Las intervenciones telefónicas realizadas a un juez de la República de apellido Venegas, investigado por sus posibles vínculos con una organización criminal dedicada al presunto fraude registral, en el Caso Madre Patria, evidencian que este funcionario público, de apellido Venegas, se autodenominaba “lavador de dinero”.
Según el informe del Organismo de Investigación Judicial 05-RCI-OECDO-2024, del 24 de abril, del cual La Nación tiene copia, el juez, presuntamente, prestaba sus empresas de outlets y transporte de mercadería para que el cabecilla de la organización, un español identificado como Fernando Gómez González, pudiera legitimar el dinero derivado de posibles fraudes.
En este trámite fungía como intermediario un abogado y notario de apellidos González Araya, aparente notario del grupo delincuencial. Precisamente, en una comunicación entre González y el juez Venegas, grabada el 30 de octubre del 2023 a la 1:10 p.m. el notario llama al juzgador y le dice:
– ¿Sí?, ¡trámites varios de lavado de dinero por favor!, y de inmediato el juez le responde:
– ¡Ese mismo!, ¡carep...!
“De la comunicación anterior se destaca que estos investigados mantienen conocimiento de la actividad ilícita desarrollada, ya que ellos se autoidentifican como ‘lavadores de dinero’. Así mismo, hacen énfasis que ese tema lo deben de dialogar por WhatsApp”, agrega el informe policial incorporado en el expediente penal 22-0050180042-PE.
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Los agentes judiciales sostienen que tanto González como el juez Venegas eran conscientes de la “actividad ilícita” desarrollada por Fernando Gómez y su organización, pues ambos temen verse involucrados y ligados a conflictos judiciales. Precisamente, en otra intervención telefónica, grabada el 24 de octubre del año pasado a las 5:13 p. m., González llama al juez y le dice:
– Juep... mae nos van a meter a la chirola (cárcel) mae, si seguimos hablando de ese español, mae.
– Juep... hablémonos solo por WhatsApp.
–Cuando hablemos de eso solo por WhatsApp, ¡no es paja!
De acuerdo con el informe policial, el juez Venegas, de 45 años y quien labora en el Poder Judicial desde 2001, participa en 22 sociedades anónimas, algunas de ellas dedicadas a la venta de artículos y ropa usada proveniente de Estados Unidos y en la compra de camiones de carga para el transporte de mercadería.
Presuntamente, agregan los investigadores, Venegas habría recibido dinero en efectivo de Fernando Gómez a través del notario González y luego hacía depósitos “hormiga” en sus cuentas bancarias y ese flujo se podía justificar como parte de sus ingresos por las ventas de ropa usada o transporte de carga.
Además, si el dinero recibido era en dólares, se utilizaba para hacer pagos a terceros y así no tener que justificar su procedencia.
Pese a esta dinámica, en febrero del 2024 el juez externó en una llamada telefónica su preocupación porque a partir de abril las entidades financieras iban a solicitar una justificación de los depósitos en dólares.
Acotan los agentes que tanto su salario como juez y los ingresos de sus negocios son en moneda costarricense, así que los giros de Gómez en dólares iban a causarle conflictos a Venegas.
Elevado patrimonio
En las siguientes intervenciones telefónicas, los agentes resaltan detalles sobre el elevado patrimonio de este juez penal, que se desempeña en el Tercer Circuito Judicial de San José. El juzgador se refiere a la compra de camiones, carretas, pick-ups en el 2023 y la pretensión de adquirir propiedades en Cóbano y Liberia. En una de esas conversaciones, Venegas sugiere que los activos de sus compañías superan los $10 millones.
En dos de esas llamadas, en noviembre y diciembre del año pasado, se confirma la adquisición de un vehículo Range Rover, encargado con características especiales por un monto superior a los $200.000 (¢104 millones). En la llamada del 15 de diciembre, un funcionario bancario se comunica con el juez para confirmar una transferencia de $132.000.
Entre noviembre y diciembre del 2023 se consignan intervenciones telefónicas en las que se sugiere que Venegas recibió dineros en efectivo, por montos de ¢10 millones, ¢12 millones y ¢19 millones cuyo origen no queda claro. Por ejemplo, en el giro de ¢12 millones, el juez manifiesta por teléfono que depositará primero ¢5 millones y el resto “después”.
“Esta modalidad empleada por el investigado le permitiría, ante eventual consulta de alguna una entidad, justificar que el dinero proviene de las ganancias diarias de sus representadas. Sin embargo, se nota en las comunicaciones que el dinero tiene un origen distinto a la actividad comercial de sus representadas”, agrega el OIJ.
Reuniones con el cabecilla y asesorías al grupo criminal
El OIJ dedica cerca de 100 páginas para referirse a los posibles vínculos del juez Venegas con el grupo dedicado a presuntas estafas, fraude registral y legitimación de capitales y que fue desarticulado el martes anterior, luego de 47 allanamientos en Alajuela, Heredia, Cartago, San José y Puntarenas.
Las escuchas telefónicas sugieren que el juzgador “estaría aprovechando su conocimiento, brindando asesorías legales, en temas penales a la organización criminal”. Los agentes manifiestan que son frecuentes las visitas del notario González a la casa del juez, “para que entre ambos planeen, redacten e impriman documentos correspondientes a defensa en los hechos penales acusados a la organización, donde figuran como imputados los miembros de este grupo, como Fernando Gómez y su esposa Karina García”, agrega el informe.
Gracias a los seguimientos y vigilancias también se confirmó que el juez se reunió en tres ocasiones con el presunto cabecilla de la banda, el 27 de octubre del 2023, el 4 de enero del 2024 y el pasado 23 de febrero. Los encuentros se realizaron en un restaurante en San Rafael de Alajuela, en un hotel en San Antonio de Belén y en el outlet del juez, en San Rafael. En todos participó el notario González Araya.
Por este asunto, 36 personas, entre ellas dos ciudadanos españoles, cabecillas de la organización, abogados, notarios, policías de tránsito, el juez penal y tres funcionarios judiciales más fueron detenidos el martes.
Once de los sospechosos quedaron en libertad, sujetos al proceso penal, y los otros 25 están a la espera de que concluya la audiencia de medidas cautelares. A todos se les investiga por asociación ilícita, falsedad ideológica, estafa mayor, legitimación de capitales, cohecho (en modalidad de penalidad del corruptor) y procuración de impunidad.
Adultos mayores extranjeros, que no vivían en Costa Rica, eran las víctimas predilectas de esta banda, que se aprovechaba de que sus víctimas no estaban en nuestro país para suplantarlas y luego vender e hipotecar sus propiedades.
Luego legitimaban el dinero en servicios de transporte público, criptomonedas y en la compraventa de vehículos de alta gama.