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Los diputados cerraron un año de intensos debates, el jueves pasado, con un nuevo zafarrancho entre las fracciones de la oposición y los chavistas del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), originado en una decisión del Poder Ejecutivo que puso de cabeza la última sesión del plenario de la Asamblea Legislativa.
Inusualmente, la sesión empezó con normalidad, es decir, con el cuórum suficiente para realizarse, a diferencia de otros jueves en los que no se lograba que llegaran 38 congresistas a trabajar, o bien se lograba, pero pronto había rupturas que impedían continuar.
Como acuerdo de los seis jefes de las fracciones políticas, incluyendo a la vocera chavista del PPSD, Pilar Cisneros, se había planteado una agenda con tres proyectos de ley, dos de ellos para votar en segundo debate y uno más para hacerle una modificación y permitir su avance.
Esos expedientes eran el 24.816, Aprobación del Tratado de Asistencia Judicial en Materia Penal entre la República de Costa Rica y la República Oriental del Uruguay, y el 24.857, Aprobación del Tratado entre la República de Costa Rica y la República de El Salvador para el cumplimiento de condenas penales en el extranjero, así como una reforma a la Ley contra la trata de personas, que solo avanzaría.
Sin embargo, a los 40 minutos, llegó una desconvocatoria de 52 proyectos de ley que frenó el avance del acuerdo que habían establecido los diputados y eso cayó como un balde de agua fría entre varias fracciones de la oposición y los congresistas independientes.
De hecho, los voceros de Liberación Nacional (PLN), Óscar Izquierdo; la Unidad Social Cristiana (PUSC), Alejandro Pacheco, y del Frente Amplio (FA), Rocío Alfaro, señalaron que existía una moción con las seis firmas y una agenda pactada.
Los tres voceros acusaron a la Casa Presidencial de manejar con una actitud altanera e irrespetuosa la agenda del Congreso, poniendo trabas a los proyectos que el mismo gobierno es quien ha puesto en trámite.
Precisamente, desde el 1.º de noviembre, es el Poder Ejecutivo el que tiene el control de la agenda del Congreso, durante un periodo de tres meses, pero esta vez lo ha hecho con absoluta ausencia de negociación.
Ya se cumple casi un año desde que Rodrigo Chaves decidió no asignar un ministro de la Presidencia; además Zapote solo ha convocado proyectos de ley de los diputados que votaron en contra del levantamiento de su inmunidad, el 22 de setiembre, para la acusación judicial del caso BCIE-Cariñitos, por el presunto delito de concusión.
La acción de la Presidencia de la República de entorpecer el acuerdo que, supuestamente, tenía apoyo de Pilar Cisneros, fue la mecha que encendió la llama del zafarrancho al que los diputados terminaron dedicando dos horas y media de la última sesión de este 2025.
La primera que reclamó fue la independiente Kattia Cambronero, seguida por Antonio Ortega, del FA, y el jefe socialcristiano, Alejandro Pacheco.
Vanessa Castro, presidenta a. í. de la Asamblea, también reconoció que la desconvocatoria de 52 proyectos presentada por Chaves generó nuevas conversaciones y entorpeció la ruta de trabajo antes prevista.
El también frenteamplista Jonathan Acuña reconoció que bien puede el Ejecutivo tomar decisiones sobre los proyectos en agenda, pero consideró “rarísimo” que dinamiten el avance en segundo debate de dos proyectos que son iniciativa del Ejecutivo y que es Zapote el que los puso en agenda.
“Lo que está pasando es sorprendente. Esta moción estaba firmada por todos los jefes, todos estábamos de acuerdo. Esto es burlarse de la gente, o ¿será una cortina de humo por lo que pasó en la Comisión de Gasto Público?“, dijo el jefe de Liberación.
Más temprano el jueves, el exgerente general del Instituto Nacional de Seguros (INS), Luis Fernando Monge, denunció la presunta intención del gobierno de manipular los aumentos salariales en la institución con fines electorales, así como las presiones del exasesor presidencial Federico Choreco Cruz para que el INS aceptara el ingreso de $10 millones que el exgerente consideró sospechosos.
Presidenta denuncia frase de Cisneros: ‘Todo en esta vida se paga’
En medio del debate por el freno de la agenda, la presidenta Vanessa Castro hizo un llamado público desde la mesa del Directorio a Pilar Cisneros para que se abstuviera de comentarios como el de una frase que escucharon los presentes: “Todo en esta vida se paga”.
Castro le instó a que no le volviera a decir ese tipo de comentarios, y enfatizó que ella no había irrespetado a la jefa chavista en el uso de la palabra, pues el enojo de Cisneros se debía a que se puso en lista después de que la presidenta había anunciado que no daría más la palabra y reclamó que no le estaban dando oportunidad al oficialismo.
“No he hecho nada diferente al trato del resto. Me parece que es un asunto de respeto. Acá lo hemos escuchado. Como presidenta, le solicito que ese tipo de observaciones no se haga, no corresponde”, dijo Castro.
En tono irónico, Cisneros le dijo a Vanessa Castro que ella tenía oídos biónicos y dijo que lamentaba no tenerlos para “escuchar las groserías, improperios y los insultos que nos dan de este lado”, dijo la chavista, en referencia a la fracción del PLN.
En cuanto a la agenda, Cisneros adujo que al chavismo le interesaba avanzar y a las demás fracciones legislativas no.
“En extraordinarias, es el Ejecutivo el que pone la agenda, no ustedes. ¿A cuenta de qué ustedes deciden todo el año qué se ve y qué no se ve? Esa es la democracia en que creen ustedes", dijo Cisneros, sin explicar por qué ella había firmado una agenda que luego se frenó.
