de la campaña con la frase: “Gaby Jiménez alcaldesa”.
La alcaldesa admitió que recibió una bolsa de dinero en efectivo, específicamente monedas, y alegó que eran menos de ¢100.000. También, dijo que ese dinero se reportó ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) como una donación para su campaña a la alcaldía ramonense, pero no existe registro alguno en el órgano electoral que sustente la afirmación de Gabriela Jiménez.
La alcaldesa recriminó a su copartidario Bojorges. Le achacó haber solicitado “ayuda a un amigo suyo” sin ella haberlo pedido, aunque las autoridades judiciales determinaron que ella efectivamente fue a recoger el dinero.
3. Presidente Chaves defiende a jerarcas y a la alcaldesa
El presidente de la República, Rodrigo Chaves, no solo defendió a los jerarcas del gobierno que aparecen mencionados en la investigación, sino también a la alcaldesa de San Ramón. El mandatario sostiene que no hay razones para destituir al viceministro de Transportes ni demás funcionarios de gobierno implicados en el caso.
“Que lo mencionen a uno en un caso no significa que uno esté implicado”, dijo. Alegó que el viceministro, la presidenta del IFAM, la directora de la DIE del MEP y la alcaldesa de San Ramón no son imputados. “Simplemente, lo que yo entiendo es que el diputado Bojorges los llamó para cosas que la Fiscalía está investigando como posibles delitos. ¿Por qué voy a quitar yo a Carlos Ávila?”, preguntó Chaves.
Durante la conferencia de prensa previa al Consejo de Gobierno, el miércoles, Chaves cuestionó, junto con el abogado Juan Diego Castro Fernández, la “violencia” de los agentes judiciales al secuestrarle el celular a Gabriela Jiménez, según ellos sin orden de un juez.
El director del OIJ, Randall Zúñiga, desmintió lo dicho por Rodrigo Chaves y enfatizó que el procedimiento se hizo con todas las autorizaciones requeridas. No obstante, el presidente repitió sus cuestionamientos el jueves, en el lobby del plenario legislativo, después de haber asistido a la sesión solemne de celebración del bicentenario del Congreso.
4. Grietas políticas en el PUSC
El remezón que generó esta investigación, una vez que Telenoticias dio a conocer que el fiscal general, Carlo Díaz, les secuestró los teléfonos a los cinco altos funcionarios, está dejando al descubierto amplias grietas políticas en el PUSC.
El diputado Leslye Bojorges, quien tiene aspiraciones presidenciales, aseguró que quien recibió la ayuda de los sospechosos es Gabriela Jiménez y, acto seguido, dijo que ella se “subió a la tarima” de su rival, Juan Carlos Hidalgo, precandidato presidencial del PUSC.
La alcaldesa, exjefa de despacho de la diputada Daniela Rojas, quien también apoya a Hidalgo, culpó al diputado de haber gestionado una ayuda que no se le requirió. Dijo que él la embarcó.
5. Otras jerarcas investigadas por derivación de Caso Madre Patria
En cuanto a las otras jerarcas investigadas, que son la presidenta del IFAM, Marlen Luna, y la directora de la DIE, Lourdes Sáurez, aún no se han podido conocer los alcances de su relación dentro de la investigación, generada a partir de las escuchas.
Esta investigación se divide en dos expedientes. Uno, sobre Bojorges, lo lleva la Fiscalía General por tratarse de un miembro de los supremos poderes. El otro versa sobre los otros funcionarios.
