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Judiciales

Juez de la República, cabecillas, abogados y notarios descontarán un año de prisión preventiva por el caso Madre Patria

A cinco oficiales, un funcionario del CTP y dos notarios les impusieron otras medidas cautelares ajenas a la prisión preventiva

Vista en el caso de crimen organizado Madre Patria
27 de junio del 2024. Tribunales de Justicia de San José. Primer circuito judicial. 08:00 hrs. En la sala de juicio número 1 de los tribunales de justicia se realizó la vista con los sospechosos del Caso Madre Patria. A este grupo organizado se le acusa de falsificación registral de propiedades de gran valor y la obtención ilícita de ganancias a partir de esos bienes. Dos ciudadanos españoles de apellidos León Muñoz y Gómez González se hacían pasar como empresarios de bienes raíces en Costa Rica y de esa forma, al parecer, encubrían una organización que en los últimos años concretó un millonario fraude registral. En la foto: La seguridad durante la vista fue notoria tanto fuera como dentro del recinto. Foto: Albert Marín para la Nación. Albert Marín
Yiren Altamirano Bolaños

Veinte personas, entre ellas un juez de la República, los presuntos cabecillas, abogados y notarios vinculados al megacaso “Madre Patria”, en el que se investiga a una red de fraude registral y lavado de dinero, descontarán un año de prisión preventiva mientras avanza el proceso judicial. Las medidas cautelares fueron impuestas por la jueza penal María José Solano Acuña.

La resolución, de la cual La Nación tiene copia, llegó a los defensores de los imputados en la madrugada de este martes, después de cinco días de concluida la audiencia de medidas cautelares. Esta audiencia se extendió por 10 días en la sala 1 del Primer Circuito Judicial de San José.

Entre los sospechosos que enfrentarán la prisión preventiva se encuentran los líderes del grupo, Unaí León Muñoz y Fernando Gómez González, ambos de nacionalidad española, así como sus esposas, García Núñez y Jiménez Arias. Según la investigación judicial, el grupo criminal obtenía terrenos de alta plusvalía mediante el fraude registral, y posteriormente los vendían a terceros inocentes, legitimando el dinero recaudado mediante inversiones en autobuses de transporte público, criptomonedas y vehículos de alta gama.

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