Dos ciudadanos españoles de apellidos León Muñoz y Gómez González se hacían pasar como empresarios de bienes raíces en Costa Rica y de esa forma, al parecer, encubrían una organización que en los últimos años concretó un millonario fraude registral que se conoce como Caso Madre Patria.
Según la investigación judicial, luego vendían los bienes inmuebles a terceros inocentes y legitimaron el dinero recaudado invirtiendo en autobuses de transporte público, criptomonedas y en la compra venta de vehículos de alta gama.
Estos sujetos conformaron un grupo de más de 40 personas, entre abogados, notarios, empleados judiciales, un juez y policías de tránsito, de los cuales 34 fueron detenidos este martes gracias a 47 allanamientos simultáneos en Alajuela, Heredia, Cartago, San José y Puntarenas.
Michael Soto, subdirector del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), detalló a La Nación que estos hombres tenían más de una década de residir en Costa Rica y no descartó que tuvieran “antecedentes por fraudes en su país de origen”.
De acuerdo con los registros migratorios, ambos hombres ingresaron por primera vez a Costa Rica en el 2012. Desde entonces León, ha salido del país en 12 ocasiones y González en cuatro. Durante ese periodo, consolidaron sus finanzas e hicieron trámites para regular su estatus migratorio y para ello contrajeron matrimonio con costarricenses. León “se encuentra en condición migratoria regular” y González “tiene un trámite de regularización migratoria”, según informó la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), ante consultas de este medio.
Randall Zúñiga, director del OIJ, explicó que la organización de estos sujetos utilizaba varias modalidades para cometer los fraudes. Una de las más comunes era la obtención de propiedades en desuso. “Se las robaban registralmente y después las vendían a otras personas”, comentó.
El jefe policial añadió que el grupo criminal se aprovechaba de la desafiliación de personas jurídicas de las sociedades por ley, estableciendo un liquidador para vender propiedades y bienes a nombre de esas sociedades, como fincas, vehículos y autobuses.
También mencionó que en la investigación pudieron seguirle el rastro 25 propiedades, pero durante la investigación descubrieron más de 100 bienes inmuebles que fueron robados. Además, en las conversaciones intervenidas, los sujetos mencionaron más de 300 propiedades obtenidas ilegalmente a través de estos métodos.
Casado con exmodelo y en casa robada
De acuerdo con la información del Registro de la Propiedad, León es dueño de tres fincas para construir en San Rafael y San Antonio de Escazú que juntas suman casi 7.300 metros cuadrados y un valor fiscal total de ¢663,5 millones.
En su perfil de Facebook, publicó que mantiene una relación sentimental con una exmodelo costarricense de apellidos Jiménez Arias.
Según el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), León y ella tuvieron hijas gemelas en el 2014 y ella se habría involucrado dentro de la organización. Según la investigación del OIJ, la pareja de León funcionaría como “testaferra en compra de propiedades y sociedades ‘fantasma’”.
Soto explicó que León vivía en una vivienda en San Rafael de Heredia, la cual habrían adquirido mediante un fraude registral.
“Esa casa tiene un litigio pendiente y es parte de la investigación, porque la persona que tenía el poder se murió, entonces la organización puso un suplantador. La puso a nombre de un testaferro de este grupo”, explicó Soto.
De acuerdo con el subdirector del OIJ, cuando los afectados del fraude se dieron cuenta, realizaron un litigio “por el uso de documento falso y un sucesorio, porque murió la persona que tenía el bien”. Esa vivienda contaba con piscina, habitaciones “muy lujosas”, rancho y cochera “gigantesca”.
Por su parte, Soto también señaló que Gómez González habitaba una casa en Belén de Heredia dentro de un condominio “bastante lujoso”. Este hombre se casó en dos ocasiones, la última en el 2015 con una mujer de apellidos García Núñez. En el caso Madre Patria ella “figura como testaferra en compra de propiedades y sociedades ‘fantasma’.
A la espera de medidas cautelares
A 24 horas de las capturas, el Ministerio Público confirmó que seis personas fueron indagadas y quedaron en libertad. Además solicitará medidas cautelares en contra de otras 30 personas, incluidos los cabecillas y sus compañeras sentimentales. La audiencia respectiva empezará este jueves 27 de junio a las 8 a. m.
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La Fiscalía Adjunta Especializada en Delincuencia Organizada (FAEDO) tomó la declaración a los imputados Solano Acosta, Castro Segura, Mora Badilla, Araya Cascante, Rubí Leiva y Corrales Murillo y “tras valorar su situación particular, determinó que, por ahora, pueden permanecer apegados al proceso, sin la necesidad de cumplir medidas cautelares”.
El caso corresponde al expediente 22-005018-0042-PE y a los imputados se les investiga por aparentes delitos de asociación ilícita, falsedad ideológica, estafa mayor, legitimación de capitales, cohecho (en modalidad de penalidad del corruptor) y procuración de impunidad.